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Crónica: vivir la pandemia sin agua y con la especulación de su precio en Lima

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  • Más de 700 mil personas en Lima, capital del Perú, debieron afrontar la covid-19 sin acceso a la red pública de agua potable, herramienta básica para evitar su propagación. Ante ello, debieron padecer la especulación en los precios por parte de quienes les venden el agua en camiones cisterna. ¿Qué hicieron las autoridades peruanas ante ello?

Sobre el blog

Eduardo Sosa Villalta
Lima, Perú. Comunicador. Egresado de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Busco historias.

Cuatro días pasaron, desde el domingo 15 de marzo de 2020 hasta el jueves 19 de ese mes, para que los camiones cisterna que transportan el agua para consumo humano retornen a Nueva Rinconada, en los cerros del distrito limeño de San Juan de Miraflores, una zona donde no existe conexión a la red pública de agua potable que les proporcione una arma esencial para evitar el contagio del covid-19.

Ese domingo 15 fue un día visceral para el país porque el entonces presidente Martín Vizcarra anunciaba el estado de emergencia y aislamiento obligatorio para evitar la propagación del covid-19 –que luego se prolongaría por varios meses–, lo que sorprendía a Juan Carlos Zambrano en Huambocancha Alta, a Ramiro en Comas, y a las familias de Nueva Rinconada, pero, a ellas, sin tener acceso a dicha red.

“El gobierno garantiza la continuidad de los servicios de agua y saneamiento durante la emergencia nacional por el coronavirus”, pronunciaba Vizcarra, en el referido mensaje del 15 de marzo, no obstante, ello no era garantía para quienes nunca tuvieron el servicio en sus viviendas y padecen, además, la especulación de su precio por parte de quienes la venden en camiones cisterna.

“Hoy que viene la prensa recién se aparecen los aguateros”, protestaba, entonces, Noé Perales Zevallos, un vecino de Nueva Rinconada, el jueves 19 de marzo, a los medios de comunicación que, junto al entonces ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el presidente de Sedapal, Francisco Dumler, llegaron hasta ahí con las cisternas, tras cuatro días de ausencia.

“Todos tienen derecho al agua y, en este momento, se distribuye tanto a quienes están conectados a la red de distribución, como quienes se abastecen con camiones cisternas. Como Ministerio de Vivienda monitoreamos el día a día de la distribución de agua a nivel nacional”, afirmaba, por su parte, ese mismo día, el ministro Yáñez en una entrevista televisiva.

Según el INEI, en el informe “Acceso a los servicios básicos en el Perú, 2013 – 2018”, el 95.3 % de los hogares urbanos tiene abastecimiento de agua por una red pública. Es decir, el resto debe dotarse de alguna otra forma, como los camiones cisterna. “Lima tiene una cobertura de agua potable de 93 %. Hay un 7 %, o sea 800 mil personas sin conexión que se abastecen con camiones cisternas, casi todas privadas, en cuya red, en los últimos días, se observó especulación de precios. Sedapal les vende el agua a 0.7 el metro cúbico y llega a la gente a 5, 6 o 7 soles dependiendo de la altura y la zona”, declaraba a una radio el presidente de Sedapal, el 18 de marzo, un día antes de visitar Nueva Rinconada.

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“El tacho de agua cuesta cinco soles: nos han subido al porrazo”, protestaba una vecina de Nueva Rinconada, ese jueves 19 de marzo, a la prensa. “Poco a poco nos ha subido: antes estaba 2 soles, luego 2.50, después 3.50 y ahora, con esta situación, nos ha subido a 5 soles, de porrazo. Y el tanque está 40 soles, pero no podemos comprarlo. Muchas familias tenemos un tacho o dos, que dura un día. Cinco soles diarios. Cuánto estamos pagando”, reportaba.

El tanque, de 1100 litros de agua de capacidad, les cuesta entre 30 y 40 soles, dependiendo del precio que imponga el dueño de la cisterna. El tacho, para 70 litros, les vale hasta 5 soles y les dura un día, es decir deben pagar 150 soles al mes (38 dólares aproximadamente), el 15 % del sueldo mínimo en el país. Es así que, una familia pobre, que no está conectada a la red, paga cinco a seis veces más que una familia con conexión pública.

- “Queremos tener agua, aunque sea con esos precios. Nos dicen que la limpieza y aseo es con agua, pero no nos podemos lavar”, respondía a las cámaras otra vecina.

La primera vez que el Gobierno peruano dio una conferencia por el covid-19 fue para anunciar el primer caso detectado en el país, el 6 de marzo de 2020. Desde entonces, y mucho antes, la recomendación fue lavarse las manos constantemente, por 20 segundos, para prevenir el contagio. Incluso, el 5 de mayo se estableció como el Día Nacional de la Higiene de Manos.

