Seguramente ya te habrás enterado de la bomba informativa del pasado 16 de marzo: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anula la creación de la empresa mixta Aigues de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua (ABEMGCIA), formada por la Sociedad General d’Aigües de Barcelona (SGAB, empresa cabecera del grupo AGBAR) y por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La razón de esta sentencia es no haber justificado correctamente por qué se aplicó la excepción a la licitación pública en la adjudicación del contrato, es decir, no haber expuesto motivos técnicos o económicos suficientes para no abrir un concurso público en el que pudieran haber concurrido otras empresas del sector del agua.
Dicha sentencia no es firme dado que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, y Aigües de Barcelona ya ha manifestado que seguirá dando el servicio a las más de 3.2 millones de personas que viven en el área metropolitana hasta que no haya una sentencia firme que diga lo contrario. Pero esto reabre las puertas al eterno debate sobre la remunicipalización del agua. Plataformas como Aigua és vida ya han vuelto a reivindicar que la empresa mixta debe desaparecer y la gestión del abastecimiento de agua pasar a las manos de un operador público.
Esta reivindicación no es nueva, ni exclusiva a Barcelona. En los últimos 15 años, la remunicipalización del agua se ha acelerado de forma vertiginosa, convirtiéndose hoy en una fuerte alternativa a la privatización. Desde 2000 a 2015, se han dado 235 casos en más de 30 países donde el servicio de agua y/o saneamiento se han remunicipalizado.
Pero, para entender el por qué de esta tendencia, hay que reflexionar sobre cuatro preguntas básicas: ¿qué es remunicipalizar el agua? ¿por qué se lleva a cabo? ¿cómo? y ¿dónde?
¿Qué es remunicipalizar el agua ?
Remunicipalizar consiste en devolver los servicios de agua y/o saneamiento, previamente privatizados, al control público. Esto no sólo implica que las autoridades locales vuelvan a ser propietarios de los activos, sino también los responsables de la operación y gestión del servicio.
La remunicipalización va más allá de un mero cambio de titular del activo y gestor del servicio
Pero, para los defensores de la gestión pública del agua, la remunicipalización va más allá de un mero cambio de titular del activo y gestor del servicio. Representa una nueva forma de entender el agua, en la que este recurso se trata más como un derecho básico que un bien económico. Además, en muchos casos, remunicipalizar el agua se ha convertido en una reivindicación social y política, en la aspiración a construir una gobernanza democrática y transparente del agua.
¿Por qué se decide remunicipalizar el agua?
La decisión de remunicipalizar el agua se toma en la mayoría de los casos cuando las empresas privadas no cumplen con sus obligaciones contractuales o cuando se entiende que el contrato en cuestión deja de ser social y/o económicamente sostenible. Los factores que conducen a esta decisión son diversos, pero repetidos en todos los casos, como: bajo rendimiento, falta de inversión, subida de las facturas del agua, dificultad de supervisar a las operadores privados, falta de transparencia y rendición de cuentas, recortes de plantilla, mala calidad del servicio…
Pero la razón principal por la que muchas autoridades locales deciden municipalizar los servicios es porque entienden que así serán más eficaces, inclusivos y responsables ante los ciudadanos. Consideran que la remunicipalización permite eliminar el imperativo básico de los operadores privados de “maximizar los beneficios”, de modo que se consigue mejorar el acceso y la calidad de los servicios a un menor precio.
¿Cómo se puede remunicipalizar el agua?
El mejor modo de remunicipalizar el agua es, sin duda, cuando expira el contrato con el operador privado, porque así se puede decidir no renovar el contrato y se evitan posibles conflictos con la empresa y las correspondientes indemnizaciones. Este es el caso de muchas ciudades de Francia, en las que se ha esperado hasta la fecha de renovación para poner fin a la privatización del agua; y, mientras llegaba la fecha, se ha ido desarrollando el modelo de gestión pública.
La remunicipalización del agua se puede realizar de varias formas: no renovar el contrato una vez vencido o terminarlo antes de su fecha de vencimiento
Pero, a pesar de ser la mejor vía, esta sólo se da en la mitad de los casos (46,7%). En el resto (41.8%), la remunicipalización se ha conseguido rescindiendo los contratos, es decir, terminándolos antes de su fecha de vencimiento. Esto implica tener que incurrir en importantes costes de indemnización, especialmente cuando el contrato no contempla una cláusula de “rescisión por conveniencia”. Aun así, muchos ayuntamientos, especialmente en EE.UU. y España, han optado por rescindir los contratos, justificando que era una opción menos costosa e insostenible a largo plazo que mantener la privatización de los servicios.
Por otro lado, hay una minoría de casos (3.1%) en los que es la propia empresa privada quien decide terminar el contrato al entrar en fuerte conflicto con las autoridades. El caso más conocido es el de Azurix (subsidiaria de Enron) en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. En otros casos puntuales (1.3%), la remunicipalización se lleva a cabo comprando las acciones y activos de la empresa privada, evitando así conflictos legales pero endeudándose para poder hacer frente a los costes. El caso más claro sin duda es el de Berlín, donde el estado de Berlín volvió a comprar las acciones propiedad de la empresa RWE por 1,300 millones de euros.
¿Dónde se opta por remunicipalizar el agua?
La remunicipalización del agua es ya una fuerte tendencia a nivel mundial, que se da tanto en países de renta alta (79,1%) como países menos desarrollados (20,8%). La mayoría de los casos se da en los primeros países porque sus autoridades locales son menos dependientes de préstamos de bancos internacionales y por tanto tienen más poder y recursos administrativos.
De entre las naciones en las que más se ha optado por remunicipalizar el agua destaca Francia (94 casos, 7,5 millones de personas afectadas) y EE.UU. (58 casos, 5,7 millones), ambas con una larga trayectoria en la privatización del agua y con las principales multinacionales del sector. Y de entre las ciudades en las que más personas se han visto afectadas destacan Jakarta (Indonesia), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia) y Kuala Lumpur (Malasia) con 9,9, 9, 7 y 5,4 millones de personas, respectivamente. Esto evidencia que la remunicipalización es una opción válida para hacer frente a las crecientes demandas de agua en las zonas más urbanizadas del planeta.
En definitiva,
La remunicipalización del agua sigue siendo objeto de debate: para muchos, una gestión privada del servicio bien ejecutada no tiene por qué ser más cara y eficiente; para otros, una gestión pública es la única opción para mejorar el servicio y conseguir que el agua deje de verse como un bien económico sino un derecho social. Pero, independientemente de si se defiende o no la devolución del servicio a manos públicas, lo que es indudable es que la remunicipalización es una alternativa que ha llegado para quedarse.
