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Sobre el blog

Axel Charles Dourojeanni Ricordi
Consultor Senior en Recursos Hídricos e Innovación.
Minsait
Global Omnium
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“En ambos casos los sistemas de gestión del agua deben ser de excelencia”

Para todos los países por igual, en las leyes del agua se establece que el agua es un bien público. Sin embargo, para algunos países el Estado sólo puede entregar concesiones de uso por plazos fijos y para usos determinados, mientras otros países como Chile tienen un código de aguas que considera que se pueden entregar derechos de agua a perpetuidad sin pago alguno y que los derechos se pueden comprar y vender libremente porque de esa forma se asigna mejor el uso del recurso. Unos permiten la participación privada en las concesiones de servicios de agua potable y saneamiento, mientras otros lo prohíben expresamente en la constitución. En América Latina, Chile es el país emblemático que defiende la postura de los derechos privados del agua, en contraposición con todos los demás países de la región. Pero a pesar del modelo adoptado existen éxitos y fracasos en ambas situaciones, entonces ¿Qué lo determina? Esto será analizado en este capítulo.

En países que más han abogado por respetar el agua como bien público, que no permiten mercados de agua, que declaran que el agua es un derecho humano y que se establece que jamás se debe entregar los servicios de agua potable y saneamiento para la población en manos privadas existen muchas veces los mismos problemas que en países como Chile que han optado por un modelo diferente en el cual no hay prioridad de uso por el agua, hay derechos entregados a perpetuidad sin pago alguno, y hay mercados de agua. En ambos casos se identifican abusos de los más fuertes sobre los más débiles, se comparten las mismas causas y situaciones de sobre-explotación de agua subterránea, existen los mismos problemas de contaminación de agua, pérdida de humedales, la misma pérdida de caudales ambientales y los mismos problemas de ocupación desordenada del territorio de las cuencas (pérdida de zonas de recarga, ocupación de zonas de riesgo y otros).

Inclusive a veces se ven más conflictos en países que defienden legalmente el agua como un derecho de todos. ¿Qué está pasando? ¿Qué le falta a estos países? Es de suponer que un país como Chile que no prioriza el uso del agua para la población, que permite que el más fuerte económicamente compre el agua de los menos rentables, que el agua esté en manos de sectores privados en vez de en manos de empresas del Estado, debería tener muchísimos más problemas que un país que se opone a eso totalmente. Sin embargo, los problemas con relación al acceso equitativo al agua, la protección de la calidad del agua, el control de la sobre explotación de acuíferos y otros problemas ocurren en ambos casos en temas similares y a veces en peor forma en países defensores del bien público[1], ¿Por qué?

Lo más evidente es que por más que se declaren los derechos humanos al agua, la priorización de usos humanos de éste recurso, la prohibición de contaminarla, la protección de las cuencas, la equidad en el acceso y la necesidad de participación plena en las decisiones[2] simplemente no pasan de ser solamente declaraciones de buena intención, sino se asignan los elementos para lograrlo. Muchas veces son decisiones del mismo gobierno que atentan por ejemplo contra la equidad en la distribución del agua si un funcionario favorece a ciertos usuarios por sobre otros por diferentes motivos.

Las autoridades del agua simplemente no pueden cumplir lo que dictan las leyes porque no tienen o no reciben los recursos financieros que demanda su aplicación. El Estado “protector” incentiva a que los usuarios del agua responsabilicen al Estado de todos los problemas que tienen en la gestión del agua y demanden todo en forma gratuita y esto no funciona. Por experiencia directa es casi imposible para las autoridades del agua aumentar las tarifas por el agua para cubrir costos de mantenimiento, cobrar para recuperar las inversiones en obras hidráulicas o para simplemente mantener operativo el sistema sin generar marchas de protesta. Ello es también ocasionado cuando el dinero recaudado por el Estado “se pierde” al ingresar a las arcas fiscales lo que desincentiva el pago de los usuarios del agua.

Bajo el enfoque paternalista del Estado, una gran mayoría de usuarios, sobre todo de agua potable y de riego, esperan que todo se les dé en forma gratuita, sobre todo cuando interpretan que el acceso al agua es un derecho humano, pero sin fijar los límites que tiene este derecho ni cómo lograr cubrir los costos de abastecer de agua a todos. La presencia de gran cantidad de usuarios de agua superficial y sobre todo subterránea no registrados (ilegales o informales), ya sea pobres o con mayores recursos, hace más difícil la cobranza y el gobierno de turno muchas  veces  no se atreve a regularizar la situación por los efectos políticos que genera..

