En 2026, México ejercerá un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 10.19 billones de pesos (unos 479 mil millones de euros). De ese monto, alrededor de 7 billones (≈ 329 mil millones de euros) corresponden a gasto programable, es decir, al dinero que realmente se orienta a políticas públicas, programas, inversión y servicios; el resto (unos 3 billones de pesos, ≈ 141 mil millones de euros) se destina a gasto no programable, fundamentalmente servicio de la deuda y obligaciones financieras del Estado.
En paralelo a la aprobación del PEF 2026, el Congreso mexicano aprobó una nueva Ley General de Aguas (LGA), impulsada por la bancada gobernante bajo el argumento de que era necesario garantizar el derecho humano al agua de todas y todos los mexicanos. El discurso es impecable: derecho humano, justicia hídrica, “primero los pobres”.
Pero cuando bajamos del discurso a los números del presupuesto, la historia vuelve a ser incómoda.
1. Dos fotografías del mismo problema: 0.52% vs 0.19%
Para entender qué lugar ocupa el agua en las prioridades fiscales de México en 2026, podemos mirar el presupuesto desde dos ángulos complementarios.
1.1. Lectura “amplia”: todo el presupuesto de CONAGUA
Si tomamos todo el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para 2026 —del orden de 36–37 mil millones de pesos (≈ 1.7 mil millones de euros) según el paquete aprobado— y lo comparamos contra los 7 billones de gasto programable (≈ 329 mil millones de euros), obtenemos aproximadamente:
- 0.52% del gasto programable federal.
Traducido al lenguaje de bolsillo: de cada 100 pesos que el Estado mexicano gastará en 2026, poco más de 50 centavos se asignan a CONAGUA considerada en su conjunto.
Esta es, muy probablemente, la lectura que el propio gobierno utilizará para defender su esfuerzo en materia hídrica: “no son 13 mil, son 37 mil millones de pesos para agua”.
1.2. Lectura “fina”: solo los programas estrictamente hídricos
Sin embargo, si afinamos la lente y revisamos solo los programas presupuestarios que se traducen directamente en infraestructura, operación y servicio de agua, la cifra cambia.
Dentro del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, los programas hídricos explícitos (operación y suministro hídrico, gestión integral, infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento, infraestructura hidroagrícola, apoyos a infraestructura y articulación de políticas hídricas) suman en el PEF 2026 alrededor de 13,282 millones de pesos (≈ 624 millones de euros).
Comparados con los 7 billones de gasto programable (≈ 329 mil millones de euros), equivalen a:
- 0.19% del gasto programable,
es decir: 19 centavos de cada 100 pesos que el gobierno federal ejerce en políticas públicas se destinan a programas estrictamente hídricos.
La diferencia entre la lectura amplia y la lectura fina es importante:
- La primera incluye todo: nómina, gasto corriente, administración y otros conceptos.
- La segunda se enfoca en el corazón operativo e inversor del sector: lo que efectivamente llega a redes, plantas, presas, sistemas de drenaje, protección contra inundaciones y gestión del recurso.
En una y otra lectura hay un punto en común: ni siquiera sumando todo el presupuesto de CONAGUA, el agua alcanza el 1% del gasto programable federal.
2. “Primero los pobres”… ¿con qué escala de inversión hídrica?
La brecha se entiende mejor cuando comparamos el agua con otros grandes rubros del PEF 2026.
2.1. CONAGUA frente a Bienestar y Tren Maya
Si tomamos la lectura más generosa —todo el presupuesto de CONAGUA (~37 mil millones de pesos, ≈ 1,74 mil millones de euros)— y la comparamos con otros ramos y proyectos, la foto es la siguiente:
- Ramo 20 “Bienestar” (pensiones y programas sociales prioritarios): ≈ 674,510 millones de pesos (≈ 31,7 mil millones de euros).
- Presupuesto ampliado de Programas para el Bienestar (sumando varios ramos): ≈ 1 billón de pesos (≈ 47 mil millones de euros).
