La crisis de Osorno que tuvo a su población sin agua potable durante 11 días por un error operacional de ESSAL S.A., empresas perteneciente a Aguas Andinas del grupo SUEZ-AGBAR, ha tenido una alto impacto nacional tanto mediático como político, no solo por las consecuencias del desabastecimiento en la población, sino que la forma de enfrentar la crisis con una cadena de errores técnicos, de gestión y comunicación, sin liderazgo y vocería de ningún CEO, incluso el Presidente de la República tuvo que hacer declaraciones públicas con datos entregados por la empresa que al final resultaron errados, quedando seriamente golpeada el resto de la industria sanitaria y el regulador.
Después de visitar la planta, la fiscal que investiga los hechos declaró que la operación de la instalación le parecía que la operación, le parecía “muy artesanal”. para ser tan estratégica
Previamente, es necesario destacar que Chile cuenta con una cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas cercana al 100%, esto ha puesto al país entre las mejores del mundo en esta materia. Además, salvo algunas excepciones, se cumple con la normativa en calidad, cantidad y continuidad. Este resultado ha sido consecuencia de una importante alianza entre el Estado-Empresas y los indicadores de la Superintendencia (SISS) así lo demuestran.
Dicho lo anterior, no significa que todo ande bien. En los últimos 3 o 4 años, tenemos varios fallas de empresas[1] que de alguna manera, estaban mostrando un desgaste de la industria que no se interpretó adecuada y oportunamente. El logro de las coberturas en los años 2013-2014 marcó no solo el cumplimiento de una meta país, sino que significó un serie de cambios que han influido en la gestión de la industria. Tal vez el más relevante fue el “efecto tarifa” que ya no tiene fundamentos para aumentar y la tendencia es a mantener o bajar su valor, esto se debe a la inexistencia de “clientes” urbanos sin agua potable, alcantarillado y a ciudades sin tratamiento de aguas servidas, en consecuencia, tampoco se requieren grandes inversiones que realizar. Las inversiones futuras deberían orientarse a la mantención y reposición de la infraestructura, pero estas no tienen efecto incremental en la tarifa.
Frente a este cuadro, las empresas han debido buscar otras formas de crecimiento y la tentación ha sido recurrir, entre otras cosas, a la disminución de costos pero sin realizar cambios significativos (hacer lo mismo, pero con un costo menor), limitándose a cumplir el mínimo que exige la ley, poniendo en riesgo la calidad del servicio y el abastecimiento de agua potable, que puede ser una de las causas de lo que está sucediendo, por ejemplo la existencia de un solo operador en la planta de tratamiento de Osorno.
El otro cambio, es del modelo o marco jurídico, que fue creado en el año 1988 con una serie de beneficios para atraer inversión extranjera al país y con una orientación técnica al logro de coberturas de servicios con un nivel de calidad “ochentera”. El modelo empieza a mostrar algunas debilidades producto que no resuelve todos los problemas y menos los nuevos requerimientos como escasez hídrica, tampoco existen los incentivos en invertir en reposición de infraestructura, incorporación de tecnología y otros.
Pero además en los últimos años, el país ha enfrentado una serie de debate, entre ellos, el lucro en sectores como la educación, salud, pensiones, “privatización del agua”, las colusiones, platas políticas, inclusos a algunos sectores regulados han tenido importantes cambios normativo que ajustan las rentabilidades de las empresas, como es el gas y la electricidad. Todos temas que involucran directa e indirectamente a las empresas y de rebote a la SISS y que la industria no ha leído adecuadamente.
La inercia operacional de los procesos repetitivos como son los servicios públicos, entre ellos, los de agua potable y alcantarillado que además tienen clientes cautivos, no incentiva a las empresas a adoptar modelos de gestión innovadores que permita conversar y conocer a la comunidad e ir adaptándose a un entorno que va cambiando.
Todas estas señales, nos está dando señales que el modelo, las empresas y la SISS llegaron a su máximo productivo, es decir, se “toco techo” y no se cuentan con incentivos adecuados para salir de esa posición, se va reaccionando de acuerdo a la gravedad de los eventos que van sucediendo, pero esto tiene un costo, la comunidad está aumentando su molestia no solo con ESSAL, sino que con la industria en general, incluida la SISS.
Las consecuencias de estos hechos, aún no se dimensionan. En las próximas semanas la atención se trasladará al Palacio de la Moneda y el parlamento, donde se exigirán explicaciones y modificaciones legales que aumenten la rigurosidad de los controles, multas, sanciones y exigencias operacionales, calidad de servicio, incluida se debatirá la caducidad de la concesión de ESSAL, transformándose como un problema político para el gobierno, pero la decisión debe ser de acuerda a la ley mientras no cambio. Por otra parte la caducidad que esta en juego es solo la de Osorno no las otras de la región entonces ¿qué hará el Estado con Osorno sin un operador?. El primer efecto es subir las tarifas porque ya no existirían las economías de escala. Finamente cualquier resultado de esta decisión por parte del gobierno tendrá problemas, no será fácil. El mejor camino es que Aguas Andina ponga a la venta la empresa ESSAL y evitarle malos ratos a la industria a AGBAR SUEZ y al gobierno.
[1] Esta sería la segunda empresa que la comunidad hace marchas públicas para pedir la caducidad de la concesión, la anterior fue en Copiapó el año 2017. Por otra parte, en los últimos tres años, esta es la cuarta vez que una empresa tiene que suspender el servicio de agua potable por contaminación de combustible o fecas en la producción del agua potable.