Si no se cobra por el agua, no se pueden cubrir los costos que implica establecer y hacer funcionar todo un sistema de abastecimiento de agua y mantener las obras hidráulicas. Si nadie paga, o se cobra menos de lo que cuesta operar el sistema, tampoco hay capacidad de otorgar subsidios cruzados a los usuarios de menores recursos. A veces también hay usuarios del agua que si pudiesen pagar por el servicio pero que se aprovechan de las exoneraciones y tampoco pagan. Así muchas inversiones en obras hidráulicas que hace el Estado no son recuperadas porque los beneficiados, algunos con ganancias importantes, consideran que recibir agua es un derecho. Se rebelan además ante cualquier cobro de operación, mantenimiento y reparación de dichas obras[3]. Bajo un régimen puramente estatal la inequidad en el acceso al agua ocurre a veces porque el Estado otorga “concesiones especiales” de agua, para bien de algunos o para mal de otros, a algunos sectores considerados estratégicos[4], sobre todo cuando desea fomentar inversiones (para fomentar cultivos bio-energéticos, inversiones mineras y otros).

Uno de los aspectos más complejos de las posiciones excesivamente paternalistas del Estado es la incapacidad que tiene para cumplir con los roles que asume. El caso del Ecuador es un buen ejemplo de esto. Una revisión de los roles consignados al Estado del Ecuador, en la Constitución y en la creación de la Autoridad Única de Agua (Secretaría Nacional del Agua) revela la enorme cantidad de obligaciones que el Estado ha asumido y que no puede cumplir por carecer de los elementos y capacidades para hacerlo y negar la participación privada en la gestión del agua, ver recuadro 5-1.

La informalidad en el acceso al agua es también una situación común que crea inequidad cuando no se controla la extracción ilegal o “informal” como algunos prefieren ser considerados, sea por parte de personas sin recursos o por parte de privados con recursos que no regularizan sus extracciones. Los gobiernos de turno por otro lado no desean enfrentarse a la informalidad sobre todo en los sectores de menores recursos por las connotaciones políticas y sociales que tiene[5]. El tema de usuarios de agua que no están inscritos en los padrones y con derechos o concesiones reguladas es común tanto bajo un régimen público como privado. Eso es sobre todo más frecuente en la extracción de agua de pozos “clandestinos” o no registrados.

En general cuando el Estado asume demasiadas responsabilidades y roles de gestión del agua en lugar de compartir la responsabilidad con los usuarios privados no llega a cumplir sus metas. En situaciones donde el Estado es el responsable único de la gestión también aparecen muchos “resquicios” que se usan por parte de algunos usuarios con influencias políticas que atentan contra la equidad en el acceso al agua y para el no pago del agua. El responsable de la gestión del agua se enfrenta a una serie de presiones, desde el mismo presidente de la república y miembros de gobierno y de sectores privados así como de presiones de la población (manifestaciones de todo calibre) para que se pronuncie a favor de uno u otro actor. Los casos de movimientos poblacionales contra trasvases entre cuencas generan más de una controversia entre regiones, por ejemplo.

En los sistemas privatizados, con entrega de mayores responsabilidades de gestión al sector privado, entrega de derechos privados sobre el agua y establecimiento de mercados de agua, como en Chile, existen ventajas evidentes por que en general se administran bien en la distribución de aguas superficiales pero también hay problemas similares a los que se encuentran bajo un régimen de concesiones de agua: acaparamiento de aguas, poco cumplimiento de acuerdos en casos de sequía, contaminación de agua, sobre explotación aguas subterráneas, agotamiento de caudales ambientales, sobre entrega de derechos de agua (que no es un problema legal si no de la autoridad de aguas) e inequidad en el acceso al agua. Ello revela que el sistema de gestión de agua. bajo ambos sistemas,  no está respondiendo a los desafíos.

En Chile en general se apuesta a que la mejor gestión debe ser efectuada directamente por los dueños de derechos de agua a nivel del sistema que comparten mediante la conformación de unidades de Organizaciones de Usuarios y Eficiencia Hídrica[6][7]. El hecho que exista un activo mercado de agua tiene sin embargo ciertos efectos diferentes que cuando no los hay. Este mercado permite que las inversiones con más rentabilidad compren derechos de agua a los usuarios que poseen derechos para utilizados en producción de menor rentabilidad, es decir, que un nuevo emprendimiento no se basa en una asignación directa de agua de parte del Estado a costa de dejar otros sin agua sino que deben y pueden comprar los derechos si quieren seguir con su proyecto. Esto permite que los menos favorecidos reciban cierta compensación por el agua que se transfiere a otros usos, pero lamentablemente esto no garantiza que en la venta se afecte a terceros. Para ejemplificar esto considérese el cambio de destino del uso de agua de una cuenca puede generar cambios en la recarga del acuífero dependiendo de si el nuevo usuario “exporta el agua” a otra cuenca o la consume en mayor cantidad, en ambos casos existen repercusiones a terceros.