“La distribución gratuita de agua potable durante el estado de emergencia nacional, en las zonas más alejadas de las ciudades, beneficia a aproximadamente un millón y medio de personas”, difundió en una nota el Ministerio de Vivienda, el 17 de mayo de 2020, y añadía que, a través de Sedapal, se distribuye agua gratuita en Lima y Callao mediante una flota de 351 camiones cisterna, en tanto que, en las demás regiones, 450 unidades reparten el recurso.

- “La distribución de agua gratuita es un servicio indispensable en la lucha contra el COVID-19. Con esta acción se han beneficiado a 700 000 ciudadanos en Lima y Callao, y a 800 000 a nivel nacional", dijo el ministro Yáñez, el 8 de mayo, ante la Comisión de Vivienda del Congreso.

Cierto es que, según los anuncios oficiales, se implementaron dos iniciativas: el Programa Nuestras Ciudades y el Plan Cisterna. El primero destinado a repartir agua potable gratuita en las zonas sin acceso a la red pública. “El Gobierno tiene el inventario de dónde no se tiene agua. Ahí tenemos que trabajar con los gobiernos regionales y los municipios para que los proyectos de saneamiento, que tienen un proceso, se terminen y todo el Perú, tanto la zona urbana como rural, tenga cobertura de agua segura, de agua potable. Mientras eso ocurra, en esos lugares, durante la emergencia, hay que llevarles agua potable en cisternas”, indicaba el presidente Vizcarra, en su conferencia del 19 de marzo de 2020.

Por su parte, el Plan Cisterna fue una medida de contingencia para llevar agua a las zonas críticas del ámbito de las EPS. Es así que, según el director ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), una entidad creada por el gobierno peruano para apoyar a las empresas de agua en situación crítica, Óscar Pastor, las empresas prestadoras bajo su administración habían brindado, hasta el 23 de mayo de 2020, 21 mil metros cúbicos (m3) de agua potable con camiones cisterna, en beneficio de más de 66 mil familias.

Un grupo de expertos de las Naciones Unidas advirtió, el 23 de marzo de 2020, que la pandemia no podría pararse si no se proporcionaba agua a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. “Las personas que viven en asentamientos informales, las personas sin hogar, las poblaciones rurales, las mujeres, los niños y niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas refugiadas y todos los demás grupos vulnerables a los efectos de la pandemia deben tener un acceso continuo a agua suficiente y asequible”, subrayó el grupo.

La población peruana sin acceso al agua potable es de 3.4 millones de habitantes mientras que 8.3 millones carecen de alcantarillado, reporta el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 y estima que se necesitan S/ 49.5 mil millones para el cierre de las brechas en saneamiento. Por eso, cuando el ministro de Vivienda, el alcalde de Lima y el presidente de Sedapal llegaron a Nueva Rinconada se encontraron con muchas preguntas y reclamos, según los registros de los medios, de una población con necesidades postergadas por muchos años. “10 cisternas abastecerán a diario”, dijo el alcalde; “hay dos proyectos en Rinconada, el de la etapa uno está en fase de licitación final y el otro, para la etapa dos, donde estamos, está en fase de elaboración; esa fase tiene 80 mil líos”, ensayó el presidente de Sedapal, ante la gente a su alrededor.


Reparto de agua en camiones cisterna en Nueva Rinconada.

- “El Perú no puede estar entre los primeros países de la región en manejo macroeconómico y entre los últimos en manejo de instituciones y calidad de los servicios públicos, una condición que se ha ratificado en este momento. Estos problemas estructurales nos han vuelto más vulnerables para enfrentar esta crisis”, declaró la entonces ministra de Economía, María Antonieta Alva, el 17 de mayo.

“El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable”, dice la Constitución, en su Artículo 7°-A. “Toda persona, natural o jurídica, domiciliada dentro del ámbito de responsabilidad de un prestador de los servicios de saneamiento tiene derecho a que este le suministre los servicios que brinda”, dice el Decreto Legislativo 1280, en su Artículo 19.

“Es importante indicar que el Gobierno del Perú ha asumido el compromiso de cerrar las brechas de cobertura urbana al año 2021 y rural al año 2030 y, de esa manera, cumplir con la Meta 6 de los ODS, en lo que se refiere a la cobertura de saneamiento”, se lee en el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 y aun retumba en las columnas del hemiciclo del Congreso cuando, el 28 de julio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski asumía el cargo de presidente del Perú, con Martín Vizcarra en uno de los palcos, y prometía que para el 2021 "todos los peruanos deberán tener acceso al agua potable las 24 horas". El 2021, este año.

*Nota: esta crónica fue escrita a fines del 2020 y fue reconocida en el concurso de testimonios “La vida cotidiana de los peruanos durante la Gran Pandemia” que organizó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En julio de 2021, Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú y anunció que se encargaría de cerrar la brecha de agua al 100 %. Aunque muchas de las autoridades mencionadas dejaron sus cargos, las cifras presentadas persisten.

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