Como se señaló al inicio, en los países de América Latina hay cientos de planes que han sido formulados tanto con relación a la gestión de recursos hídricos (planes nacionales de gestión” integral” de Recursos hídricos o agua hasta los de cuencas, multisectoriales o sectoriales y con diferentes fines) así como planes para ejecutar proyectos de inversiones en obras hidráulicas. Es interesante notar que en general el orden de ejecución de los planes sigue la siguiente lógica:
Los planes que tienen mayor ejecución son los de aprovechamiento de agua: Planes de ejecución de obras hidráulicas con fines de uso múltiple o sectoriales (presas, embalses, tomas, plantas de tratamiento, , defensas de ribera, trasvases , drenaje, etc.) . La razón primaria es que ha sido siempre más fácil justificar la inversión con estudios costo beneficio, cuentan con apoyo financiero de los bancos interesados, tienen demanda de usuarios (agua potable, riego, hidroenergía etc.) , y es más fácil invertir grandes sumas de dinero y controlar el avance de las obras. Algunas obras han tardado en su ejecución debido a las oposiciones generadas por su impacto en el medio ambiente, pero siguen teniendo demanda y apoyo político de parte de usuarios que desean tener mejor capacidad de retener y captar agua cuando esta disponible.
El segundo grupo de planes que se ejecutan cada vez con más respaldo son los vinculados a la denominada infraestructura verde o sea de manejo de cuencas, cosecha de agua, conservación y restauración de cuencas, reforestación, control de inundaciones y otras medidas tendientes a la prevención de riesgos, conservación de suelos y mejora de la calidad de vida de la población rural. Cabe mencionar sin embargo que las inversiones en estas actividades son ínfimas en comparación con las inversiones en grandes obras hidráulicas. La atomización de las acciones, la dificultad de hacerles seguimientos y de calcular y recuperar la inversión ponen en desventaja su financiamiento. Subsisten con apoyo de donaciones, fondos de agua y decisiones de las autoridades de turno y ello incluye lograr abastecer con agua a poblaciones rurales.
El tercer grupo de planes vinculada a recursos hídricos y agua, el que menos se ejecuta ,es el de mejoramiento de la gestión, de la institucionalidad y de la gobernanza tanto a nivel nacional como de cuencas. En general estos planes no están bien sustentados ni armados explicando claramente, como un cambio de institucionalidad evitará los problemas que se encuentran en el territorio mencionados antes (conflictos entre usuarios, efectos de externalidades negativas y efecto de clima y fenómenos extremos); generan muchas controversias por el costo que implica una transformación en las capacidades de gestión, articulación entre muchos sectores y organizaciones que tienen algún rol en la gestión de los recursos hídricos y el agua que no quieren perder y una acentuada creencia que el 90 por ciento de las mejoras deben centrarse en la modificación de artículos de la ley de aguas, y…. la idea que mejorar la institucionalidad para la gestión del agua es simple burocracia ampliada. No hay estudios que justifiquen claramente los ahorros que se logran con una buena gestión de intervenciones sobre los recursos hídricos y las cuencas.
A lo anterior se suma la deficiencia misma en la formulación de muchos planes: Metas poco claras o muy generales ( metas como seguridad hídrica son muy vagas ), poco consenso, si alguno, en las metas y metas sin proyección a largo plazo, metas atomizadas y sectoriales, carencia de respaldo legal y de autoridad para hacer cumplir los acuerdos, carencia de financiamiento, carencia de continuidad en las acciones a seguir, poca información de base para formular el plan, incapacidad de poder lograr acuerdos entre las diferentes organizaciones vinculadas al uso del agua y el territorio,
La pobre formulación de los marcos o términos de referencia para formular los planes (sobre todo pedir mucho con poco presupuesto y en corto plazo) juega un rol importante en la deficiente formulación de planes. A ello se agrega no disponer de un adecuado sistema de gestión para supervisar la formulación del plan o para aplicar el plan una vez formulado y aprobado y carencia de observatorios públicos de cuenca que permitan seguir la aplicación del plan. Todo ello conduce a formular planes que nunca se aplicaran.