En materia de aguas subterráneas el problema, sea bajo régimen privado o público, surge por competencia entre los que pueden sacar más agua que los demás. Por ejemplo, si están ubicados en lugares privilegiados aguas arriba o simplemente si pueden excavar pozos más profundos que el resto afectan a los que no pueden hacerlo. En este caso se deja fuera de competencia a usuarios de menor rentabilidad o de menor poder político, lo que es causa de inequidad. Esto es común en ambas situaciones es decir con el agua en manos privadas como en Chile (caso de Copiapó) o en manos del Estado como en el Perú (caso de Ica).

Lo problemas mayores del sistema privado se originan si el Estado en su fase inicial entrega más derechos de agua que el agua disponible en los ríos y acuíferos o entrega derechos de agua a ciertos usuarios que luego especulan con el recurso y acumulan muchos recursos impidiendo su uso por otros. Por ejemplo, con fines de generación de energía en Chile para reducir la especulación se ha creado la patente por no uso del agua. La sobre entrega de derechos de agua es más un problema de desconocimiento de balances hídricos y de presiones políticas que de una ley de aguas y ocurre tanto bajo un régimen privado y público de gestión del agua

Una sobre entrega de derechos de agua crea derechos de papel que además “devalúan” los ya entregados[8]; como resultado estos derechos tienen en Chile seguridad jurídica pero no hídrica. Lo miso ocurre bajo otros sistemas si hay sobre entrega de derechos de cualquier tipo. Sólo se deberían entregar derechos “permanentes” sobre el agua disponible promedio y derechos “eventuales” sobre posibles excedentes. Otro efecto de este sistema es que anula la posibilidad de mantener caudales ambientales al sobre entregar derechos y además no fiscalizar si se usan de acuerdo a los entregado. Bajo régimen privado como en Chile es elestado el que debe comprar los derechos que entregó en demasía si por ejemplo desea corregir la sobre entrega de derechos (por ejemplo para volver a tener un caudal ambiental en un río). En el caso de concesiones de agua por el estado podría, en teoría, confiscar derechos entregados sin pago alguno pero en general no puede hacerlo sin tener consecuencias políticas graves.

La compra y venta de derechos de agua también es fuente de inequidades si en ese proceso no se considera el efecto de los cambios de tenencia en terceros (como vender agua para exportar fuera de una cuenca) y si se cuenta con información inadecuada para realizar las transacciones conociendo los precios de mercado y la disponibilidad efectiva del agua que se negocia. En Chile, se permite la compra y venta de derechos de agua no usados previamente lo que estimula la especulación. La compra y venta de derechos de agua que jamás han sido utilizados está por ejemplo prohibido en mercados de agua en Estados Unidos de Norteamérica.

El Código de Aguas no asigna prioridad al acceso al agua para la población ni en cantidad ni en calidad. Si es agua subterránea la sobre explotación del mismo acuífero por otros usuarios, como los mineros, origina que el agua extraída de los acuíferos cada vez a mayor profundidad, disminuya en calidad del agua que está siendo usada para consumo humano. No hay preferencia ni reservas de agua de mejor calidad para abastecer poblaciones, por lo que las empresas de agua potable compiten con todos los demás usuarios. Esto a la larga aumenta los costos de tratamiento de agua y por consiguiente de los servicios y finalmente estos costos son traspasados a los usuarios – la población. Lo ideal es reservar las aguas de mejor calidad de una cuenca para consumo humano, pero dar prioridades de accesos al agua para las empresas de agua potable es un tema más complejo de lo que parece ya que igualmente afecta a terceros.

 Lo que es interesante de destacar en todo caso es que en los países donde no hay seguridad jurídica sobre el agua ni “propiedad” sobre el agua ni mercados, lo que ha ocurrido y ocurre con frecuencia es que muchos usuarios del agua, incluyendo comunidades campesinas e indígenas, han sido simplemente despojados de sus derechos sea por simple disposición del gobierno de turno o por la prepotencia del usuarios más fuertes. Por otro lado, cuando el Estado asume demasiados roles como Autoridad Única del Agua, simplemente no llega a tener la capacidad para cumplir con todo lo que promete y debe hacer.

