La institucionalidad para gestionar las intervenciones sobre las fuentes de agua y el agua (recursos hídricos) es función del territorio o cuenca objeto de la gestión.
El mensaje es simple: Una institucionalidad para orientar o guiar las intervenciones sobre el agua y sus fuentes debe ser diseñada en función de los problemas a resolver o metas a alcanzar en un territorio en particular una cuenca hidrográfica y su sistema hídrico natural o alterado.
La evaluación de la bondad o pertinencia de una institucionalidad se debe medir en función de la reducción de conflictos entre usos y usuarios de recursos hídricos (fuentes de agua y agua), de la reducción de externalidades negativas en lo social, ambiental y económico productivo y la capacidad de enfrentar cambios de clima y situaciones extremas. Ello debe lograrse en cada cuenca o territorio de gestión. No se puede juzgar una institucionalidad per se.
No es la cantidad de personal que tenga, ni de vehículos u oficinas bonitas… si no del efecto en territorio lo que permite decir si la institucionalidad vigente es buena o mala.
Las políticas son la envolvente y no solo las políticas sobre recursos hídricos (fuentes y agua) si no todas las políticas que inciden sobre la demanda de agua o sobre la alteración de las fuentes de agua las que también hay que considerar. Por eso es que una autoridad de recursos hídricos debe ubicarse a nivel de ministros y no bajo las decisiones de ministros
Una política de expansión urbana sin límites o de agroexportación o de fomento minero, sin conocer la disponibilidad de agua, solo crea más conflictos.
Por eso el sistema o andamiaje institucional para la gestión de los recursos hídricos y el territorio debe ser proporcional al objeto de la gestión de las intervenciones y todas las variables a considerar (personas e intereses de cada uno, ambiente y producción; fuentes de agua y agua y territorio en equilibrio...) cuya compatibilización es la razón de ser de la institucionalidad.
Todo cambio en los instrumentos de gestión, sea por si mismos o por una mejor articulación, debe poder ser sustentable por su efecto en el mejoramiento en los territorios y no por sí mismos. Por eso se requieren indicadores que midan ese impacto.
Cada instrumento de gestión de las intervenciones sobre las fuentes de agua y el agua (recursos hídricos) debe ser bien diseñado para lograr la articulación efectiva entre dichos instrumentos (información, ley, fiscalización, organización, finanzas, etc, deben ser aplicados en forma coordinada para obtener resultados en el territorio). De nada sirve, por ejemplo, solo cambiar artículos de la ley sobre recursos hídricos exigiendo derechos de agua, si ese cambio no produce efectos positivos porque no viene acompañado de buenos estudios para saber si hay agua y recursos para ponerlo en práctica.
Y eso requiere la aplicación de un conjunto de instrumentos de gestión que explico externamente en los artículos en el blog de Axel Dourojeanni de iAgua, publicado en España.
No llueve más ni nadie tendrá más agua si solo se aprueba un "derecho al agua" pero no se tiene acceso ni a fuentes de agua con agua ni a financiamiento para hacer las obras. Hoy muchos solo piensan que cambiando la constitución habrá más agua. Sin preocuparse de dónde se obtendrá estas aguas sin afectar a otros, al ambiente o a la producción. O se limita la demanda y se aumenta la eficiencia de uso o se debe recurrir a fuentes cada vez más lejanas y caras y con efectos en el ambiente.
A veces tengo la sensación que se pierde el rumbo. En mi época, las autoridades de recursos hídricos tenían mucho nivel técnico en la materia objeto de la gestión y también nivel político reconociendo sus capacidades. Contábamos con órganos de asesoría jurídica y órganos de asistencia económica financiera. Hoy las autoridades de agua en muchos países son abogados, economistas y otras formaciones que a veces no tienen nada que ver con el tema, siempre y cuando formen parte de la cuota de partidos políticos... Los expertos en recursos hídricos pasaron a ser parte de órganos de apoyo, es decir, se dio la vuelta. Eso pasa incluso en organizaciones internacionales. Por eso quizás hay tanta fijación en que el mundo se arreglará con declaraciones y cambiando artículos de la constitución y de leyes, mientras en el territorio se dejó de invertir para enfrentar los desafíos sociales, ambientales y productivos cada vez mayores.
El mensaje principal es que el diseño de una institucionalidad, para gestionar las intervenciones sobre las fuentes de agua y el agua misma, debe responder a las necesidades del territorio (en lo social, ambiental y económico).
Hoy se dictan leyes o se reforman instrumentos de gestión e instituciones que no corresponden a los desafíos en terreno. Demasiada fijación en eslogan y creencias que solo cambios legales, por ejemplo, lograrán una "seguridad hídrica" o un "derecho humano al agua" como si solo con ponerlo en la constitución o leyes se lograrán tales metas, sin apoyo financiero, ni tecnológico, ni organizacional, etc.
Y sobre todo, sin saber de dónde se obtendrá más agua sin perjudicar al medio ambiente ni a terceros.
