El deber de indemnizar ante la rotura de un canal

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Sobre el blog

Fernando López Alonso
Abogado. Profesor Asociado de Derecho Civil en la Universidad de Murcia. Doctor en Derecho. Master en Derecho de la Empresa (ICADE).
  • Esclusas de Casablanca en el Canal Imperial de Aragón (Wikipedia)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso), nº de recurso 164/2006, de 6 de octubre de 2008, resuelve sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial que presentaron los afectados por los daños causados en sus fincas rusticas debidos a la rotura del Canal Imperial de Aragón, reclamación que se dirigió a la Confederación Hidrográfica del Ebro (en adelante, la “CHE”), como Administración responsable de la gestión dicho canal.

Los afectados por los daños, reclamaron a la CHE, que en un primer momento no contestó, si bien más adelante, procedió a estimar parcialmente la reclamación efectuada, aceptando indemnizarles con la cantidad de 28.923,57 euros (de los 216.803 euros solicitados), lo que fue rechazado por dichos afectados, quienes continuaron su reclamación por la vía judicial, dándose lugar a la sentencia que se está analizando.

Como hechos que se consideran probados por la sentencia deben destacarse los siguientes:

1. El día 7 de septiembre de 2004 a consecuencia de las intensas lluvias caídas en Navarra, La Rioja y Aragón se produjo el desbordamiento del Canal de Lodosa, gestionado por la recurrida (la CHE) y a pesar de que se habían abierto todos su desagües y que en cabecera llevaba 10 metros cúbicos en agua.

2. Parte de las aguas del desbordamiento del Canal de Lodosa fueron interceptadas por el Canal Imperial de Aragón. Por motivo del aumento de caudal que ello suponía de este último Canal, que también había aumentado considerablemente por razón de las lluvias, se procedió a cerrar su toma de agua, a la vez que se abrieron todos sus desagües con el fin de evitar su desbordamiento, operación de cierre que tuvo lugar a las 2.00 horas del mismo día 7.

3. A consecuencia de todo ello, en el Canal Imperial de Aragón, se produjo una rotura en el cajero en el punto kilométrico del Canal 35,070, desbordándose dicho Canal en varios puntos, empleándose sus acequias como desagüe, inundándose las parcelas de cultivo colindantes con la margen izquierda del Canal, donde se incluían las fincas de los afectados.

El artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico, establece que “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. El Tribunal Supremo ha desarrollado dicho artículo 139 determinando que para que una Administración Pública deba indemnizar a un particular deben concurrir los siguientes requisitos (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, nº de recurso 2506/2011, de 22 de junio de 2012): 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.

c) Ausencia de fuerza mayor (acontecimiento extraordinario que se desarrolla desde el exterior, de forma imprevisible y que no hubiera sido posible evitar ni con la mayor diligencia).

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta”.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón señaló que concurrían dichos requisitos en el supuesto resuelto en la sentencia referida de 6 de octubre de 2008, al establecer que “Siendo la causa eficiente de la inundación la imposibilidad de soportar el caudal las canalizaciones cuya gestión corresponde a la recurrida…procede que (la CHE) responda de los daños causados por el deficiente funcionamiento del sistema público”.

La CHE no discutía la procedencia de la indemnización como consecuencia de los daños ocasionados por la rotura del Canal Imperial de Aragón en fecha 7 de septiembre de 2004, sin embargo negaba, de una parte que unos determinados daños fueran consecuencia de su actuar, y de otra, el monto de la indemnización.

Sobre la limitación de la indemnización a unos determinados daños solicitada por la CHE

La CHE pretendía limitar los daños los cuales indemnizar a una determinada zona (del total de fincas que el reclamante pretendía que se indemnizara), al considerar que los daños a los que la CHE debía hacer frente eran exclusivamente los producidos por la rotura en el cajero en el punto kilométrico del Canal 35,070.

Dicha alegación de la CHE no fue considerada dado que dicha rotura “no fue el único problema causado por el Canal. Como se indicó, el Canal se desbordó en varios puntos, las acequias fueron empleadas como desagüe y el agua que debió verterse por estos lugares tuvo que ser, necesariamente, de gran volumen si se tiene en cuenta que además de las lluvias recibidas aguas arriba por el propio Canal, tuvo que recoger parte del desbordamiento previo del Canal de Lodosa. De modo que no cabe partir tan solo, como pretende la parte recurrida, de que el agua procediera del punto donde se produjo la rotura, sino de todos los demás, especialmente de haber usado las acequias usadas como desagüe y los múltiples desbordamientos que se produjeron

Igualmente, la CHE pretendía que no fueran indemnizados los daños causados en determinadas parcelas situadas “por debajo de donde pasó el agua”. La sentencia señaló que, “a falta de prueba al respecto, no cabe concluir en modo alguno que no se produjese la inundación de las fincas del actor referidas en su reclamación

Sobre la cuantía de la indemnización

En relación con las cantidades reclamadas por los afectados, y las alegaciones planteadas en su contra por la CHE, el TSJ de Aragón resolvió de la siguiente forma:

Sobre la alegación de la CHE de que debía atenuarse su responsabilidad dado que las intensas lluvias podrían haber sido concausa del daño, en la sentencia se niega tal posibilidad “porque de lo expuesto resulta evidente que fue tan solo la imposibilidad de la canalización de soportar las lluvias, y no la lluvia en sí, el origen del siniestro”.

En cuanto al daño emergente (el valor de las pérdidas sufridas), se fijó la indemnización por el TSJ de Aragón en 127.603,46 euros, sumatorio de las cantidades a percibir por los daños en terreno y en cultivos; en cuanto a los daños producidos en los cultivos, se reclamó por los afectados que se indemnizara por la producción de coliflor, apio, col de Bruselas y tomate, si bien de las cantidades requeridas por tales conceptos, tan solo se concedió el 100% de la indemnización solicitada en los tres primeros casos, dado que, en relación a la cosecha de tomates, tan sólo se indemnizó un 64% de la producción total, “dado el momento del año agrícola”.

En cuanto al lucro cesante (ganancias dejadas de obtener por los dueños de las fincas afectadas), la sentencia negó que se hubiera producido tal lucro cesante, que se cifró por los afectados en la cantidad de 63.919 €, dado que ”no existe ningún otro dato que permita deducir que, por causa de la inundación, una vez reparado el terreno, quede realmente impedida la producción normal de la finca durante un año entero”.

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