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Réplica al artículo “Mitos y realidades sobre el Trasvase Tajo-Segura”

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  • Réplica al artículo “Mitos y realidades Trasvase Tajo-Segura”

Sobre el blog

Antonio Luengo
Director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

En su artículo “Mitos y realidades sobre el Trasvase Tajo-Segura”, publicado en iAgua el 9 de diciembre pasado, el Dr. Ingeniero Mariano Soto García intenta desmontar uno a uno los argumentos que, en su opinión, se esgrimen habitualmente en contra de esta controvertida infraestructura.

Según Soto, las motivaciones territoriales y medioambientales en contra del trasvase enfervorizan el debate y llevan a defender lo que el autor considera que son “argumentos injustificados”.

En primer lugar, frente al argumento de que no están garantizados todos los suministros de la cuenca cedente,  Soto cita el Real Decreto 773/2014, según el cual los desembalses servirán para la adecuada satisfacción de las necesidades ambientales y socioeconómicas de la cuenca cedente. El RD fija estas necesidades en 365 hm3 anuales, volumen considerado como máximo desembalsable. Con esto “se garantizan en todo momento las demandas de la cuenca del Tajo”, según el autor del artículo.

Conviene recordar a este respecto que las demandas ambientales de la cuenca del Tajo no se han calculado. El Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado hace ahora un año, no calcula caudales ecológicos en las masas de agua afectadas por el trasvase. Tan sólo fija unos caudales mínimos de 6 m3/s en Aranjuez, 10 m3/s en Toledo y 10 m3/s en Talavera. Caudales éstos fijados, repetimos, sin base ambiental alguna.

La razón por la que no se calculan caudales ambientales en el Tajo medio es muy simple: si se calcularan y aplicaran, los trasvases se verían drásticamente reducidos. Véase al respecto el borrador de Plan Hidrológico del Tajo de septiembre de 2011, o el Esquema de Temas Importantes correspondiente al ciclo de planificación 2009-2015, que establecía caudales mínimos en Aranjuez de entre 10,5 y 11,34 m3/s, variables según la época del año.

La propia Confederación Hidrográfica del Tajo, en su Informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas en la consulta pública de la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo del ciclo de planificación 2015-2021, reconoce que “en este ciclo de planificación no se han fijado caudales ecológicos en el río Tajo, sin perjuicio de que se refleje su caracterización en el Anejo 5 de la Memoria”.

Por estas y otras razones, cuando Soto dice que “la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo es independiente al trasvase Tajo-Segura”, no podemos estar más en desacuerdo. Hasta tal punto depende del trasvase la gestión del río, que el Plan aprobado considera al ATS un condicionante externo a la planificación, lo que impide, de facto, a la Confederación superar el desembalse anual máximo fijado en el Real Decreto 773/2014. Como reconoce la propia CH del Tajo, esta limitación es ya de por sí una cuestión “excepcional en las cuencas españolas”. En resumen, la gestión de la cuenca no sólo no es independiente del trasvase, sino que está plenamente supeditada a él.

Como no quiero extenderme, no voy a entrar a fondo en la cuestión de las existencias mínimas no desembalsables de 400 hm3. Sólo mencionaré un par de datos al respecto: 1) dichas existencias representan tan sólo el 16% de los casi 2.500 hm3 de capacidad de los embalses de cabecera; y 2) aún no están en vigor, en contra del propio criterio de la Confederación, expresado en su nota de prensa fechada el 8 de marzo de 2014. En resumen: de independencia de gestión, nada de nada.

El Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado hace ahora un año, no calcula caudales ecológicos en las masas de agua afectadas por el trasvase

El siguiente argumento que a juicio de Soto se suele esgrimir y él trata de refutar, a saber: el caudal actual no cumple con el mínimo exigido por la ley, sencillamente no existe como tal argumento. Los detractores del trasvase no dicen que el caudal mínimo no cumpla con la ley. Lo que vienen a decir es justo lo contrario: que la ley no cumple con los caudales que debieran considerarse mínimos - caudales ecológicos que permitieran mantener el río en buenas condiciones-. Los gráficos que acompaña Soto en su refutación sólo vienen a confirmar lo anterior. Los caudales en el río siempre están frisando los límites legales establecidos. En verano, cuando son mayores en Aranjuez, se sitúan cerca del límite en Toledo y Talavera. Y en invierno, cuando en estas dos ciudades circula más agua, el caudal en Aranjuez se acerca mucho al límite legal establecido. En pocas palabras, el río carece completamente de un régimen asimilable al natural. Simplemente se ajusta su caudal en cada momento para cumplir los mínimos legales en los tres puntos definidos. Mínimos que, como hemos dicho, no tienen base ambiental alguna.

