Todo indica que estamos en un proceso prolongado de cambio multicausales, globales y estructurales que se entrecruzan impactando a la sociedad en varios frentes. No es solo el clima o el agua, son los incendios, las marejadas, el aumento de temperatura, la violencia, la falta de alimentos, la guerra, la degradación de las instituciones que no están respondiendo a las nuevas demandas, la inmigración y varios otros.
Este cuadro, está desarrollando uno o varios escenarios globales y locales nuevos, mucho más complejos de administrar, que nos obliga a diseñar mecanismos, estructuras y procesos más profundos e innovadores que permitan adaptarnos a un entorno que se transforma permanentemente, con una tecnología de inteligencia artificial que irrumpe los procesos productivos, logísticos, culturales, sociales, políticos y económicos, aumentando la incertidumbre de la toma de decisiones.
Estos nuevos procesos, por su magnitud, tienen influencia en las decisiones tanto locales como globales y se manifiestan como requerimientos de la comunidad o de diferentes sectores de la sociedad, forzando cambios que, muchas veces, tensionan la convivencia y los debates, alejando las soluciones o acuerdos para resolver los conflictos, dando como resultado una lentitud o inmovilidad en la gestión pública y su toma de decisiones, que sumado a sectores que no ven una necesidad de cambio, han permitido que el statu quo prevalezca. Esto significa que continuaremos por un tiempo más, degradando nuestras fuentes hídricas, los ecosistemas y el medio ambiente y tampoco resolveremos los requerimientos de las comunidades.
La gestión del agua no está ajena a estas dinámicas de fuerzas que fluyen e influyen en la forma de relacionarnos con la naturaleza, entre las instituciones, de modo que, la larga espera que hemos vivido para que el privado y sector público junto con la comunidad actúen para hacer definiciones de largo plazo será por mucho tiempo, actualmente hay otras prioridades que son más rentables políticamente.
Actualmente, el instrumento más importante para enfrentar las transformaciones son la implementación de las Organizaciones de Cuenca. Estas deben ser una institución que tenga la mirada integral y que represente a amplios sectores relacionados con el agua, su preocupación debe ser la cuenca y en particular la seguridad hídrica equitativa y sustentable con fundamentos técnico y evidencia científica, el levantamiento de información, velar por la conservación de las fuentes, coordinar los proyectos con los servicios públicos y la representación de usuarios y comunidad de la cuenca frente a los órganos del estado a nivel local y nacional, pero deben ser organismos renovados, amplios y participativos, donde el rol fundamental sea más estratégico y no operativo, esto último, corresponde a las organizaciones de usuarios, de la comunidad y de los servicios públicos.
Estas organizaciones de cuencas deben ser públicas-privadas, con autonomía en un contexto de políticas públicas sólidas y con un marco normativo estable. Deben estar integradas por instituciones de usuarios, organizaciones comunitarias, servicios públicos regionales, universidades u otros actores que se relacionan con el agua. No podemos seguir con la mirada absolutista y restringida que el acceso al agua es solo de los titulares de derechos de aprovechamientos de agua y que el estado debe tener un rol administrativo, generando burocracia, desconectado de las cuencas y fiscalizador sin recursos. Esta mirada corresponde a una visión obsoleta, piramidal y de abundancia hídrica, pero frente a la escasez que enfrentamos actualmente no es sostenible, por eso, se requiere una organización que vaya más allá de la oferta y demanda y de los DDAA, que mire el ciclo del hídrico y las fuentes de agua insertas en el medio ambiente.
Por otra parte, un sector de los integrantes de estas organizaciones de cuenca, son los mismos usuarios, donde algunos de ellos, producto de sus actividades o decisiones de su interés, producen la sobre explotación de las fuentes, contaminan las aguas, crean conflictos entre los usuarios. También debe estar el fiscalizador que controla y regula como es el estado y finalmente la comunidad, que es la que reclama y sufre los efectos del manejo del agua. En consecuencia, en la cuenca están las causas de muchos problemas, desavenencias o conflictos y también se encuentran las soluciones a esos problemas. Estas tensiones, más temprano que tarde, afectan a la comunidad, escalando el conflicto más allá de la cuenca, perdiendo el control del problema y de sus efectos, obligando a actuar al estado y otras instituciones para finalmente transformarse en un problema político.
El poder de los Consejos de Cuencas radica exactamente en que es un espacio institucional de deliberación, coordinación y toma de decisiones, donde se encuentran todos los actores de la cuenca, los usuarios directos o indirectos, los buenos y los malos, los públicos y privados, los grandes y los chicos, los que reclaman y los que se defienden, los que contaminan y no contaminan, los con derechos de agua y los sin derechos de agua, todos, para consensuar acciones que permitan una gestión hídrica integrada, sistémica, eficiente y equitativa sin dañar los ecosistemas hídricos, ni perjudicar a unos u otros o mitigar los efectos para que puedan convivir la conservación de los ecosistemas, con el desarrollo de las actividades productivas y los requerimientos de las personas, dando seguridad hídrica a la cuenca.
