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El costo de no invertir en el agua en México

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Sobre el blog

Estrellita Fuentes Nava
Editorialista y especialista en asuntos internacionales y de agua.
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El sector del agua en México ha visto sus ingresos reducidos de manera sustantiva a partir del presupuesto federal de este año, y se prevé que esta tendencia se mantenga en el 2018, toda vez que para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (su cabeza de sector) se proyecta un recorte del 35%. Ello es una situación muy lamentable en un contexto donde de los 253 desastres que han ocurrido en el país, el 80% de ellos está vinculado precisamente al recurso agua y aún tenemos una brecha importante de población sin acceso a los servicios de agua y saneamiento de manera sostenible, especialmente en el medio rural. En los años anteriores especialmente a partir del impacto en la opinión pública con el auge de esta agenda que impulsó la celebración del IV Foro Mundial del Agua en México en el año 2006 y que puso el tema bajo los reflectores, el presupuesto tuvo un incremento a partir de esa fecha de 11 mil a 55 mil millones de pesos (620 millones de USD aprox.); en contraste para este 2017 se contrajo a 14,879 millones de pesos, un 35% menos del habitual.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) ha sido uno de los más castigados algo totalmente fuera de lógica si tomamos en cuenta que atiende a una de las megalópolis más grandes del mundo. La ausencia de este presupuesto lo están padeciendo hoy sus habitantes como lo atestiguamos en los medios de comunicación por las desastrosas inundaciones, hundimientos y socavones y muy recientemente por las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 19 de Septiembre que dañó la red hidráulica de la ciudad por el orden de 400 millones de pesos (La Jornada, 30 de septiembre de 2017). Antes de este evento sí­smico el Ingeniero Ramón Aguirre Dí­az, Director General del SACMEX habí­a venido advirtiendo de la magnitud de este problema señalando que se necesitan más de 10 mil millones de pesos (500 millones de USD) para arreglar el drenaje y otro tanto para la tuberí­a de agua potable. En la misma tónica, para la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) a nivel nacional necesitamos alrededor de 2 billones de pesos para salir del bache, y refiere a un déficit del 72% en términos financieros.

Aunado a ello, aún y cuando tengamos coberturas de 94.4 por ciento en agua y 91.5 en alcantarillado beneficiando a 114.9 millones de mexicanos para la ONU estas cifras no reflejan el acceso real, especialmente porque el servicio no es continuo. El relator especial sobre el derecho humano al agua de dicho organismo Leo Heller que visitó a nuestro paí­s en mayo pasado acaba de presentar en días recientes sus hallazgos con respecto a las políticas del agua de México, y destaca que no tenemos servicio continuo en la gran mayoría de los hogares (es decir, en lo general es por tandeo); que hay una marcada inequidad en los servicios (en las comunidades rurales es donde escasea más el saneamiento que en las zonas urbanas); falta información sobre la calidad del agua que consumimos (somos el mayor paí­s con consumo de botellas de agua per cápita, lo cual habla de la desconfianza con respecto al agua que bebemos); y el recorte del 37% en las finanzas del sector es preocupante. Concluye que aún y cuando el derecho humano al agua y al saneamiento está plasmado en la Constitución (ello fue en el 2012) dista de ser una realidad.

Regresando al reto capitalino, el Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental apuntó que la extracción del agua hace más vulnerable al Valle de México porque se saca más agua de la que puede infiltrarse en el subsuelo, lo cual genera un déficit de humedad que origina hundimientos y daños en la infraestructura hidráulica haciendo más vulnerable a la región por los sismos. Si quisiéramos entonces hablar de un plan preventivo para la CDMX en materia de desastres y terremotos tendríamos que empezar a poner al agua en el centro junto con el financiamiento.

En el plano de las alternativas para superar la brecha financiera, más allá de la federación sería difícil darle viabilidad a las inversiones necesarias desde lo local, puesto que aún y cuando el costo real del metro cúbico de agua en el país es de $30 pesos (1.6 USD) el costo promedio es de $8 pesos (.43 USD) lo cual refleja que los subsidios son demasiado elevados (¡Y aún hay quien dice que el agua es muy cara!). En la esfera de la gestión, una de las recomendaciones que emite la ONU parecen más orientadas hacia la planeación y al diálogo polí­tico: que la máxima prioridad sea la población pobre y marginada y que la futura Ley General de Aguas se construya con la participación de todos. Por su parte el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez hizo eco al llamado del relator Heller y coincide con las necesidades de mayor financiamiento y colaboración y que no perdamos de vista que el derecho al agua está asociado a otros derechos como el derecho a la vida, a la alimentación y al medio ambiente sano.

Y hablando de planeación y de leyes en el agua, la Ciudad de México parece ser un referente interesante con su Ley de Sustentabilidad Hídrica que se discute en la Asamblea del DF ya que incorpora la planeación con un horizonte a 25 años, estableciendo metas especí­ficas por colonias para poder planear la infraestructura ya sea en términos de desabasto o de inundaciones; incluye la figura de un evaluador externo para el SACMEX, incentiva la captación de agua pluvial, y privilegia la sustentabilidad de las fuentes, aunque también tiene sus detractores.

A nivel nacional quizás en esta legislatura federal alcance a cocinarse la Ley General de Aguas que es urgente y necesaria para el país, pero cuya discusión no será nada fácil por el sinnúmero de intereses, expresiones y perspectivas que convergen en ello (solamente en el campo se destina el 72 - 77% del agua dulce y ello lo convierte en una bomba polí­tica nada fácil en un contexto de elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina). Sin embargo, aún y cuando hipotéticamente ganaran en el congreso mexicano las coincidencias, sin lugar a dudas asegurarle un buen presupuesto que alcance para cubrir tanto la nueva infraestructura, el mantenimiento de la existente, y garantizar la sustentabilidad ambiental será crucial sin importar el borrador que se discuta.  

Es un sinsentido no invertir en el agua, y para ello, aquí­ les recuerdo algunas cifras: $120,000 millones de pesos el costo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (6.5 mil millones de dólares); el del avión presidencial, $10,000 millones de pesos; las investigaciones en torno a los sobornos en el país por parte de la empresa brasileña Odebrecht ya alcanzan los 16 mil millones de dólares repartidos entre Veracruz, Michoacán y los directivos de Pemex. El costo estimado de la corrupción en México durante 2015, fue de 6 mil 418 millones de pesos de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Quizás si este dinero se hubiese colocado de manera estratégica y honesta entre otros rubros como en el sector del agua habría salvado más vidas y viviendas de nuestros hermanos afectados recientemente por el terremoto que azotó a la Ciudad de México.

¿De qué sirve tener millones sucios en los bolsillos si eventualmente habría menos agua para el consumo humano, o saldrá más cara la factura por la erosión de los suelos y la falta de alimentos, o el costo de las pérdidas por huracanes e inundaciones? Ello nos afecta a todos por igual, seamos ricos o no, indí­genas o urbanos. Es lamentable la falta de visión que prevalece con respecto a dónde debe acentuarse la agenda pública (salud, alimentación, agua y educación, por ejemplo), y el no tener conciencia de la interconectividad, ya que el dinero que se roba hoy se revertirá con creces en el futuro cercano.

Invertir en el agua es una prioridad, y las posibles fuentes para fondearla parece que son las más evidentes...

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