Agua, empleo y derecho

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Según la estrategia española de I+D+i del sector del agua, la industria del agua de nuestro país factura más de 23.000 millones de euros anuales y emplea a unos 167.000 trabajadores. Constituye, por tanto, un sector dinámico, que ofrece soluciones y productos tecnológicos destinados a cubrir distintas necesidades y demandas relacionadas con el ciclo integral del agua, en cualquier parte del mundo. De ahí que cuente con gran proyección y prestigio, debido a su empleabilidad, su alta innovación, su elevada internacionalización, etc. Desde este punto de vista, la “Marca Agua España” es uno de los motores económicos y de crecimiento, y una de las principales líneas estratégicas de la “Marca España”.

El carácter demanial del agua requiere, sin embargo, de un marco de regulación estable que garantice su uso público. En este sentido, España ocupa una posición de liderazgo en el know-how de la gestión del agua, tanto a nivel jurídico, por la forma de organización administrativa y el desarrollo de principios clave como los de unidad de cuenca, unidad de gestión, planificación hidrológica, dominio público hidráulico y participación pública; como a nivel técnico, por las dificultades orográficas y de gestión de un recurso escaso e irregular como es el agua en nuestra geografía. Ello ha obligado al desarrollo de infraestructuras y tecnologías que han permitido alcanzar un alto aprovechamiento de aguas reguladas y no convencionales.

El Derecho es una materia sumamente compleja que resulta fundamental en la gestión y utilización del recurso

Culminada, en parte, la fase de regulación hídrica, se hace necesario contar con profesionales que tengan una visión trasversal del agua, como bien y como recurso. En lo que ahora respecta, es importante que esa visión trasversal incluya una formación jurídica especializada (sin que, quienes la tengan, sean necesariamente juristas), pues el Derecho es una materia sumamente compleja que resulta fundamental en la gestión y utilización del recurso. De esta forma, los profesionales del sector deben estar al tanto de las cuestiones que afectan a la planificación hidrológica, al dominio público hidráulico y a la Administración pública del agua; del funcionamiento jurídico de los servicios que se integran en el “ciclo integral del agua”; de las reglas de contratación pública; del régimen de concesiones y de los mercados del agua; así como de lo que pasa con otros sectores que tienen indudable relación con el agua (energía, turismo, espacios protegidos, urbanismo, riesgos naturales, agricultura, etc.). Igualmente, deben manejar los principios económicos-financieros de la gestión del agua y de la recuperación de costes; los riesgos ambientales asociados a la pérdida del estado ecológico y de la calidad de las aguas, etc.

Desde esta perspectiva, el saber jurídico ofrece una posición de privilegio para lograr un primer empleo o mejorar aquel del que ya se disfruta, por la escalabilidad de puestos de trabajo que presentan las empresas del sector; siendo, además, una formación muy demandada allende nuestras fronteras. La combinación “Derecho-agua”, es ideal para recién egresados, abogados, prácticos jurídicos, ingenieros, funcionarios, expertos vinculados a empresas y ONGs, emprendedores, peritos, economistas, consultores, periodistas, geógrafos, etc.

Con todo, el profesional especializado podrá:

  • Ascender en su puesto de trabajo.
  • Prestar asesoramiento en trabajos de consultoría para empresas y Administraciones públicas.
  • Redactar informes jurídicos y dictámenes especializados.
  • Tramitar procedimientos administrativos, solicitar licitaciones públicas, participar en concursos públicos.

  • Colaborar en la elaboración de planes hidrológicos.

  • Impartir docencia en foros especializados.
Escribir en revistas científicas especializadas.


En definitiva, este conocimiento jurídico constituye el complemento perfecto a la oferta formativa (másteres y cursos de postgrado) que las Universidades y empresas tecnológicas ofrecen. El sector jurídico del agua es una buena oportunidad de especialización para los profesionales liberales, así como para las empresas prestadoras de servicios relacionados con el agua, las cuales se verán beneficiadas por un asesoramiento de calidad que les permita ahorrar costes legales de transacción, procesales y de oportunidad. 

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