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El desafío del agua potable rural en Chile

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Sobre el blog

Gabriel Caldes
Asesor (MBA) Gestión Hídrica, Gestión Estratégica. Dirigió creación de empresa sanitaria ECONSSAChile, Dirigió por el Estado el proceso de traspaso de concesión sanitaria a privados. Autor del libro La Industria Sanitaria en Chile.
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En el año 2018, el Agua Potable Rural, deberá enfrentar la implementación del nuevo marco normativo de la Ley 20.998 aprobada a fines del 2017, que regula la operación, institucionalidad y las tarifas de los sistemas de servicios sanitarios rurales.

El cambio en este sector será complejo y uno de los más relevante desde la creación del programa de agua potable rural a mediado de los años 60. Se requerirá de un proceso de transición técnica y de gestión programada, que debería durar entre dos o tres años a lo menos. Uno de los factores más complejo del proceso de cambio, será el de las personas que actualmente condicionan y determinan la cultura organizacional. Se requieren nuevas competencias con otros perfiles en estas organizaciones

Esta nueva etapa, implica transitar o hacer transitar al MOP y a las 1.772 localidades de APR del país, administradas por organizaciones dependientes y sostenidas por el Estado, sin fiscalización, sanciones o controles vinculantes, basadas en la participación voluntaria de la comunidad, sin obligaciones y responsabilidades formales, con una gestión operacional con personal sin especialización y con un financiamiento precario, mediante una cuota social mayoritariamente deficitaria. A una organización sujeto de derecho como licenciatarios o concesionarios reconocida por ley, con autonomía administrativa y operacional con deberes y responsabilidades, que debe operar el agua potable, el servicio alcantarillado y el tratamiento de aguas servidas que tiene una mayor complejidad que el agua, fiscalizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con usuarios que tendrán deberes y derechos. De igual manera el MOP deberá adaptar su actual unidad de APR, que tiene una relación un tanto paternalista con las organizaciones locales, por una Subdirección que tiene un rol fundamentalmente técnico.

La operación de la nueva concesión que entrega la ley, deberá ser financieramente sostenibles y autofinanciadas a través de una tarifa calculada técnicamente y determinada por la SISS, con Estados Financieros anuales auditados y con sanciones desde pecuniarias (entre 1UF a 100 UF) hasta la perdida de la concesión en caso de algún incumplimiento grave.

Con este modelo, se estaría dando término a una etapa de administración informal de estos servicios, mediante la participación solo de personas voluntarias de la comunidad. Estas organizaciones rurales, con sus defectos y virtudes, permitieron el acceso del agua potable en zonas rurales donde no existía otra forma de hacerlo y lo lograron siendo reconocidos internacionalmente. Si bien es cierto, tuvieron éxito en el desarrollo de sus localidades, en la actualidad, con todo el cambio social y tecnológico que ha tenido el país y las nuevas exigencias de la calidad de vida de la comunidad, exige un sistema sanitario integrado no solo de agua potable, sino que también de saneamiento. No es posible continuar operando con el modelo actual, por esto la ley crea un marco jurídico y operacional donde permite desarrollar estos servicios en forma sostenible y de calidad.

Aun cuando los Comités y las Cooperativas de APR, participaron en la discusión y elaboración de la ley, es probable que aún no dimensionen el significado para ellos la aplicación de la ley. Los primeros años, a partir de la promulgación del reglamento de la ley que será en los próximos meses, se convertirán en los más críticos. Es este período de la transición el de mayor riesgo, donde se verán las debilidades o vulnerabilidades de cada localidad, por eso se debe realizar un importante esfuerzos tanto del Estado como de las propias organizaciones rurales, para evitar que los servicios sanitarios prestados se vean afectados.

La ley crea una institucionalidad tanto en el Estado como en las organizaciones rurales operadoras y se pone término a una precaria relación de informalidad técnica, administrativa e institucional entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP), SUBDERE, Ministerio de Salud, Municipios ONGs, Empresas Sanitarias, Intendencias y otros organismos que participaban directa o indirectamente con los sistemas de Agua Potable Rural (APR) y la comunidad.

La ley distribuye roles y responsabilidades a los distintos actores como el MOP donde se crea la Sub Dirección de Servicios Sanitarios Rurales, que tendrá como objetivo el apoyo técnicos y de las inversiones. También se incorporará la actual Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) que estará a cargo de la fiscalización y control técnico de la operación de los sistemas sanitarios y de la determinación de la tarifa que deberán pagar los usuarios. Finalmente, se crea un Consejo Consultivo Nacional que permite la participación y el debate de las comunidades para realizar propuestas de las mejores prácticas de gestión o regulación de los servicios.

Con el nuevo modelo, los Comités y Cooperativas ya no serán de solo de APR y se transforman en operadores y administradores de servicios sanitarios integrales, sin fines de lucro, pero con deberes y responsabilidades, donde serán fiscalizadas y sancionadas en caso de incumplimiento.

Tal vez una de la innovación más relevante, es la exigencia de sostenibilidad técnica y financiera. El autofinanciamiento por sí solo tiene un fuerte impacto cultural en este tipo de organizaciones y en los usuarios rurales. Este concepto implica transitar de una gestión con rasgos paternalista, incluido el MOP, a una gestión más profesionalizada y exigente. Significa que e deben fortalecer, capacitar y/o profesionalizar la gestión, generar datos e información, controlar costos e ingresos, planificar inversiones, buscar financiamiento, presupuestar gastos e ingresos, rendir cuentas, hacer mantenciones preventivas, buscar la eficiencia operacional. En resumen, significa un tremendo cambio cultural de los Comités o Cooperativas de APR, de la comunidad y también del MOP que debe modificar su relación con estas organizaciones.

El autofinanciamiento se obtendrá a través de aplicar la tarifa que será determinada cada 5 años por la SISS y las organizaciones deberán negociar técnicamente su valor final a cobrar, pero una vez aprobada, su aplicación es obligatoria y de responsabilidad exclusiva del Comité. Con los ingresos recaudados, se debe financiar la gestión, operación, mantención y reposición de la infraestructura y administración del servicio de agua potable y saneamiento. En la medida que la gestión y las condiciones de la localidad lo permita, la SISS podrá considerar en la tarifa incluso las inversiones.

La responsabilidad de la operación y gestión ya no será responsabilidad del MOP o del Estado, estas instituciones podrán colaborar, pero la responsabilidad final es del directorio del Comité o Cooperativa rural. En este sentido, no cabe duda que una vez definida la institucionalidad, la mayor debilidad de las actuales organizaciones comunitarias y voluntarias es la gobernanza que realizan las personas.

Es necesario hacer un esfuerzo en reinventar estas organizaciones a través de una capacitación efectiva e incorporar nuevas competencias profesionales que permitan consolidar un tipo de gobernanza que pueda hacerse cargo en forma sostenible del servicio sanitario rural que exige el Chile actual.

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