Tarifa real, servicio eficiente

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Sobre el blog

Andrés Martínez
Doctor por la Universidad de Alicante (PhD). Tesis en Gestión del Agua y gobiernos locales del Ecuador. #WaterLaw #Watergovernance #LocalGovernment
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Según lo determina la Constitución del Ecuador (2008), es competencia de los gobiernos autónomos municipales la prestación del servicio público de agua potable (art. 264, # 4), no obstante el Estado será el responsable de la provisión de los servicios públicos, y garantizará que estos respondan a principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

Para cumplir con los principios citados, se presentan una serie de problemas, entre ellos en las últimas décadas se ha evidenciado la inconsistencia en el cobro de tarifas por el servicio de agua potable en algunos municipios del Ecuador, lo cual parece explicarse a través de la injerencia que tiene la política clientelar sobre las decisiones técnicas.

Muestra de ello es el excesivo subsidio y congelamiento en éstas, pese a que económicamente se demuestre que los valores que se cobran no corresponden a la realidad, solapando de esta manera intereses electoreros por temor a perder un electorado cautivo, ya que durante años muchas municipalidades no han elevado las tarifas.

En el mediano plazo, éste tipo de práctica produce dos efectos altamente negativos para las empresas públicas que se encargan de la gestión del agua:

  • a) en primer lugar, el no cubrir los costos de la gestión del servicio, obliga a la Empresa a incurrir en un déficit, o en su defecto, financiar dichas pérdidas mermando la calidad en la prestación del servicio; y,
  • b) en segundo lugar, con la decisión “política” de no aclarar o transparentar las cuentas y actualizar las tarifas, tan sólo se dilatará la decisión final de elevarlas, siendo a largo plazo mucho más negativo, pues el “tarifazo” final será más lapidario y un golpe más fuerte para la economía de los ciudadanos.

En el caso ecuatoriano, fue noticia en el primer semestre de 2015, la decisión de la Empresa Pública Municipal de Cuenca, ETAPA, de elevar las tarifas de agua potable y saneamiento, lo cual trajo un inmediato rechazo por parte de la ciudadanía, pues habían pasado más de una década sin que el pliego tarifario se actualice.

En ese momento, vale la pena reconocer el hábil tratamiento político y comunicacional que se hizo del incremento de las tarifas, pues el 50% de la subida de la tarifa se dilató 180 días, así como se dio un tratamiento especial para las personas con discapacidad y adultos mayores.

Sin embargo, con la decisión del Directorio de la Empresa en 2015, el incremento de la tarifa se realiza de conformidad con la inflación anual, que en este caso fue de 1,06% (2016), pese a ello aún preocupa que según lo reconoció la propia empresa a un medio de comunicación, que: “…la tarifa básica asciende a 41 centavos por metro cúbico de agua, valor menor al costo real de producción que es de 66 centavos de dólar por metro cúbico”.

En mi opinión, la elaboración de pliegos tarifarios con cifras transparentes permite no sólo recuperar los costos reales de producción, sino que deja un margen adicional para la mejora e inversión de las infraestructuras, y además, facilita garantizar la sostenibilidad financiera de las Empresas prestadoras del servicio de agua potable, pese a ello la toma de éstas decisiones no siempre son electoralmente correctas.

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