Gobernanza del agua, de la palabra a los hechos

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  • Gobernanza agua, palabra hechos
  • Por Amelia Pérez Zabaleta, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y profesora Titular en el departamento de Economía Aplicada. Dirige la Cátedra Aquae de Economía del Agua.

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Fundación Aquae
La Fundación Aquae nace con la voluntad de ser un foco de referencia nacional e internacional en torno al agua, desde una perspectiva holística. Creemos en el agua, y queremos compartirlo con la sociedad.
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Pocas veces el agua aparece a principios de año en la recta de salida de decretos, leyes u otras normativas españolas. El primer Real Decreto del año 2016 se refiere al agua. El RD 1/2016, de 8 de febrero aprobó la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas para el segundo ciclo 2015-2021.

La recuperación de costes es una de las líneas prioritarias de la Directiva Marco del Agua aprobada en el año 2000. La Comisión Europea vuelve a incidir en su relevancia como un objetivo prioritario para garantizar el objetivo la sostenibilidad de la gestión del agua. La Dirección General de Medio ambiente de la Comisión Europea plantea la pregunta de hasta qué punto conocemos los beneficios económicos de implantar la Directiva Marco del Agua y los costes a los que nos enfrentamos en caso de su no implementación. Se manifiesta una creciente preocupación por conocer el estado y los avances en investigación en la economía del agua que sirvan como fuente para la revisión de la política de agua en el año 2019.

Existen numerosos estudios e investigaciones pero se manifiesta una carencia de estadísticas y datos oficiales que permitan conocer, valorar y aportar bases sólidas para la toma de decisiones en cuanto a, por ejemplo, las inversiones en el ciclo integral del agua.

Las pocas estadísticas existentes, no obstante, ofrecen información relevante. En lo que se refiere a inversión, los datos del INE muestran que el gasto en los servicios de suministro de agua se ha reducido en los últimos años, partiendo en el año 2000 de niveles de inversión superiores a 450 millones de euros y fijándose en cerca de 250 millones en el año 2013. En los Presupuestos Generales del Estado se detecta una reducción de las partidas presupuestarias de los capítulos de programas de gestión e infraestructuras y calidad del agua de 4.300 millones de euros en el año 2008 a 1.600 millones de euros en el año 2015.

Por otra parte, en cuanto al precio del agua, el último informe de AEAS descubre que el precio del agua ha mantenido una tendencia alcista desde el año 2002, desde cifras algo inferiores a 1€/m3 hasta alcanzar en el año 2012 un precio medio del agua de uso doméstico de 1,59€/m3 a escala nacional. Este nivel de precios se encuentra, sin embargo, muy alejado del pagado en otras ciudades europeas como Glasgow (5,28€/m3) o La Haya (5,28€/m3). Datos más actualizados los podemos encontrar en el último informe de FACUA, que muestra el amplio rango de variación del precio del agua entre diversas ciudades españolas en el año 2015, desde 1,08€/m3 en Valladolid a 2,94€/m3 en Murcia.

Baja la inversión, aumentan los precios. ¿Cómo puede comprender el ciudadano estas señales?

Pueden servir de pista para hacer pensar que nos encontramos en el camino de la recuperación de costes. No obstante, quizás olvidamos que es preciso renovar, que las infraestructuras envejecen, que las necesidades aumentan, que se debe mejorar la eficiencia y caminar hacia la economía circular del agua.

La colaboración entre los agentes (ciudadanos, empresas y Estado) se muestra fundamental. La transparencia y el conocimiento generan la confianza necesaria para avanzar en la línea de la recuperación de costes y alcanzar el objetivo tan demandado de mejorar la gobernanza del agua. Queremos saber, ¿Cuánto se invierte? ¿En qué se invierte? ¿Quién lo invierte? ¿Qué se cubre con el precio en factura y cómo se explica la diferencia de las facturas de agua entre municipios? ¿En qué grado se está recuperando la inversión? Para conocer las respuestas, uno de los pasos pendientes, es el consenso entre los estados de la Unión Europea sobre la elaboración y disponibilidad de estadísticas públicas que sean fácilmente accesibles, comparables y con un nivel de desagregación suficiente que facilite el análisis del impacto de la actividad humana en los recursos hídricos y la toma de decisiones.

Es decir, que la gobernanza no sea solo retórica, sino un hecho. 

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