El Gobierno debe crear un marco legal favorable para la participación público privada

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  • Planificación deficiente y falta de financiación frenan las soluciones que necesita la depuración del agua

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Hace unos días, Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente, dejaba enterver en una entrevista que en España existen 1.000 aglomeraciones que carecen de las infraestructuras necesarias para la depuración de aguas. Fruto de ello, Bruselas ha sancionado a España en tres ocasiones por incumplimiento de la normativa vigente. Sanciones que pueden desembocar en multas millonarias.

"Hay una vía clara para aumentar la financiación de las infraestructuras de depuración necesarias en España: La participación público-privada"

A esta declaración se suma la realizada por Liana Ardiles, subalterna del anterior y Directora General del Agua en España, quien a primeros de agosto sostuvo que España "no tiene dinero" para cumplir los compromisos de la Directiva Marco del Agua en su actual ciclo 2009-2015 porque "faltan del orden de 9.000 millones de euros en materia de depuración y saneamiento" debido al actual proceso de consolidación fiscal.

Estamos hartos de escuchar que España cuenta con profesionales y empresas pioneras y referentes a nivel internacional capaces, sobradamente, de resolver los problemas a los que se afronta el sector. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El diagnóstico es claro: planificación deficiente y falta de financiación.

En la primera causa espero poder detenerme en artículos posteriores. En cuanto a la segunda, hay una vía clara para aumentar la financiación de las infraestructuras necesarias en España: La participación público-privada. 

Que la época de bonanza económica no va a volver y que no van a ser los fondos estructurales y el Ministerio de turno quien va a sufragar las millonarias inversiones necesarias para resolver el problema es un enunciado admitido por todos. O eso espero. Por contra, el diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras que integran el ciclo integral del agua es requieren de una inversión que, con las condiciones de seguridad que debe proporcionar cualquier marco jurídico que se le precie, puede ser recuperada en un tiempo prudencial. Esto hace que las infraestructuras hídricas sean uno de los activos más llamativos para inversores internacionales.

E insisto en que debe ir aparejado de un marco legal adecuado y firme ya que la participación público-privada no es la panacea en origen. La definición de unas obligaciones de caracter legal obliga a todas las partes a  poner su mejor empeño en el funcionamiento de la infraestructura y su financiación, evitando así conocidos casos que se han dado con anterioridad, especialmente en el continente americano.

A esto hay que añadir que la colaboración público privada no surge únicamente como solución ante un problema de liquidez. Este tipo de colaboraciones propicia una excelente relación enter los ámbitos público y privado que, bien diseñada, permite obtener los mejores beneficios de los dos modelos. El modelo lleva funcionando muchos años en varios países a lo largo del mundo.

Por todo lo anterior, reclamo lo mencionado en el titular del presente artículo: El Gobierno debe crear un marco legal favorable para la participación público privada.

Y no será porque no ha sido ya anunciado que están trabajando en la materia.

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