En países donde el Estado es el único que decide el destino del agua, al no haber tampoco mercado ni derechos adquiridos de alguna clase, ni seguridad jurídica ni organización de usuarios fuertes capaces de defender sus intereses, estos no reciben ni siquiera una compensación económica por el agua que se les despoja ni pueden reclamar ante los tribunales (cuando el agua para riego es destinada a la población). No tienen seguridad jurídica sobre sus concesiones y además se quedan sin agua. Esto es lo que hace necesario revisar los sistemas de gestión del agua bajo ambos sistemas de tal forma de establecer sistemas de gestión con participación efectiva y conocimiento.

En ambos casos es evidente que ni el Estado ni los usuarios se auto regulan para favorecer la equidad, conservar caudales ambientales, evitar la contaminación, controlar la sobre explotación de aguas subterráneas, ni consideran respetar las necesidades prioritarias de agua de buena calidad y cantidad suficiente para las poblaciones[9]. Al igual que en el caso anterior, pero en forma “legal” comprando agua, las inversiones más rentables disponen de más agua que las menos rentable. Por lo tanto las empresas deben ser igualmente controladas por el Estado y los propios usuarios para que no aumenten las tarifas por el agua más de la cuenta, para que no contaminen, para que no sobre exploten, para otorgar subsidios, etc.

Se evidencia de los argumentos recientemente presentados que la existencia de un sistema de gestión mixto público-privado y con participación de la sociedad civil es necesario para regular el sistema de gestión de agua en bien de la equidad en el acceso al agua, el control de la contaminación, el control de la sobre explotación de agua subterránea, la conservación de las fuentes de captación de agua en las cuencas y los caudales ambientales entre otros. Ni el Estado por si sólo ni el sector privado por si sólo son garantía de una buena gestión del agua. Sin la participación de la sociedad civil se pierden aportes sustanciales para la toma de decisiones acertadas. Por lo demás en ambos casos es fundamental que exista la mejor información técnica disponible que fija los límites que impone la naturaleza y la tecnología para una adecuada gestión del agua.

La diferencia parece ser que en el caso de entrega de concesiones es el mismo Estado el que debe hacerse responsable de ejecutar las acciones y auto-regularse para no cometer inequidades y en el otro su rol es regular a sistemas y empresas privadas y asumir tan solo las responsabilidades de apoyar a los usuarios de menores recursos o subsidiar obras de interés común, es decir reservarse para corregir deficiencias y apoyar sólo a los que lo requieren para poder desarrollarse dentro de un sistema competitivo y para cubrir necesidades básicas. En ambos casos los sistemas de gestión de las intervenciones sobre el l agua deben ser de excelencia.

 


[1] En Chile por ejemplo, bajo el sistema privado, hay una mejor cobertura de agua potable y saneamiento que en la mayoría de los países de la región y además el agua de las operadoras generalmente se puede tomar directamente ya que hay controles para que cumplan con las normas establecidas. En muchos otros países hay agua a domicilio pero no se puede tomar sin filtrarla o hervirla previamente o simplemente se depende de agua embotellada. Las empresas en Chile sin embargo tienen serias dificultades en algunas cuencas para mantener la calidad y cantidad del agua sobre todo de los acuíferos de donde captan el recurso porque el  código de aguas de Chile no prioriza el agua para consumo humano. Las empresas de servicios de agua potable y saneamiento son las primeras en sufrir las consecuencias de una carencia de sistemas de GIRH por cuencas. (caso por ejemplo de la Empresa Aguas Chañar en Copiapó).

[2] La Observación Numero 15 del Comité DESC de la ONU (noviembre 2002) se relaciona a los artículos 11 y 12 del PIDESC, que consagran los derechos a la vivienda y a la salud. Esta Observación es el único instrumento del derecho internacional que señala expresamente que el agua es un derecho humano, consustancial a la vida digna (Diciembre 2002). la realización del derecho humano a disponer de agua, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos, y el continuo proceso de contaminación, agotamiento y distribución desigual del agua, exacerban la pobreza existente. Los estados tienen que adoptar medidas eficaces para hacer realidad, sin discriminación, el derecho al agua. El agua no es sólo un bien económico, tiene diversas dimensiones: ambientales, sociales y culturales. Las estrategias y planes que desarrollen los Estados en torno al agua deben estar basados en la normativa y en los principios de los derechos humanos. Los Estados deben definir objetivos claros y fijar metas a alcanzar con sus indicadores respectivos, así como los plazos en que lo harán …citado por Carlos Franco Pacheco, Líder AVINA/PIDHDD. Vocero