Frente al siguiente argumento de que el río no desemboca en el Atlántico, sino en el Mediterráneo, y dando implícitamente por entendida la figura retórica que trata de ilustrar la importancia, cuantitativa y cualitativa, de los volúmenes trasvasados, Soto alega que tan sólo el 4% de los más de 8.000 hm3 de aportaciones que recibe el Tajo en su parte española se trasvasan, en promedio, desde la entrada en funcionamiento del trasvase. Podría parecer que, en efecto, un 4 % no es mucho. Y quizá no lo fuera si el trasvase naciera, por ejemplo, en el embalse de Alcántara, cientos de kilómetros aguas abajo; o mejor aún, si cambiáramos de cuenca y el trasvase naciera en el bajo Ebro, río cuyas aportaciones casi doblan las del Tajo.

Pero no es así. El trasvase nace en Bolarque, y la media de aportaciones del Tajo en Bolarque desde el año 1981, según los datos que ofrece el propio autor, es de 758 hm3. Por lo tanto, el promedio de los volúmenes trasvasados, aunque sólo represente el 4% de las aportaciones totales, equivale al 45 % de las aportaciones de cabecera. Casi la mitad del agua que llega a los embalses de cabecera del Tajo se trasvasa a la cuenca del Segura.

El trasvase transporta un caudal medio histórico de 11 m3/s. En el momento en que escribo este artículo, el Tajo en Almoguera, tras la toma de Bolarque, transporta 6,9 m3/s, caudal que apenas ha variado en las últimas semanas. En Higares, tras la incorporación del Jarama, ya lleva 32 m3/s, casi cinco veces más; y en este mismo punto hace unas semanas llevaba 46 m3/s. Esta recuperación cuantitativa tiene un coste elevado desde el punto de vista cualitativo. El Jarama, que recoge las aguas residuales de Madrid y su área metropolitana, aporta caudal pero también contaminación.

Las tarifas aprobadas, que calcula periódicamente la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y que están a fecha de hoy pendientes de actualización, se aplican incorrectamente desde el principio del trasvase

Por tanto, el Tajo no desemboca en el Mediterráneo, como es obvio. Pero las aguas limpias de su cabecera se dirigen en mayor medida al levante que al poniente.

Pasamos al argumento “El agua se les está regalando a los regantes del Levante”, frente al cual el autor dice que los gastos de funcionamientos, fijos y variables se recuperan totalmente, salvo en períodos declarados de sequía. También dice que se ha recuperado el 60% del coste de las obras, “no habiéndose amortizado éstas completamente porque se ha trasvasado de media un 56% del máximo permitido”.

Este tema de las tarifas del trasvase es especialmente gravoso para los intereses de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, que son las destinatarias de los fondos que se recaudan en concepto de aportación al coste de las obras (la parte A de la tarifa). Y lo es porque las tarifas aprobadas, que calcula periódicamente la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y que están a fecha de hoy pendientes de actualización, se aplican incorrectamente desde el principio del trasvase.

Concretamente, se incumple lo establecido en el artículo 7 de la ley 52/1980, según el cual la parte A de la tarifa, destinada a recaudar la aportación al coste de las obras, se ha de aplicar a las dotaciones concesionales o comprometidas. Éstas son siempre mayores que las dotaciones realmente consumidas, debido a que nunca se han podido trasvasar, ni por tanto consumir, los volúmenes previstos inicialmente. La diferencia no es baladí, si tenemos en cuenta que estaba inicialmente previsto trasvasar 600 hm3 anuales y se han trasvasado 335 hm3 como promedio, prácticamente la mitad de lo previsto. La incorrecta aplicación de las tarifas conlleva una reducción del mismo orden de magnitud en el importe recaudado y destinado a las comunidades autónomas citadas.

