Tutela del derecho al agua potable en Colombia

269
1

Sobre el blog

Andrés Martínez
Doctor por la Universidad de Alicante (PhD). Tesis en Gestión del Agua y gobiernos locales del Ecuador. #WaterLaw #Watergovernance #LocalGovernment
  • Tutela derecho al agua potable Colombia

A nivel sudamericano, durante las últimas décadas los fallos de la Corte Constitucional de Colombia (CC) han marcado un importante referente en el desarrollo del Derecho Constitucional, véase así el caso del ex presidente Carlos Gaviria Díaz (1937-2015), quien gracias a sus tesis progresistas e innovadoras abrieron una senda en el desarrollo de los derechos humanos.

En el año 2011, a través de sentencia T-740/11, la CC falló de manera histórica en la tutela efectiva del derecho del agua potable, en favor de una ciudadana de Antioquia, en contra de la suspensión del servicio de agua potable por parte de la Junta Administradora del Acueducto Juan XXIII, dictamen en la que se estudió de manera clara el concepto y fundamento del derecho al agua, así como se hizo uso de la normativa internacional y del derecho comparado, para tutelar este importante derecho.

Con fecha 8 de/02/2016, (Sentencia T-034/16) la CC se pronuncia nuevamente frente a un caso de tutela del derecho al agua potable, a favor de Diana Elena Sánchez Martínez, a quien se le suspendió el servicio de agua potable por parte de la Empresa de Servicios Público de Valledupar, EMDUPAR S.A. – ESP, por adeudar más de dos facturas del servicio. Sin percatarse la empresa que la señora Sánchez Martínez, tiene a su cargo 2 adultos mayores, y 4 menores de edad, colectivos que se tratan de sujetos de especial protección constitucional.

La acción utilizada fue la de tutela, la cual según lo dispone la Constitución Colombiana (art. 86), busca la “protección inmediata de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública…” (En este caso la suspensión del servicio de agua).

En el análisis realizado por la Corte se determina que, si bien es cierto la suspensión del servicio público se encuentra autorizada por el Estado, la misma no puede ser absoluta, ya que si bien es cierto el servicio público es oneroso (pagar la factura), ello no implica que no se respete la dignidad de los seres humanos (menores y adultos).

Por ello, la CC a través de Sentencia T-717 de 2010, estableció al menos 2 requisitos que deben mediar para no suspender el servicio de agua potable:

  • a) que la suspensión ponga en riesgo los derechos fundamentales de los habitantes del inmueble, al no poder acceder al agua; y,
  • b) que el incumplimiento de pago sea involuntario (falta de capacidad económica).

El hito del fallo de 2016 es que la Corte calculó el “derecho al acceso mínimo vital” de agua, estableciéndolo en: 50 litros diarios por individuo.

En el caso analizado, al verificarse el cumplimiento de los requisitos determinados por la CC, ésta en su fallo mandó a:

  • i) la reconexión del servicio por parte de la Empresa, pero con un “reductor de flujo” que garantice el mínimo vital;
  • ii) la realización de un acuerdo de pago de la deuda entre la accionante y la Empresa; y,
  • iii) la obligación de la accionante de suscribir el acuerdo, so pena de perder la protección brindada en la sentencia.

El sano juicio de la Corte Constitucional de Colombia demuestra que la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, no son reñidas de la protección y garantía de los derechos humanos (agua potable).

Comentarios