La noticia que el agua del Estado de California ha empezado a cotizar en mercado de futuros de Wall Street en base al índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), ha causado rechazo de algunos e interés en otros. En este caso, lo que se cotiza en bolsa no es el agua propiamente tal, sino que son los derechos de aprovechamiento agua (DAA), que permiten a los tenedores de estos papeles a acceder al uso del agua.
En el caso de aquellos estados, como Chile, que cuentan con un mercado formal bastante ortodoxo, colocan el foco fundamentalmente en los incentivos económicos y su diseño respondió a las exigencias del modelo económico que se estaba implementando en los años 80. Por esto, para implementar en mercado del agua, se adoptaron algunas medidas como; a) Separar el agua de la tierra para que los DAA sean transable y transferibles entre privados, pasando a ser dos activos independientes, b) Darle seguridad jurídica a los DAA concibiéndolo como perpetuos se use o no, c) En cuanto al uso del agua, el propietario del DAA puede darle el uso que estime conveniente. El mercado prioriza las actividades más rentable, por sobre lo medio ambiental, la conservación de los ecosistemas acuíferos o lo social y d) El mercado se diseño sin regulación significativa, con el fin que los DAA se puedan transar libremente sin intervención del Estado.
El mercado del agua, permitía la especulación con los Derechos de Agua, situación que fue modificada el año 2005, donde se puso una tasa para aquellos tenederos de estos derechos que no los utilizaban
El país cuenta actualmente con un mercado pequeño, imperfecto y desregulado, un tanto opaco sin mucha información pública, que fija los precios del agua a través de los valores transados de DAA, único instrumento jurídico que permite la norma para tener acceso al uso del agua, de la cual el Código de Aguas nos asegura que es un bien nacional de uso público y esto sucede hace 40 años, desde el año 1981.
Es probable que si tuviéramos un mercado con mayor regulación priorizando el consumo humano y la conservación de los ecosistemas acuáticos, no focalizado exclusivamente en lo económico, es probable que la escasez hídrica que estamos enfrentado podría ser diferente y las críticas al modelo podrían ser distintas y menos intensa. Pero la negativa sostenida de un sector de los usuarios para modificar la normativa, además de la llegada de la sequía y del aumento de la demanda de agua, pusieron a prueba al modelo, que teniendo todo a su favor como contar con su propio marco normativo que incentiva y facilita su aplicación y con un Estado que cuenta con facultades reducidas y restringidas para su intervención y fiscalización de los usuarios y que garantiza el libre uso del agua en cualquier actividad productiva o no productiva, no tuvo la capacidad técnica y política de mitigar los efectos de la crisis hídrica actual, produciendo una serie de conflictos sociales y políticos. Esta situación hizo que aumentara la presión para introducir cambios al modelo que a la fecha solo se han limitado a debatir una modificación al Código de Aguas que aun no termina su trámite legislativo después de 10 años de debate.
La gestión de este mercado, desde su origen, ha tenido una carencia de información y se ha basado en datos que son generales, parciales, dispersos y no son compartidos entre los usuarios y de estos con la autoridad. Por su parte, la institucionalidad pública encargada del agua, tampoco cuenta con información actualizada de la capacidad hídrica de las 101 cuencas con que cuenta el país. Tampoco cuenta con información sólida relacionada con los DAA entregados por el Estado, regularizados e inscritos por los propietarios.
Al parecer el “mercado del agua” con estas características solo puede operar en la abundancia hídrica y en el equilibrio entre oferta y demanda, pero cuando se ve afectado por la escasez hídrica, no es capaz de reaccionar o alertar a los usuarios, no solo por la falta de información, sino que por la rigidez institucional y política de la autoridad. Esto ha impedido avanzar en una transición hídrica que nos conduzca a un proceso de adaptación y enfrentar el nuevo entorno ambiental, social y económicos, que en un futuro cercano será aun más incierto, si no avanzamos con sentido de urgencia y de largo plazo.
En los últimos 20 años, no se han realizado reformas significativas o emitido políticas públicas de largo plazo relacionadas con el sector del agua, solo diagnósticos, estudios y mesas del agua, donde las propuestas de estas no tienen destino, incluso las sugerencias de organismos nacionales e internacionales como el Banco Mundial, BID, OCDE, CEPAL y otros como universidades y el mundo científico para que se realicen políticas públicas, modificaciones estructurales con participación de los actores de cuencas
Finalmente, los acontecimientos muestran que frente a la incapacidad de la política y de las élites de llegar a acuerdos, será la comunidad a través del proceso constituyente quién podrá dar un giro o no a una nueva relación de la sociedad con el agua.