La otra consecuencia de lo anterior es que el importe amortizado por los usuarios del trasvase es muy inferior al que debería ser. Desde luego, no se ha amortizado el 60 % del coste de las obras, como dice el autor, sino un porcentaje que, en octubre de 2014, fecha de la última propuesta de tarifas de la que tenemos constancia, era del 36 %. Tampoco es cierto que el motivo de esta menor amortización sea que se ha trasvasado de media un 56 % del máximo permitido, como dice el artículo. La causa de la menor recaudación, y por ende menor amortización, se encuentra, como acabamos de apuntar, en una incorrecta aplicación de las tarifas.

En cuanto a otro tipo de subvenciones, y por no extenderme demasiado, me remito a Enrique San Martín, en su tesis doctoral, del año 2011, “Un análisis económico de los trasvases de agua intercuencas: el trasvase Tajo-Segura”, y a María Soledad Gallego Bernad, en su trabajo “Los costes del agua trasvasada del Tajo frente a la desalación”, de marzo de 2012. Estos autores citan en sus respectivos trabajos a otros, como Melgarejo, Esteban, Gonzálvez, etc, que también han estudiado el trasvase desde diferentes enfoques. Tan sólo extraeré un par de datos.

San Martín expone que la realización del trasvase exigió cuatro grandes grupos de inversiones: pretrasvase, acueducto, postrasvase y las inversiones agrarias. Sin embargo, las tarifas sólo consideran el acueducto y el postrasvase. El pretrasvase, con los embalses de Entrepeñas y Buendía al frente, y las inversiones preparatorias para la transformación en regadío, se han quedado fuera del cálculo de las tarifas, a pesar de que representan una inversión similar a las del acueducto y postrasvase.   

La causa de la menor recaudación, y por ende menor amortización, se encuentra en una incorrecta aplicación de las tarifas

Gallego trata en su estudio, entre otras cuestiones, las indemnizaciones recibidas por las eléctricas en razón del trasvase por los volúmenes no turbinados. Estos importes no se repercuten en las tarifas, siendo por tanto abonados por el erario público.

A propósito de escritos y otras aportaciones sobre el trasvase, es muy recomendable la lectura del artículo de Antonio Lamela en estas mismas páginas de iAgua del pasado 28/04/2016.

El siguiente argumento que trata de rebatir Soto es el relativo a la vinculación que se hace del trasvase con los problemas de desabastecimiento que sufren algunos municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Continúa el autor subrayando el importe que las comunidades autónomas han recibido en concepto de compensaciones por el trasvase y preguntándose si ese dinero se ha destinado a corregir la falta de infraestructuras de que adolecen estos pueblos.

En relación con este asunto, hay varias matizaciones que hacer. La primera es que la ejecución de las actuaciones en materia de infraestructuras de abastecimiento destinadas a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía corresponde al MAPAMA, conforme al  convenio firmado en abril de 2007 entre el entonces Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la Asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Estas actuaciones van con retraso, y el año pasado se firmó una adenda al convenio al objeto de reprogramarlas. Su finalización está prevista para 2018.

En cuanto a las compensaciones que recibe la comunidad de Castilla-La Mancha por el ATS, la cifra asciende a fecha de hoy a 124 millones de euros, cantidad ésta muy inferior a la invertida por la Comunidad Autónoma. Tan sólo en el ciclo del agua, las inversiones en infraestructuras realizadas por la Junta de Comunidades en la cuenca del Tajo y en las provincias de tránsito del ATS multiplican por más de cinco dicha cifra.

Por otra parte, algunos de los pueblos a los que nos referimos tienen (o más bien tenían) sus tomas de agua en los embalses. Digo tenían porque como éstos se suelen encontrar en niveles críticos, la lámina de agua se ha retraído tanto que las tomas hace mucho que no flotan sobre en el agua sino que se apoyan en el barro. El problema de disminución de aportaciones, como consecuencia del cambio climático, influye en esta “desecación” de los embalses de cabecera. Pero también es obvio que sin el trasvase los embalses tendrían mucha más agua, el nivel de la lámina aumentaría, y estos municipios tendrían menos problemas para abastecerse. Tampoco conviene olvidar que la construcción de estos grandes embalses despojó a sus pueblos ribereños de sus mejores tierras con la promesa de un “Mar de Castilla”, que traería riqueza y prosperidad. Cuarenta años después, estos pueblos carecen de esas tierras, y también de agua.