[3] Siendo Director General de Aguas en el Perú en los años 77 al 79, después de la Reforma Agraria conducida en el gobierno de Velasco Alvarado, que creó, con buena intención pero poca efectividad, las cooperativas azucareras,  me tocaba recibir delegaciones a veces de más de 30 personas de dichas cooperativas. Venían desde cerca de Chiclayo (700 km de la capital) a reclamar que “el Estado les arregle una bocatoma de agua que abastecía una parte de sus cultivos”. Hechos los cálculos del costo de reparación aparecía que habían invertido más en el viaje que en el costo de reparar la bocatoma. (Cuando me negué  pagar esa reparación salieron de mi oficina diciendo  “no atracó”). Tampoco se podía aumentar el pago que hacían por el agua sin generar marchas de protesta. Más al norte (Piura) el costo de producción de una hectárea de arroz era de 100,000 (cien mil) soles de esa época y el costo del agua era apenas de 60 (sesenta) soles de ese total para pagar 22,000 m3 por campaña. ¡En un fin de semana invertían más en cerveza que en el pago del agua que consumían sus campos de arroz de un año! (Hay que reconocer que en cierta forma tenían razón al no querer pagar más por el agua por cuanto ese pago se iba al “tesoro público” y no se veía regresar nunca para invertirlo en mejorar la infraestructura hidráulica).

[4] Caso que ocurre en la cuenca del rio Chira, Piura, Perú donde se ha favorecido la entrega de agua para cultivo de caña de Azúcar para la producción de Etanol.  Hay por ejemplo opiniones que señalan que “ el Estado “REGALA RIO CHIRA A TRANSNACIONAL….  El autor  Ing Luciano Zapata Barrientos señala que a su juicio “Hay un escandaloso favorecimiento a los negocios de la empresa petrolera Maple Energy. El extraordinario milagro de Maple es que se asegura agua (186 millones de metros cúbicos) sin poseer tierras…” 13 de junio de 2010” .Para otros es la mejor forma de usar el agua y consideran que es un éxito convertir a la región en productora de etanol. Así la empresa Caña Brava señala que “la producción de etanol trae consigo la ampliación de la frontera agrícola y crea empleo en zonas rurales pobres. Hoy cerca de la ciudad de Sullana (Piura) en el departamento de Piura, está en pleno desarrollo una extensa área de producción de caña de azúcar y una sólida agroindustria, donde antes existían únicamente arenas de desierto. El riego por goteo, sistema que permite cultivar extensas áreas de terreno eriazo con el menor consumo de agua, está permitiendo generar miles de nuevos empleos para los pobladores vecinos que apenas contaban con trabajaos temporales en la agricultura del valle del Chira. Hoy estas familias pueden disponer de un ingreso estable que les está permitiendo educar a sus hijos, mejorar sus viviendas, su salud y contar con la esperanza de un futuro mejor..

[5] En el Perú los usuarios informales del agua se les conoce como “precarios”. Son personas que se ubican a lo largo de canales que abastecen sistemas de riego y extraen agua de muchas formas, desde la más simple con una motobomba portátil o sistemas de balancines con un balde, ruedas elevadoras de agua hasta las más ingeniosas como perforar bajo el canal para alcanzar la loza, hacer un orificio en la base y poner una tubería que aflora lejos del canal ( caso del canal que alimenta la represa de San Lorenzo, Piura, Perú). Lo más ingenioso fueron tres hombres fornidos sentados lado a lado y haciendo una tapa o dique “humano” elevando así el agua hacia sus campos, . Los precarios llegaban a regar más de 3000 hectáreas derivando agua de un canal ( San Lorenzo, Piura, Perú) canal de abastecimiento del rio Quiroz a la represa San Lorenzo construida en la década del 50 en Piura, Perú) y están sujetos a sus propias reglas. ¡Obviamente son más difíciles de controlar que lo legalmente establecidos que igual “roban”! agua si no hay controles suficientes. En general también hay sensibilidad con relación a la terminología usada. Así, los usuarios de agua  no registrados prefieren ser considerados como “informales” en lugar de ilegales, a la sobre explotación del acuífero prefieren que se le denomine “déficit” de agua , y   a la gestión de  conflictos llamarlos  “gestión de intereses” y así se pueden suavizar muchas cosas.

