El 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, y me gustaría unirme a esta celebración rindiendo homenaje a todas las mujeres independientemente de su condición étnica, lingüística, religiosa, cultural, económica y/o política; y también expresando mi admiración a todas las que se han dedicado a defender la dignidad de su condición femenina mediante la conquista de fundamentales derechos sociales, económicos y políticos.
Esta ocasión nos brinda la oportunidad de, una vez más, recordar la igualdad y dignidad de toda persona, de toda mujer, en derechos, deberes y libertades; de reclamar mejoras aún no alcanzadas (equiparación salarial, acceso al mercado laboral, conciliación de la vida profesional y familiar, acceso a puestos de dirección, etc.) siempre teniendo en cuenta los aspectos antropológicos y biológicos que complementan a la condición femenina y masculina; y de reclamar la defensa de los derechos humanos en los países donde no hay igualdad jurídica y existe diariamente discriminación real.
En el campo de la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, se tiene presente como objetivo primordial favorecer la promoción de la mujer en todos los sectores y actividades, para incrementar su participación social y para incentivar su acceso a la toma de decisiones, al considerar que solo de esta forma se logra un verdadero desarrollo en condiciones de igualdad, justicia y paz. Las mujeres son las verdaderas protagonistas e impulsoras de desarrollo en sus respectivas realidades, rompiendo barreras, desigualdades y tabúes, construyendo su futuro y el de sus familias. Como solía decir el antiguo Secretario General de NNUU, Kofi Annan, “no hay ninguna herramienta para el desarrollo más efectiva que el empoderamiento de la mujer”.
Mujer y derechos humanos
Los problemas de género en el campo del agua cuentan con un buen marco legal a nivel internacional basado en un enfoque de derechos humanos (Derecho Humano al Agua y Objetivos de Desarrollo Sostenible números 5 y 6) y se debe destacar que toda inversión en el sector hídrico mejoran los índices de salud e higiene, seguridad alimentaria, capacitación de género y, por último, el bienestar social y la prosperidad. El agua está en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el progreso socio-económico, un medio ambiente saludable y unas condiciones de vida dignas, así como para la adaptación, y mitigación, al cambio climático. Actualmente, unos 3.500 millones de personas, según ONU Agua, no tienen satisfecho su derecho al agua. En 2010, Naciones Unidas mediante la Resolución 64/292 reconoció el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Por otra parte, dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el ODS 6 se propone “garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos”. Entre las metas de este objetivo se recogen la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores para asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce, la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) a todos los niveles y la participación de los actores locales en el perfeccionamiento de la gestión del agua y el saneamiento. El consumo doméstico, el sector agropecuario, la industria, la energía y la conservación del medio ambiente convierten al agua en una cuestión clave para cualquier gobierno. No en vano el control del agua en un territorio ha sido con frecuencia motivo de guerras y conflictos a lo largo de la historia.
Mujer y acceso al agua: El caso de Palestina
En el caso específico de los territorios palestinos, el agua es desde el principio del conflicto uno de los temas más disputados entre las partes palestina e israelí y, a menudo, su gestión se ha discutido en las diversas negociaciones de paz llevadas a cabo. La situación del agua es primera y principalmente una cuestión política, ya que el agua es esencial para un Estado palestino viable. En el centro del conflicto está el hecho de que Israel controla los pozos y acuíferos principales en los territorios ocupados de Palestina. Las consecuencias en términos de desarrollo económico para los palestinos y de convivencia pacífica entre ambas comunidades han sido destacadas por las organizaciones internacionales en múltiples ocasiones.
Los Acuerdos de Oslo, y en particular el artículo 40 del Anexo III denominado “Protocolo sobre Asuntos Civiles”, tendrían que haber dado un nuevo enfoque al conflicto y durante el proceso de paz muchos palestinos tuvieron la esperanza de mejorar su acceso a los recursos hídricos. Sin embargo, el desequilibrio militar entre los dos frentes, la violación de los acuerdos firmados por ambas partes y las posiciones políticas de los aliados y de la comunidad internacional han perpetuado el control efectivo por parte de Israel de más del 80% del agua en el territorio palestino. Como consecuencia de esta situación, la población palestina sigue privada del acceso al agua de forma suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible.
Actualmente, Palestina cuenta con una disponibilidad de agua de las más bajas del mundo. Según un informe de Amnistía Internacional de 2009, el consumo per cápita de la población palestina es menor de 70 L/día, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 50 y 100 L/día por persona. En contraste, el consumo per cápita israelí es cuatro veces superior. A parte de los problemas derivados de la ocupación, la situación está empeorando debido al aumento de la población, a los efectos del cambio climático y a una falta de gobernanza derivando en sobreexplotación de acuíferos y cuencas transfronterizas. Por ejemplo, más del 60% de la explotación del agua del río Jordán se destina a Israel y los asentamientos ilegales consumen un volumen mayor del que proporciona la recarga sostenible de los acuíferos.
Igualmente, más del 90% del agua en la Franja de Gaza no es potable a causa de la contaminación y sobreexplotación de los acuíferos, así como de las deficientes infraestructuras. Además, bajo diversos pretextos tales como la seguridad o incapacidad palestina para administrar recursos hídricos, las autoridades israelíes permiten deliberadamente la escasez de agua en comunidades palestinas. Esta política de escasez artificial incrementa constantemente la dependencia palestina de donantes y la compra de agua a empresas públicas israelíes. Llegando a ver a la población palestina como clientes del negocio y no como ciudadanos con derecho a su propia soberanía y libertad de decisión.
