En estas últimas semanas he tenido ocasión de asistir a distintos eventos organizados por entidades relacionadas con los Comités o Cooperativas de Agua Potable Rural, que en Chile son las encargadas de gestionar este servicio. Al presentarme como funcionario del BID varias personas me han respondido: yo también soy del BID!! ¿Y cómo es eso, le consulto? Es que nuestro sistema fue financiado por el BID y todavía está operando.
Mirando la historia, efectivamente el Banco financió, entre 1964 y 1992, 4 etapas de un programa de agua potable rural que benefició a unas 480.000 personas, en 831 localidades (la mitad de las existentes hoy) con préstamos que alcanzaron a unos USD 143 millones, en moneda actual.
El Banco financió, entre 1964 y 1992, 4 etapas de un programa de agua potable rural que benefició a unas 480.000 personas
De principal interés es mencionar el primer proyecto de agua potable rural en Chile, y en la región, aprobado en 1964 por $2.5 millones (USD 40 actuales), que sentó las bases de lo que es hasta hoy el modelo de funcionamiento del sector, promoviendo la constitución de la misma comunidad organizada como eje central de la gestión de los sistemas de agua, bajo un esquema participativo y social.
Un aspecto notable del modelo aplicado en Chile es que prácticamente todos los sistemas construidos con dicho programa siguen funcionando a la fecha, lo que demuestra su validez y sostenibilidad. Esto es el resultado de: (i) disponer de una seria y continua institucionalidad a cargo del sector, que persistió con las inversiones, y participó en el apoyo post-construcción a los sistemas; (ii) del fortalecimiento permanente de las entidades comunitarias; (iii) de una clara y efectiva política de subsidios a la inversión y a la operación y mantenimiento; y, (iv) la incorporación de conexiones intradomiciliarias y de medidores, a pedido de las mismas comunidades!
Ahora, el país está buscando formas y modelos de actuación en materia de saneamiento rural para complementar lo que ya se ha hecho con agua potable, y ojala alcanzar metas de cobertura universal en estos servicios. Se cumpliría con ello con los compromisos asumidos ante Naciones Unidas en referencia al Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, condición indispensable para mejorar la calidad de vida, dignidad, la salud, posibilidades de empleo y mejor educación para la población.
Este desafío también está siendo enfrentado por otros países de la región, y es así como el Banco está en este momento financiando 16 proyectos con un aporte de $1,000 millones para avanzar en mejorar las condiciones del servicio en áreas rurales.
La experiencia indica que este desafío es difícil de cumplir. Por ello parece muy conveniente crear espacios para discutir y conocer experiencias nacionales e internacionales, debatir sobre posibles soluciones y consensuar políticas de actuación.
Este artículo escrito por Jorge Ducci ha sido publicado originalmente en la sección de blogs del BID. Ha sido replicado aquí con expresa autorización del autor.