- Tren Maya, solo ese proyecto de infraestructura ferroviaria: ≈ 30,000 millones de pesos (≈ 1,41 mil millones de euros).
Las proporciones son elocuentes:
- Bienestar (solo Ramo 20) vs CONAGUA
674,510 / 37,000 ≈ 18 veces más.
- Programas para el Bienestar (≈ 1 billón) vs CONAGUA
1,000,000 / 37,000 ≈ 27 veces más.
- Tren Maya vs CONAGUA
30,000 / 37,000 ≈ 0.8 → es decir, un solo proyecto ferroviario recibe en un año casi lo mismo que todo el organismo nacional del agua.
O visto desde CONAGUA: incluso con la lectura más generosa, todo el presupuesto de la autoridad hídrica nacional es casi 18 veces menor que el Ramo de Bienestar y solo 1.2 veces mayor que el Tren Maya.
El problema no es que exista un fuerte esfuerzo social ni que se invierta en infraestructura ferroviaria; el problema es que, si el agua se mantiene en esta escala presupuestal, “primero los pobres” no será sostenible en el tiempo, porque los primeros en pagar la factura de la crisis hídrica siempre son los más vulnerables.
3. La memoria que incomoda: lo que recomendaba la Agenda del Agua 2030
Esta foto se vuelve aún más contundente si recordamos que México ya hizo, hace quince años, el ejercicio de preguntarse cuánto debía invertir en agua para que el recurso no se convirtiera en freno estructural al desarrollo.
La respuesta se plasmó en la Agenda del Agua 2030 (AA2030), elaborada por CONAGUA con apoyo de la firma McKinsey. El documento identificó cuatro grandes ejes:
- Cuencas y acuíferos en equilibrio
- Ríos limpios
- Cobertura universal de agua potable y alcantarillado
- Asentamientos seguros frente a inundaciones
Con base en modelos de oferta–demanda y escenarios de crecimiento, la AA2030 estimó que México debía invertir más de 1 billón de pesos entre 2010 y 2030 (unos 47 mil millones de euros a precios de entonces), con un promedio anual del orden de 51 mil millones de pesos (≈ 2,400 millones de euros) a precios de 2010.
Actualizando esa cifra a precios actuales (inflación acumulada de alrededor de 1.9 veces de 2010 a 2025), la senda de inversión recomendada por la AA2030 equivaldría hoy a aproximadamente: ≈ 97 mil millones de pesos anuales en agua (unos 4,6 mil millones de euros al año),
lo que representaría del orden de 1.4% del gasto programable, no 0.19%.
La comparación con el PEF 2026 es inmediata:
- Recomendación AA2030 (actualizada): ≈ 97 mil millones de pesos al año (≈ 4,6 mil millones de euros).
- Programas hídricos estrictos en el PEF 2026: ≈ 13,282 millones de pesos (≈ 624 millones de euros).
Es decir: hoy México está invirtiendo en agua aproximadamente 1 de cada 7–8 pesos de lo que la propia AA2030 planteó como senda mínima.
Y estamos, además, a solo cinco años de 2030.
4. El agua como palanca de desarrollo y como seguro frente al clima
Más allá de los porcentajes, lo que está en juego es la capacidad del país para sostener su desarrollo económico y social en un contexto de cambio climático acelerado.
4.1. Sin agua no hay combate a la pobreza ni seguridad alimentaria
El agua es palanca de:
- Combate a la pobreza: Sin servicios básicos de agua y saneamiento, la pobreza se vuelve estructural. Los hogares más pobres pagan más por agua de mala calidad o por pipas, y son quienes más sufren cortes, sequías y contaminación.
- Seguridad alimentaria: La agricultura de riego y el uso eficiente del agua determinan precios, productividad y estabilidad de los sistemas agroalimentarios.
- Salud pública y productividad: Enfermedades hídricas, pérdida de días de trabajo, afectaciones a la educación (niñas y niños que caminan kilómetros por agua).
Si hablamos en serio de “primero los pobres”, garantizar el agua debería ser una decisión presupuestal prioritaria, no un residuo del presupuesto después de repartir otros rubros.
