Transitar del Agua Potable Rural (APR) a los Servicios de Sanitarios Rurales (SSR) es un cambio estructural que impacta tanto al MOP (Ministerio de Obras Públicas) como a los sistemas de APR que no se soluciona, solo capacitando a unos y contratando más personal en otros, es mucho más profundo, es el término de una etapa y el comienzo de otra.
La ley 20.998 y su reglamento regulan la administración y operación de estas organizaciones, aumentando las exigencias en la gestión, explotación y calidad de servicio, además de incorporar el servicio del alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas y su disposición. Esta ley se realizó con la participación de organizaciones comunitarias de APR y su implementación comenzó el año 2022 y se ha modificado en tres ocasiones y se está solicitando una nueva modificación.
Antes de la ley, el sistema de APR no contaba con una institucionalidad y fiscalización formal, solo existía un estado inversor que sostiene la infraestructura y un voluntariado comunitario con pocos recursos que administra y opera un sistema que cada día está más precario. Según los propios dirigentes, cuentan con una “paupérrima infraestructura no adecuada” y tienen entre “un 20 a un 50% de solicitudes de agua que no están en condiciones de entregar.” Este modelo respondió adecuadamente durante décadas (desde 1964) con un servicio de agua potable simplificado que cumplía con las expectativas de la época, pero ya no es posible sostenerlo.
La ruralidad actual, producto del desarrollo urbano, social y tecnológico (internet) del país, junto con la escasez hídrica y la pandemia del COVID, han cambiado considerablemente las expectativas de la sociedad sobre la calidad de vida y del acceso al agua, ya no basta solo el agua potable, por el contrario, al tener agua potable es necesario desarrollar obligatoriamente la recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas para evitar la contaminación doméstica en la población y de las fuentes de agua locales.
No es posible pedirles a todos los dirigentes o los comités actuales que cumplan con las exigencias de la nueva norma, muchos de ellos no cuentan con las competencias en materias como el manejo de tecnologías operacionales, operación de plantas de tratamiento de aguas servidas y alcantarillado, gestión comercial, cálculo y aplicación de tarifas y otras. Por otra parte, el MOP tampoco es posible que pueda asumir esta nueva etapa sin realizar cambios importantes. La subdirección de los SSR no cuenta con personal preparado y una organización robusta que cuente con apoyo político y de recursos materiales, económicos y humanos para lograr que los comités tengan autonomía en la gestión en el corto plazo como lo exige la ley.
Algunos hechos que debemos considerar para entender el objetivo de la norma es que el agua se transformó en un recurso natural escaso, esto requiere de una gestión hídrica técnicamente eficiente en su explotación y usos, en especial en el consumo humano rural, además esta escasez hídrica está presionando la reutilización de las aguas tratadas, pero su obtención requiere de técnicos y profesionales especializados, de igual manera, la incorporación de tecnología y las economías de escala son factores determinantes en el impacto de los costos y la tarifa. Por otra parte, según el INE, la tendencia nacional de la población rural residente se estabilizará entre un 11% y el 12% al año 2035, aun cuando en algunas regiones del sur es de un 20 o 25% del total de la población. Por último, el tipo de usuario o cliente tampoco es igual al de décadas atrás, hoy se están incorporando la segunda vivienda o trasladando familias desde zonas urbanas con su primera vivienda, sin considerar que la inmigración extrajera, en un porcentaje significativo se están radicando en localidades rurales.
En la actualidad, los sistemas rurales tienen una cierta orfandad institucional. El MOP creó una Subdirección de SSR, dependiente de uno de sus servicios (DOH) que se dedica solo a las obras públicas en aguas, donde no existe la visión de gestión y operación de estos sistemas, a modo de ejemplo, se puso término a los contratos de mantención técnica en el país, pero no ha definido cómo se van a reemplazar dejando a las localidades sin el apoyo técnico para la mantención siendo una actividad básica para la operación. Esta situación es una de las que explica el actual deterioro de este servicio.
La Ley, sin ser una excelente norma, es un avance importante, pero su implementación no está siendo la más adecuada, no se avanza solo con capacitación a los dirigentes, el cambio es más profundo y complejo y tomará años en llevarse a cabo. Es necesario que el MOP levante una hoja de ruta con los propios comités para que la población rural entienda los cambios, los tiempos y los objetivos. Finalmente, debemos asumir que el actual modelo de gestión de los APR y del MOP está quedando obsoleto. No es viable implementar la ley si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, existen otras formas que permiten mantener la gestión de la comunidad en la explotación del servicio, pero en forma más eficiente y sustentable.