[6] Gobierno de Chile, Comisión Nacional de Riego:  El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), del Ministerio de Agricultura, Felipe Martin, afirmó que son las juntas de vigilancia las organizaciones que deben velar porque que exista una óptima gestión del recurso hídrico en el país. En el marco del seminario ‘Gestión de los recursos hídricos en Chile: Propuestas y desafíos’, Martin destacó que el hecho de que “las rivalidades se deben a que no hay un rol de líder en las cuencas que tienen usos de diferentes tipos y, por lo tanto, las juntas de vigilancia toman en este minuto un rol decisivo para una adecuada gestión del agua”. Asimismo, destacó que “la institucionalidad nuestra es una de las más modernas a nivel internacional, pero no sabemos ocuparla”. 5 de Diciembre de 2012. Ver aquí.

[7] Así una reciente información señala que “El Director de la DGA dice que buscan organizar a todos los usuarios de aguas: Un paso fundamental para mejorar la fiscalización y eficiencia en la utilización de los recursos hídricos dio la Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas (MOP), al crear la Unidad de Organizaciones de Usuarios y Eficiencia Hídrica, que tendrá como objetivo “fomentar y hacer partícipe de estos recursos a los propios usuarios”, según explicó el director del organismo Matías Desmadryl”. Señala que “Actualmente hay una baja participación de los actores que poseen derechos de aguas. Por ejemplo, explica Desmadryl, se calcula que existen 90 juntas de vigilancia, de las cuales 44 están registradas por la DGA Ahora, la idea es incorporar a todo tipo de actores, incluyendo a los grandes. “Esto es para agrupar a todos los usuarios. Incluye a los agricultores, a las empresas sanitarias, va haber más presencia de las mineras en los sectores donde ellas están, y también las industrias”, agrega Desmadryl, quien busca mejorar la fiscalización en situaciones como extracciones ilegales de agua. Toda esta organización, al final, se traducirá en una mejor utilización de los recursos, mejor fiscalización, donde los usuarios administren el recurso y transfieran información a la DGA”, explica. Además, la entidad está estudiando la licitación de un nuevo software que permita organizar la información de manera actualizada -en algunos casos en tiempo real- sobre los recursos hídricos. Esto, irá acompañado de nuevas instalaciones para medir la extracción de agua a nivel superficial y subterránea”.

[8] La sobre entrega de derechos de agua más evidente es lo que ha ocurrido en la cuenca del rpio Copiapó (Chile) . Los estudios hidrogeológicos realizados por DICTUC (filial de la Pontificia Universidad Católica de Chile) el año 2009 señalan que ingresan a la cuenca unos 3,698 litros por segundo y se han entregado derechos para utilizar unos 21000 litros por segundo (cifra fluctuante según estudios) . Actualmente indican que se usan alrededor de 8,221  litros por segundo. El balance del acuífero en la situación actual de explotación, y con la hidrología registrada en el valle a largo plazo en promedio indica una recarga neta, de entradas de 2.858 L/seg. un bombeo total promedio de 4.539 L/s, que obliga a un aporte desde el volumen embalsado en el acuífero de 1.682 L/s en promedio al año..  lo que origina un descenso de agua de hasta  10 metros al año en algunos pozos de la llamada  IV sección de la cuenca. Gobierno de Chile, Ministerio de obras públicas, Dirección General de Aguas, Análisis integrado de gestión en cuenca del río Copiapó, informe de avance nº4 - tomo nº2, “caracterización hidrológica e hidrogeológica”, preparado por división ingeniería hidráulica y ambiental, dictuc s.a., santiago, junio de 2009

[9] En Chile, por motivo de la sequía que afecta ciertas cuencas, el diario “ El Mercurio” del 22 de Diciembre del 2011 señala en un artículo que “los agricultores de Quillota, valle del Aconcagua, reclaman que debe intervenirse en forma urgente el rio Aconcagua” ya que un acuerdo de autorregulación ente privados frente a la sequía no funcionó. Indica que los regantes aguas arriba se habían comprometido a dejar pasar el 80% del caudal pero que arbitrariamente solo entregaron el 50%... Por lo tanto “…el imperio de la solidaridad y la autorregulación no funciona” y concluyen que “queda en evidencia que es imposible llegar a entendimientos y que los acuerdos sean cumplidos entre las secciones de nuestros ríos..” (En Chile las aguas de las cuencas se administran por secciones de río y no por cuencas)