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Las paradojas del agua en México

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Sobre el blog

Estrellita Fuentes Nava
16 años de práctica en el sector en México. Fue Gerente de Cooperación Internacional de la CONAGUA. Hoy es consultora privada en agua y saneamiento, y ha desarrollado estudios y proyectos para el BID y para empresas nórdicas e israelíes en su país.
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De acuerdo a las estadísticas, hoy hay nueve millones de mexicanos que no tienen servicio de agua potable y 10.5 millones que no cuentan con alcantarillado. De los 13,9 miles de hectómetros cúbicos de aguas residuales que se generan al año, sólo se trata un 37,8% . El sector industrial vierte en un año 5,3 kilómetros cúbicos de aguas residuales, en los ríos y mares de México. En los aspectos de salud, la diarrea (una de las enfermedades asociadas al agua contaminada) es la principal enfermedad intestinal en el país: se calcula que al año se producen 5.521 casos por cada 100.000 habitantes.

Daniel Rocha, del programa PUMAGUA de la UNAM, señala que los mexicanos gastamos 45.000 millones de pesos al año en agua embotellada, lo cual nos habla de la desconfianza que impera en torno a la calidad del agua que llega a nuestras casas, así como la falta de acceso en las comunidades marginadas o rurales que son las que más gastan en ello. Este monto equivale casi al doble del presupuesto que tiene la CONAGUA. También el investigador hace un recuento en el sentido de que en 1980 el agua en botellas era un asunto de élites, pero que a raíz del temblor de 1985 la Ciudad de México tuvo averías en su red de distribución, por lo que su uso se popularizó aún más, y se acentuó con la epidemia de cólera en 1991. De acuerdo a sus cálculos las familias en el medio rural en México gastan 52,6 pesos (2,44 euros)  en promedio para acceder a agua limpia embotellada. Caso paradójico si tomamos en cuenta que por ejemplo en el caso la ciudad de Morelia en donde la tarifa de consumo en un rango de cero a 20 metros cúbicos en zona residencial (nivel 4) es de 19.85 pesos (10 euros) el metro cúbico por bimestre.

También otro de los sinsentidos que encontramos en el país es que la Coca Cola tiene más penetración en los hogares mexicanos con un 98,5 %, que el acceso al agua potable, bebible y libre de impurezas. Y es que no es lo mismo hablar del agua por ejemplo en la Ciudad de México en una delegación como la Miguel Hidalgo o Álvaro Obregón que en Tláhuac o en Iztapalapa zonas en donde al abrir la llave del agua, ésta sale café y con residuos, por lo que es imposible utilizarla para consumo humano o para lavar la ropa. 

El 70 % de los lagos, lagunas, ríos, y otros cuerpos de agua en México tienen algún grado de contaminación, ello de acuerdo al Primer Informe Contraloría Social, realizado al Programa de Tratamiento de Aguas de la Conagua entre 2009 y 2016, en el que se invirtieron 12 mil millones de pesos. El estudio agrega que el gobierno desconoce la calidad en la que están más de la mitad de los 653 acuíferos que hay en el país, y ello en gran medida es por la falta de estaciones de monitoreo de calidad del agua, porque las que hay sólo observan al 50 por ciento de nuestros cuerpos de agua. Y si no se tiene información pormenorizada de los contaminantes vertidos se carece de instrumentos y herramientas claras para poder sancionar a quienes arrojan desechos a nuestra agua sin ningún pesar, y sin ningún control. Lo malo es que la CONAGUA y las instituciones de medio ambiente están siendo objeto de recortes cada vez más severos en la actual administración federal por lo que están casi imposibilitados para poder ejercer su función a cabalidad. La ley les exige mucho, pero no les pone con qué.

El acceso al agua limpia es un derecho humano, como lo estipula la ONU desde el año 2010, y en el caso de México, en la última reforma del artículo cuarto constitucional, publicada el 8 de febrero de 2012, garantiza la “disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”. Cuando se aprobó esta reforma, el Congreso mexicano se dio a sí mismo 360 días naturales para la promulgación de una Ley General de Aguas que garantice lo establecido en dicho artículo. A la fecha han transcurrido siete años y ello sigue detenido: aún no se sientan las bases legales para el derecho humano al agua en nuestro país.

Así que tenemos diversas paradojas en cuanto al mundo del agua potable en México: hay cobertura amplia de redes, pero baja calidad para consumirla, por lo que gastamos más en agua embotellada y en Coca Cola, y eso les cuesta más dinero a los más desprotegidos; el 70 por ciento de nuestros cuerpos de agua están contaminados, pero la mitad de ellos no tienen equipos de monitoreo; hay una Constitución que garantiza el derecho humano al agua salubre, pero un Congreso que lleva siete años sin legislar en la materia; tenemos leyes que tipifican a los que contaminan, pero no tenemos información en tiempo real para aplicar las vías legales y sancionarlos; gastamos más en agua embotellada per cápita al año, que el presupuesto nacional que tiene la CONAGUA.

Ojalá que la actual administración que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador se sensibilice más a los temas ambientales y del agua, toda vez que si la agenda principal es privilegiar a los que viven en pobreza, el agua es un componente indispensable para hacer la diferencia en las comunidades marginadas, y les ahorraría bastante en su economía si dispusieran de agua potable en cantidad y calidad suficientes, evitando así que sigan gastando en garrafones o en refrescos. También es un tema de salud pública ya que somos de los países con mayor población con diabetes y sobrepeso.

La agenda del agua y la agenda ambiental no son accesorias y prescindibles como para quitarles financiamiento; son vitales y de elementales y de supervivencia humana, por lo que muy al contrario, habría que fortalecerlos.

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