El último argumento que impugna Soto es el que dice que la contaminación del Tajo se debe al escaso caudal del río por culpa de los trasvases. Hace mención al respecto a un informe reciente del SEPRONA que investigaba el origen de las espumas aparecidas en el río a su paso por Toledo. Según el informe, el aumento brusco de caudal pudiera haber sido el desencadenante en la aparición de las espumas, aunque no se descarta la posibilidad de que se hubiera producido algún vertido puntual sin depurar. Concluye Soto que lo que procede para evitar estos episodios es mejorar la depuración de las aguas que vierten al río y perseguir las conductas delictivas de aquellos que vierten las aguas sin depurarlas adecuadamente, “más que tratar de lograr una mayor dilución”. 

Seguir diciendo que las demandas de la cuenca cedente están perfectamente cubiertas y que el trasvase no la afecta ni ambiental ni socioeconómicamente, a fin tan sólo de mantener el statu quo, no va a resolver el problema

Por supuesto que hay que mejorar la depuración de nuestras aguas residuales, tanto cuantitativa como cualitativamente. Es necesario lograr un 100% de aguas residuales correctamente tratadas. Al igual que lo es tener unas riberas libres de contaminación. (Por desgracia, ninguna de estas condiciones se da actualmente. Faltan compromisos e inversiones por parte de las Administraciones competentes, sobre todo en estos últimos años de crisis; y, antes que nada, falta conciencia cívica).

Pero tampoco hay que olvidar la autodepuración. Se necesitan crecidas en el río. No me refiero a avenidas catastróficas, que los embalses actuales pueden laminar con facilidad. Me estoy refiriendo al régimen natural de un río, con sus crecidas en invierno y sus estiajes en verano. Justo lo que no pasa en el Tajo medio. 

Así evitaremos episodios de espumas en el río como los vistos recientemente. Estampas repugnantes en una ciudad nombrada Patrimonio de la Humanidad. Imágenes que se repiten desde hace más de 40 años y que, por lo visto, estamos condenados a seguir viendo.

Mariano Soto intenta poner racionalidad en un debate a veces enfervorizado, lo cual es de agradecer. Pero para ello hay que empezar poniéndose siempre en el lugar del otro, interiorizar el argumento del oponente. El trasvase ha generado y genera miles de millones de euros y decenas de miles de puestos de trabajo en las regiones que reciben el agua. Es necesario encontrar alternativas viables que permitan mantener, incluso acrecentar, esta riqueza de forma sostenible. Pero lo que no podemos hacer es obviar o minimizar los daños medioambientales y socioeconómicos que el trasvase ha producido y sigue produciendo en la cuenca cedente.

Cuando se construyeron los embalses en la cabecera del Tajo, las aportaciones anuales que recibían rondaban los 2.000 hm3. Si esa fuera la situación actual el debate sobre el trasvase probablemente no existiría, porque habría agua más que suficiente para cubrir las demandas de ambas cuencas. Pero desgraciadamente no es así. Las aportaciones medias de los últimos 30 años son del orden de un tercio de las que fueron en su día.  

Castilla-La Mancha es una región seca y la cuenca alta del Tajo no es excedentaria ni en los 600 hm3 anuales previstos en su día, ni tampoco en los 335 hm3 que se han trasvasado como promedio. Y, al paso que vamos, con años cada vez más secos y más cálidos, las perspectivas no ya sólo para el trasvase, sino para la propia cuenca, son muy preocupantes y exigen un planteamiento completamente nuevo en la asignación de recursos.

Seguir diciendo que las demandas de la cuenca cedente están perfectamente cubiertas y que el trasvase no la afecta ni ambiental ni socioeconómicamente, a fin tan sólo de mantener el statu quo, no va a resolver el problema. Para comprobar estas obviedades no hace falta ni siquiera recurrir a estudios detallados y análisis de demandas. Sólo hace falta darse una vuelta por las cuencas alta y media del río y por los pueblos y ciudades que recorre a su paso.