Desde hace algunos años, el Congreso Nacional ha tomado un cierto liderazgo y se encuentra tramitando una serie de iniciativas de proyectos de ley y modificando leyes relacionadas con los recursos hídricos, que sin duda es necesario avanzar en esta línea, con el objeto de poder enfrentar la escasez hídrica y la adaptación al cambio climático del actual marco normativo hídrico que se encuentra sobrepasado por los nuevos contextos ambientales, políticos y sociales.
Las iniciativas tramitadas y debatidas en el parlamento, no cuentan con una visión compartida del rol estratégico que debería cumplir el agua en el modelo de desarrollo del país, al igual que el rol del estado y los privados. Sin construir una base común y concertada, los proyectos de ley seguirán orientándose a resolver temas puntuales, de algún sector o zona en particular, quedándonos inevitablemente en el corto plazo con una visión sectorial de la gestión hídrica, que es una de las barreras, junto con la burocracia y la centralización, para lograr una gestión integrada más eficiente y sistémica en la cuenca.
Proyectos de ley o leyes como la Desalación, Aguas grises, Re-uso de las aguas servidas tratadas, Agua potable rural, Código de aguas, Protección de humedales, glaciares, océanos y borde costero, Adaptación al cambio climático, Subsecretaría de recursos hídricos del Ministerio de Obras Públicas, eficiencia hídrica, ley de riego, etc. tienen contextos ambientales, sociales, normativos e institucionales que son comunes, pero no siempre se logran que conversen entre ellos o que exista una priorización de ellos, probablemente esta situación tiene su origen, entre otras causas, en la orfandad institucional y política del agua, que ha impedido que el Estado logre un liderazgo robusto para implementar los cambios normativos y diseñar políticas públicas participativas de largo plazo, complicando la adaptación de los distintos actores públicos y privados a los nuevos escenarios hídricos y ambientales del país.
Existe un proyecto de ley en trámite sobre "eficiencia hídrica." La eficiencia es materia de política pública y no materia de ley, porque es un concepto que va cambiando rápidamente con el avance de la tecnología, el conocimiento y las mejores prácticas. Esta ley puede convertirse en un problema para la eficiencia en el futuro
Los legisladores no están exentos de los efectos en la falta de políticas públicas o visiones compartidas, una buen ejemplo de esto es la ley de Aguas Grises, publicada el año 2018, que a la fecha aún no se puede aplicar porque no se ha publicado el reglamento. Esta ley establece y regula los sistemas de reutilización solo de las aguas grises aplicable en áreas urbanas y rurales, donde expresamente se excluyen las aguas negras y las aguas servidas. De estas últimas, las aguas servidas, existe urgencia en regular su administración y operación para incorporarlas al ciclo hídrico y acortar la brecha negativa que tenemos entre la oferta y la demanda. Hace 10 años el país cuenta con el 100% de las aguas servidas tratadas y aun no existe normativa alguna que permita su reutilización, sin embargo, se optó por regular solo una parte de ellas, las aguas grises.
Esta concepción de tratar los temas segmentados del ciclo y procesos hídricos atenta con el diseño de un modelo único, coherente, sistémico o lograr una gestión integrada para aprovechar las sinergias operacionales y las economías de escala, que por la magnitud del proceso del agua son muy relevantes.
Las aguas servidas están compuestas por las aguas negras y aguas grises, al permitir retirar solo las aguas grises, que es el mayor caudal de las aguas servidas, y dependiendo del volumen extraído, podrían producir una alteración significativa del DBO de las aguas negras que seguirán escurriendo por el alcantarillado, quedando con una mayor concentración de sólidos y excretas, siendo necesario adaptar la operación de algunas plantas de lodos activados o lagunas aireadas. Eventualmente también podría ser necesario modificar la pendiente de los colectores que ya están construido para evitar la proliferación de las obstrucciones y acumulación de gases en el alcantarillado, pudiendo aumentar los costos operacionales y en consecuencia las tarifas.
El país cuenta con un 100% del tratamiento de las aguas servidas tratadas urbanas. Con la ley de aguas grises, se arriesga ese logro, producto que se crea una gran dispersión de “operadores” de estos sistemas de tratamiento, que no son simples de operar, donde cada uno de ellos son un foco potencial de contaminación del medio ambiente y del entorno residencial de la comunidad
Sin duda es necesario seguir legislando en estas materias, esta ley hace su aporte a la crisis hídrica al crear una nueva fuente de agua, pero también es necesario tener una mayor ambición legislativa para resolver materias prioritarias, con un mayor impacto y que no son fáciles de realizar, pero son necesarias y urgentes que aportan un mayor caudal como es el caso del re-uso de las aguas servidas tratadas urbanas y rurales, que a la fecha ninguna institución ha tomado la iniciativa de enfrentarla.
Debemos aspirar a un marco normativo único y coherente, con estrategias de largo plazo, que permita una gestión integrada por cuenca, que sea flexible para enfrentar la adaptación a los cambiantes entornos futuros.