4.2. Cambio climático: más estrés hídrico, más eventos extremos
El cambio climático está modificando el ciclo del agua:
- Zonas que históricamente eran húmedas enfrentan sequías recurrentes.
- Aumenta la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos: huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones repentinas.
- La calidad del agua se ve afectada por temperaturas más altas, menor dilución de contaminantes y eventos de contaminación súbita.
En esa realidad: No invertir en agua es multiplicar el costo futuro en desastres, reconstrucción, pérdida de productividad y conflictos sociales.
Y, como siempre, los más pobres son quienes pagan las facturas más altas:
- Viven en las zonas más expuestas (laderas, márgenes de ríos, asentamientos irregulares).
- Tienen menos recursos para recuperarse de una inundación, una sequía o un colapso de infraestructura.
- Son los últimos en ser atendidos cuando el sistema está saturado.
Por eso, la inversión en agua no es un lujo ni un capricho sectorial: es un sí o sí de adaptación climática, cohesión social y estabilidad económica.
5. Hacia nuevas vías de financiamiento hídrico
Con las cifras del PEF 2026 sobre la mesa, es evidente que el Estado mexicano, por sí solo, no está financiando el agua a la escala que requiere su propia planeación (AA2030) ni los compromisos de la Agenda 2030 de la ONU.
La ruta no puede limitarse a pedir “más presupuesto” cada año. Se necesitan, al menos, tres movimientos coordinados:
5.1. Revalorar el agua en la agenda fiscal
- Definir como objetivo explícito elevar el gasto hídrico desde el actual rango de 0.19%–0.52% del gasto programable hacia niveles más cercanos a lo que recomienda la AA2030 (del orden de 1%–1.4%).
- Tratar el agua como un asunto de seguridad nacional y estabilidad macroeconómica, no solo como una preocupación sectorial.
5.2. Explorar y ordenar fuentes de financiamiento complementarias
- Asociaciones Público–Privadas (APP/PPP) bien estructuradas para proyectos metropolitanos y regionales:
- acueductos, plantas de tratamiento y reúso,
- protección contra inundaciones y gestión de riesgos.
- Banca de desarrollo nacional e internacional (BANOBRAS, FONADIN, Banco Mundial, BID, entre otros) como ancla para proyectos bancables con métricas claras de servicio, eficiencia y equidad.
- Finanzas verdes y fondos climáticos internacionales para proyectos de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza.
5.3. Fortalecer las capacidades de los organismos operadores
- Invertir en medición, reducción de fugas, gestión comercial y planeación financiera.
- Diseñar políticas que premien la eficiencia (más recursos para quienes demuestran reducción de pérdidas y mejora de calidad).
- Impulsar instrumentos regulatorios y fiscales que desincentiven la contaminación y generen recursos para saneamiento y restauración de cuencas.
6. Mirar más allá del 2026: del sexenio a la política de Estado
El mensaje de fondo es sencillo y duro a la vez:
- Sin agua no hay bienestar sostenible.
- Sin inversión suficiente, el derecho humano al agua se queda en el papel.
El PEF 2026 nos muestra un país que apuesta fuerte por los Programas del Bienestar, por grandes proyectos ferroviarios y por el rescate energético, pero que sigue tratando al agua como un rubro menor, incluso cuando se contabiliza todo el presupuesto de CONAGUA.
Pensando ya en el PEF 2027 y en lo que queda de camino hacia 2030, la discusión técnica y política debería desplazarse de la pregunta: “¿Ya tenemos Ley General de Aguas?” a una pregunta mucho más incómoda y necesaria: ¿Estamos dispuestos a mover el presupuesto para que el agua deje de valer 19 centavos por cada 100 pesos de gasto público?
Solo cuando la respuesta sea sí —y se vea reflejada en los números— podremos decir que México empezó a tratar el agua no como un tema sectorial, sino como el corazón de su proyecto de futuro, de combate a la pobreza y de supervivencia humana y ambiental frente al cambio climático.
