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Reflexiones sobre las herramientas de gestión de infraestructuras/recursos hídricos

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Sobre el blog

Fernando López Alonso
Abogado. Profesor Asociado de Derecho Civil en la Universidad de Murcia. Doctor en Derecho. Master en Derecho de la Empresa (ICADE).
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El pasado miércoles 12 de diciembre tuve la oportunidad de asistir a la jornada técnico – administrativa sobre herramientas de gestión para infraestructuras y recursos hídricos organizada en Villena por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’ Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja.

En tal jornada se presentaron diversas herramientas que facilitan el día a día en la gestión de infraestructuras y recursos hídricos, materia en la que surgen problemas, que, en mi opinión, resultan comunes a todo el regadío español, representando un ejemplo de cómo se debe actuar en la gestión hídrica, esto es, procurando una solución conjunta y coordinada a un problema, fórmula que proporciona una respuesta más eficaz que la acción individualizada. En tal jornada se presentaron las siguientes herramientas:

1) Entorno web multiusuario. Herramientas de administración electrónica, transparencia y buen gobierno.

De acuerdo con el art. 2.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Comunidades de Regantes, en cuanto a su condición de Corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, tienen, entre otras obligaciones, la necesidad de publicar en formato electrónico (a través de una web) su normativa aplicable (Estatutos, Ordenanzas, Reglamentos de riego, su estructura organizativa (Junta General, Junta de Gobierno, Jurado de Riego), su concesión o inscripción en el Registro de Aguas, etc.

Comunidades de Regantes las hay muy grandes, con numerosos medios económicos y humanos, pero también existen algunas muy pequeñas que carecen de recursos, y que se ven igualmente obligadas a cumplir con las obligaciones impuestas por la referida Ley 19/2013. Iniciativas como la promovida por la Junta Central facilitan la labor a todos aquellas Comunidades de Regantes que no disponen de medios para cumplir con los requerimientos impuestos sobre transparencia y buen gobierno (requerimientos, que, en mi humilde opinión, cuando se adoptó tal Ley 19/2013 no debieran haberse generalizado a todas las Comunidades de Regantes habida cuenta la existencia de pequeñas Comunidades con escasez de recursos).

2) Semiautomatización en la elaboración de planes de emergencia en balsas.

El art. 367 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico obliga a los titulares de presas y balsas de altura superior a 5 metros o de capacidad de embalse mayor de 100.000 m3 a solicitar su clasificación y registro y elaborar las normas de explotación y los planes de emergencia de la presa y embalse. En este sentido, los planes de emergencia facilitan a la población que pueda ser afectada por una posible inundación conocer el riesgo existente, previendo la forma de actuar en caso de peligro (a través de mensajes mediante sirenas, avisos personalizados como mensajes de textos de teléfono móvil –sms-, etc).

No siendo tan inusual la inexistencia de planes de emergencia en embalses y balsas (véase en este enlace una reciente noticia publicada en el Diario de León que supone un ejemplo de ello) la herramienta desarrollada por la Junta permite simplificar el trabajo a la hora de elaborar uno de esos planes.

Otras utilidades como una herramienta de gestión de infraestructuras y recursos hídricos (que facilita la revisión de las infraestructuras de un usuario o Comunidad de Regantes) y una aplicación móvil para la gestión de información geográfica, como el resto de herramientas mencionadas, permiten a muchos usuarios y Comunidades de Usuarios (y de Regantes) pequeñas, con escasez de medios, acceder a recursos prácticos y eficaces, cumpliendo i) con el cometido que una Junta Central de Usuarios tiene al amparo de los art. 81.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que no es otra que la de proteger sus derechos e intereses frente a terceros y ordenar y vigilar el uso coordinado de sus propios aprovechamientos, y ii) con los principios que deben guiar a cualquier Administración Pública de acuerdo con el art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: servicio efectivo a los ciudadanos, eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales o Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 

La gestión de infraestructuras y recursos hídricos debe venir guiada por la actuación coordinadas y organizada de los agentes que intervienen en tal cuestión

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