Aunque parezca paradójico, América Latina tiene una cantidad importante de las fuentes de agua que existen en el mundo. Algunos indican que el 33% del agua del planeta se encuentra en esta región. Este atributo es hoy parte del problema que debe enfrentar el continente para aumentar las coberturas de servicios sanitarios, entre otras causas, debido a que el agua está mal distribuida en relación a los centros poblados de mayor demanda.
Según los organismos internacionales, la región ha experimentado un aumento en la cobertura de agua potable de un 33% en 1960 a un 95% en el 2015. En el caso del saneamiento, el incremento ha sido más lento; por eso la cobertura actual presenta niveles cercanos al 65% en alcantarillado y un 28% de tratamiento de aguas servidas.
Es cierto que la región ha experimentado mejoras en el acceso al agua potable y alcantarillado, pero es necesario indicar que la medición de este índice está basada en el concepto de Naciones Unidas de una “fuente mejorada de agua potable”, que por su naturaleza de construcción son fuentes precarias, y no son sinónimo de acceso directo y de calidad del agua potable. El Banco Mundial ha advertido que “incluso en países que muestran altos porcentajes de acceso a estos servicios, en muchos casos la población sigue experimentando serios problemas, como agua turbia, suministro intermitente o baja presión”. Es decir, si se aplicara el concepto de acceso seguro, permanente y de calidad del agua potable, la cobertura de la región tendría una fuerte baja, siendo inferior a un 50% o 60%. Igual situación sucedería con el saneamiento.
Al año 2018, América Latina cuenta con una tendencia a la baja del crecimiento económico, que ha disminuido de un 4,5% desde 2010, a uno cercano al 2% o 1,5% del PIB. Esto muestra que la “década dorada” del crecimiento de LATAM terminó hace varios años, lo que expone a la inversión hídrica a una mayor competitividad de los fondos públicos con otros sectores sociales que apalancan el desarrollo como educación, salud, carreteras, puertos, etc.
Si a lo anterior agregamos la inestabilidad política de los últimos dos años de algunos gobiernos regionales como Brasil, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Perú y otros, además, de algunos efectos del cambio climático como la sequía, aumento de temperaturas, fuertes lluvias o desastres naturales hídricos, se podría pensar que está en riesgo el aumento de las coberturas en agua potable y saneamiento.
Por último, los modelos más exitosos en la región y las recomendaciones que surgen de los distintos organismos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Mundial), son coincidentes en que en los últimos años la problemática central se ha trasladado desde la oferta de agua potable a la demanda de agua potable y saneamiento. Esto ha cambiado el foco de la problemática. Por una parte, está la institucionalidad de los servicios, entendido como la regulación con un marco técnico-jurídico estable y, por otro lado, están los costos e inversiones-eficiente, que para lograr su sostenibilidad debe tener una tarifa que permita autofinanciarse y evitar la dependencia presupuestaria con los gobiernos de turno. De no ser posible implementar esta tarifa, el Estado debe determinar qué subsidios se deben realizar
Las mejores prácticas indican que la institucionalidad debe contemplar la separación de roles entre el operador que entrega el servicio bajo ciertas reglas y el fiscalizador que debe controlar al operador en el cumplimiento de la normativa y la calidad de servicio, acompañado de una rendición de cuentas públicas y periódicas de ambos roles.
Hoy, el desafío de las coberturas de servicio en América Latina parece centrarse en el plano político, que es donde se toman las decisiones para hacer las reformas necesarias y la asignación de fondos, teniendo presente la alta rentabilidad social de este sector.