La escasez de agua que padecen millones de palestinos tiene una mayor repercusión en las mujeres. Cabe señalar que la mujer palestina es víctima de una triple discriminación: cultural (debido a una sociedad fuertemente patriarcal), económica (teniendo en cuenta los problemas socioeconómicos de un país en vías de desarrollo) y sociopolítica (debido al bloqueo y a la ocupación israelí). Las mujeres jóvenes y mayores en Palestina luchan diariamente contra tres muros en un contexto de persistente desigualdad de oportunidades. Actualmente, una de cada cuatro familias palestinas tiene al frente una mujer que mantiene a varios miembros. Muchas de estas mujeres viven en zonas rurales en donde la escasez de recursos hídricos es todavía más acusada, y donde la recolección de agua tiene implicaciones negativas en términos de educación, salud, etc. Como resultado, una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo se aplica a asegurar las necesidades WASH de las familias.
Mujer y agricultura
ONU Mujeres declara “las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se encuentra entre los muchos retos a los que se enfrentan”. La agricultura en Cisjordania es tradicionalmente una de las actividades económicas y fuentes de ingresos principales para las mujeres del ámbito rural. Sin embargo, las dificultades derivadas de la política israelí de gestión del agua en la zona –favoreciendo el suministro a los asentamientos ilegales– obligan a los palestinos a desplazarse hasta 20 km para comprar agua con la que regar sus cultivos.
Este problema se agrava aún más ya que el ejército israelí levanta barreras (chekpoints fijos y puestos de control temporales) por motivos de seguridad que dificultan la movilidad de la población palestina. Las mujeres agricultoras se ven incluso más perjudicadas ya que no disfrutan de la misma libertad de movimientos que los hombres. Esto significa que a menudo dependen de la ayuda de sus vecinos y de otras familias para cubrir sus necesidades de consumo.
Sin embargo, las agricultoras palestinas han creado cooperativas donde capacitarse y han desarrollado exitosos métodos y estrategias para aliviar los problemas derivados de la escasez de agua e inseguridad alimentaria, empleando soluciones a pequeña escala como por ejemplo: recolección de aguas pluviales, tratamiento de aguas grises, agricultura en tejados y agricultura hidropónica en huertos familiares.
Mujer y participación social
A todo esto hay que añadir que la tasa de desempleo de las mujeres palestinas es más alta que la de los hombres en casi un 20% en Gaza y un 6% en Cisjordania, y que existe una evidente disparidad de salario entre los dos géneros. Como resultado de todo ello, las mujeres representan el grupo social económicamente más pobre: según la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS, Palestinian Central Bureau of Statistics). En 2008 casi el 80% de los hogares encabezados por mujeres se encontraban en situación de pobreza extrema e inseguridad alimentaria, frente al 60% de los encabezados por un hombre.
Por otra parte, estas mujeres tampoco pueden hacer frente a los gastos de la destrucción por operaciones militares de instalaciones hídricas como tanques de agua y cisternas así como de pozos y canalizaciones. Además, para poder reconstruir todas estas infraestructuras la población palestina tiene que solicitar autorizaciones que el Gobierno israelí puede rechazar o tardar mucho tiempo en responder. Así, muchos palestinos empiezan construcciones y obras no autorizadas que luego son destruidas de nuevo, originando graves pérdidas económicas a la empobrecida población local.
Mujer y resolución de conflictos
Por otra parte, las autoridades palestinas, como Estado participante en Tratados internacionales (ICESCR, CEDAW, etc.), deberían poner mayor énfasis en relación al cumplimiento de sus obligaciones legales bajo la legislación internacional, por ejemplo en la focalización de igualdad de género en los planes nacionales de desarrollo; adoptar un enfoque basado en los derechos humanos; impulsar reformas para el fortalecimiento de las políticas y prácticas; y en actividades de sensibilización pública para asegurar una distribución, acceso y gestión igualitaria.
Entre las iniciativas surgidas en Palestina para impulsar los derechos humanos, entre ellos el derecho al agua y el respeto al Derecho Internacional, cabe destacar la creación de organizaciones de mujeres que proponen una acción para la construcción de la paz a través de un enfoque de género. Estas asociaciones instan a las mujeres a participar activamente dentro de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina para que expresen sus necesidades y aporten sus experiencias a la hora de construir una paz duradera que conduzca a un verdadero desarrollo de la región.
Desde el punto de vista normativo, estas iniciativas se apoyan en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de NNUU dentro de la agenda internacional de “Mujer, paz y seguridad”, que aboga por una mayor participación de las mujeres en los procesos de paz como estrategia de empoderamiento y transformación positiva de los conflictos. A su vez, considera a las mujeres actores fundamentales para con el desarrollo de sus sociedades y cree que no es posible resolver un conflicto y conseguir una paz duradera sin su implicación en las negociaciones. La Resolución 1325 pide “a todos los que participen en la negociación y aplicación de acuerdos de paz que adopten una perspectiva de género, en que se tengan en cuenta y se incluyan, entre otras cosas:
- Las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los conflictos;
- Medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales y los procesos autóctonos de solución de conflictos y para hacer participar a las mujeres en todos los mecanismos de aplicación de los acuerdos de paz;
- Medidas que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente en lo relativo a la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema judicial.”
En el caso de Palestina, la Resolución 1325 sería un instrumento válido para que las mujeres reivindicaran su papel en la toma de decisiones y búsqueda de soluciones sobre el acceso y la gestión del agua durante los procesos de paz. Una vez más, el recurso agua puede constituirse en un catalizador para la paz y la estabilidad regional, y se debe tener en cuenta el valor de liderazgo y el poder de resolución de conflictos que tienen las mujeres.
