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El gobierno del agua en la historia de México

Sobre el blog

Estrellita Fuentes Nava
Politóloga y periodista, con 21 años de práctica en el sector del agua en México. Fue Gerente de Cooperación Internacional de la CONAGUA, y actualmente es consultora privada en agua y saneamiento, así como en análisis de riesgos políticos.
  • gobierno agua historia México

La cosmovisión de los pueblos indígenas en torno al agua en la época prehispánica se reflejaba en los usos y costumbres con los que regulaban su uso en aquella época. En su práctica se observaba una mezcla entre el sentido de la sacralidad, con las más avanzadas soluciones de ingeniería de la época que incluían desde la construcción de acueductos, sistemas de captación de agua pluvial, baños públicos, sistemas de desagüe, jagüeyes para las épocas de sequías, hasta el sistema de chinampas para el uso agrícola y urbano en la antigua Tenochtitlán.

Con la llegada de los españoles este sistema de gobierno del agua cambió, porque las ordenanzas de la época establecieron que el recurso era propiedad de la Corona y su uso debía ser autorizado por los funcionarios que le representaban. Las prácticas tecnológicas también evolucionaron, porque se incorporó el uso de la rueda, o de los animales para mover tornos y extraer el agua, e incluso se abrazaba el sueño de construir el nuevo imperio sobre las ruinas de la extinta Tenochtitlán mediante métodos como la desecación del sistema de lagos del Valle de México. Es decir, con la introducción de un nuevo sistema político a la usanza española se incorporó también un nuevo modelo para el manejo del agua, que pasó de ser comunitario a un uso particular, además de despojarle de su carácter sagrado como lo concebían nuestros pueblos antiguos.

Durante los cuatro siglos posteriores, los asuntos del agua no se trataban como tales, sino que su uso y manejo se depositaban en manos de las autoridades locales ya fuese para el uso humano o agrícola, o hasta su evolución como uso industrial, debido al surgimiento de las máquinas movidas por agua. En la época Liberal hacia 1888, el recurso agua adopta un cariz similar a los ideales de la época (el del comercio y las vías de comunicación) y por primera vez se le circunscribe bajo una Ley de Fomento, y una Ley de Vías Generales de Comunicación. Ello representó un paso más hacia el camino de la centralización política que caracterizaría al federalismo mexicano, toda vez que el agua comenzó a convertirse en un recurso valioso para los grupos empresariales.

Con la llegada de los españoles este sistema de gobierno del agua cambió, porque las ordenanzas de la época establecieron que el recurso era propiedad de la Corona y su uso debía ser autorizado por los funcionarios que le representaban

En la época del General Porfirio Díaz (quien gobernó al país durante 35 años), se expidió la primera ley sobre aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal, y se fijaron las normas escritas para regular la explotación y la apropiación de las aguas; se indicaba que la Secretaría de Fomento sería la instancia que reglamentaría y tramitaría los expedientes sobre concesión para uso y aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal. Posteriormente con la Revolución Mexicana de 1910 y el triunfo del grupo “constitucionalista” en 1915 no hubo cambios en las políticas del agua a nivel federal dado que se establece en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que data del año 1917, el agua es propiedad de la nación, además que se retomaron muchos de los artículos de la legislación porfirista. Se creó la Secretaría de Agricultura y Fomento que se encargaría entre otras tareas, de la cuestión agraria y de administrar las aguas de propiedad federal.

Cabe señalar que la prioridad en aquel entonces fue la de convertir en realidades los compromisos heredados por la Revolución Mexicana destacando el alivio de la pobreza y la seguridad alimentaria, por lo que la perspectiva que se adoptó fue la de garantizar el agua para uso agrícola. Se invirtieron grandes recursos para la construcción de las presas que conocemos ahora, hasta alcanzar un consumo de agua superficial como el que hoy tenemos hoy en día del 72% destinado a la agricultura (con un fuerte desbalance en cuanto a producción versus consumo de agua por la falta de tecnificación).

A partir de 1994 la CONAGUA se creó como un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), bajo un contexto en el que los movimientos globales a favor del medio ambiente cobraban cada vez más fuerza, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre para la Tierra) que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. La Ley de Aguas Nacionales vigente desde entonces reconoce a través de diversos apartados el papel de la sociedad en la toma de decisiones a través de los consejos de cuenca (hay 13 en todo el territorio), así como mediante el Consejo Consultivo del Agua; sin embargo, en la práctica, no son espacios tan determinantes para las decisiones de la política nacional del agua: son principalmente espacios deliberativos y de consulta, y en una gran mayoría de los casos validadores de las decisiones que emanan del Ejecutivo Federal.

Como se puede observar a lo largo de este breve recuento histórico, la arquitectura del sistema político que ha caracterizado cada época en nuestro país, ha determinado también el gobierno del agua y sus propósitos: se transitó de un modelo democrático por parte de los pueblos indígenas originales, hacia un modelo centralista en la Nueva España. Después se dispersó durante cuatro siglos al no regularlo y dejarlo para el libre albedrío de los poderes regionales, hasta que se le reconoció con una utilidad económica, y el Estado comenzó a regularlo (época liberal). Asimismo, cuando en la época de la Revolución se tuvo la oportunidad de transitar hacia un nuevo modelo de gobierno del agua, el Estado continuó con la tradición de ser el rector en un sentido paternalista. Y años después, por el uso sin control de explotación de los cuerpos de agua, surgió la necesidad de dar un nuevo giro a favor de la conservación ambiental (años de los 90’s), pero manteniendo aún el modelo centralista.

De esta manera, con la probable nueva discusión en el Congreso Federal de México de una nueva Ley General de Aguas se abre no sólo la posibilidad de actualizar el marco legal, sino también de replantear el modelo de gobierno del agua en el que hay dos rutas a elegir: o se sigue privilegiando un sistema centralista, que a la larga ha demostrado no ser del todo sustentable; o se abre la posibilidad de generar un nuevo modelo más democrático, en el que todos los usuarios no sólo sean tomados en cuenta, sino que también participen en el desarrollo de un verdadero sistema de pesos y contrapesos.

Y así como con el gobierno del agua hay muchas otras agendas sociales y humanas que siguen siendo diseñadas como instrumentos de control, más que a partir de espacios de deliberación y participación ciudadana, haciéndolas proclives a la corrupción y la ausencia de transparencia. Ojalá la condición crítica que vive el agua nos ayude a sumar y a transitar hacia modelos de política más participativos que centralistas.