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No es posible racionar el agua potable por sequía

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  • No es posible racionar agua potable sequía

Sobre el blog

Gabriel Caldes
Asesor (MBA) Gestión Hídrica, Gestión Estratégica. Dirigió creación de empresa sanitaria ECONSSAChile, Dirigió por el Estado varios procesos de cambios en la industria de concesiones sanitarias. Autor del libro La Industria Sanitaria en Chile.
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“Así como están las cosas el próximo verano podría haber racionamiento de agua en Santiago", dijo el Superintendente de Servicios Sanitarios refiriéndose a los territorios operados por la empresa Aguas Andinas S.A. y fundamentó esta situación en la sequía que ha impedido recuperar los niveles de agua del embalse el yeso, principal fuente de abastecimiento de Santiago, que se encuentran con solo el 27% de su capacidad.

La autoridad está reconociendo que en 10, 14 o 18 meses podríamos enfrentar un racionamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Santiago con una población de 7 millones de personas, exponiéndonos al temido “día 0,” que significa la suspensión del servicio agua potable. También sabemos que existen otras ciudades en una situación con un mayor riesgo como la región de Valparaíso y otras.

Este escenario, de un eventual blackout hídrico, es sabido hace años por la autoridad y la industria al igual que los últimos gobiernos, los actores públicos y privados involucrados directa o indirectamente en los recursos hídricos, existían las evidencias y antecedentes suficientes que indicaban que nos estábamos acercando a un peligroso riesgo hídrico. Este era uno de los peores escenarios para la autoridad, no solo por el importante impacto en la vida cotidiana de la comunidad santiaguina, sino que, a diferencia de otros cortes, como el de Osorno 2019, estos serían más masivos y complejos de gestionar y podrían tener una mayor duración en el tiempo de semanas o meses, provocando el cierre o paralización de una parte importante de la actividad comercial e industrial, como también, colegios, restaurantes, eventos masivos, etc., afectando la actividad productiva, social y económica

El operador de esta zona, es Aguas Andinas S.A., la más importante empresa de servicios sanitarios del país y de Latinoamérica, controlada por operadores de clase mundial como SUEZ y AGBAR que han realizado importantes inversiones en Chile, sin embargo, estamos en riesgo de abastecimiento del agua potable. La empresa está en una compleja situación si cae en el racionamiento   

Entonces ¿por qué estamos llegando al racionamiento o suspensión del servicio? ¿Se puede evitar exponer al 40% de la población del país a una situación de alto impacto? y si la autoridad y los operadores sabían con anticipación ¿Que si hizo o se dejó de hacer para que esto no suceda?

Frente a estas interrogantes la respuesta es sí, es evitable, pero no es de fácil resolución, sobre todo cuando la solución es más política que técnica y el marco normativo vigente tampoco colabora mucho para tomar decisiones en este tipo de escenarios. 

El estado debe asegurar a la población urbana o rural el consumo de agua potable, no hay espacio para racionamientos o suspensiones total o parcial del servicio, con mayor razón cuando el país vive una grave y profunda crisis social.  

Algunos aspectos a considerar para realizar un análisis de la situación:

1.- La norma de agua potable y saneamiento actual indica que el operador es responsable y debe realizar todas las acciones e inversiones para dar continuidad de servicio en forma permanente, pero se debe negociar con el regulador el retorno de esa inversión que se realiza a través de la tarifa que finalmente es cancelada por el cliente. En caso que la autoridad no la reconozca como una inversión eficiente de la empresa modelo, no se incorpora a tarifa. La otra opción es que el Estado asuma el costo de las inversiones, como lo hizo en Copiapó con la planta desaladora.

2.- La falta de continuidad de servicio, exime de responsabilidad al operador cuando existe la “fuerza mayor,” que según la REA es “la circunstancia que, por no poder ser prevista o evitada, imposibilita absolutamente para el cumplimiento de una obligación”. Como es sabido, la situación hídrica era conocida por las partes con años de anticipación.

3.- Todavía se encuentra en trámite en el congreso la modificación del código de aguas que, en su artículo 5° prioriza el uso del agua al consumo humano en caso de sequía o falta de agua. Este punto ha sido aceptado por todos los sectores políticos y sectores productivos que son usuarios relevantes de agua como la minería, agricultura e industria.

En el ciclo de la sequía, existe un momento la tentación antes de comprometer o iniciar las inversiones, correr el riesgo o "apostar" que el año que viene pueda lluever, postergando la toma de decisiones de activar soluciones más radicales o de altos costos económicos o políticos. Algo de estos nos ha pasado

4.- Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en los últimos 5 años, el agua anual no registrada (pérdidas de agua) de Aguas Andinas S.A., se ha mantenido entre el 30,2% y 32,3%. A nivel país, la empresa Aguas Magallanes en el mismo período de 5 años, está entre 9,3% y 14,2% y a nivel internacional, Israel tiene un 7%, Japón y Holanda tienen menos de un 5%.

5.- La falta de agua tiene dos causas, una es el cambio climático que ha ocasionado una prolongada sequía producto de una baja de un 25% a 30% de precipitaciones y nieve y la otra causa es el desarrollo económico que ha generado un incremento constante de la demanda de agua por los distinto sectores productivos dando origen a una sobre explotación de las fuentes de hídrica. Todo lo anterior, acompañada de una gestión pública y privada deficiente y un sobre otorgamiento de derechos de agua.

Cuando se fundamenta la falta de agua solo en el cambio climático, estamos errando las soluciones. La falta de agua es efecto de la sequía producida por el el cambio climático, pero además una parte importante es poraumento de la demanda con una deficiente gestión hídrica y falta de gobernanza eficiente.

En este contexto, la autoridad, el estado y los operadores deben analizar y evaluar las consecuencias que significa un racionamiento o suspensión del servicio sanitario total o parcial por falta de agua en las regiones de mayor población, sobre todo, cuando el país enfrenta el más grave conflicto social y político desde 1973, año del golpe militar de Augusto Pinochet.

La decisión de intervenir y evitar el blackout hídrico no es fácil. Dar prioridad en el uso del agua al consumo humano, al menos, significa afectar la agricultura y minería. Por otra parte, el agua está en las exigencias del movimiento social como la “desprivatización del agua,” en consecuencia, esta situación no solo podría dar origen a un nuevo frente de conflicto, sino que podría hacer aún más compleja la situación hídrica para el actual gobierno, los usuarios y el país.

Mientras el agua potable no falte en los hogares para las personas, no existirá la crisis hídrica en las ciudades, solo se reaccionará cuando se abra la llave o el grifo y no salga agua o exista solo un "hilo de agua."  Antes es dificil que la población  tome conciencia de la gravedad de la situación hídrica.

Solucionar técnicamente un problema de esta magnitud, significa grandes inversiones, financiamiento y tiempo debido que las obras de gran volumen, demoran entre 1 y 3 años o más. De la crisis hídrica estamos hablando hace años, pero de los efectos en los servicios sanitarios se habla poco, tal vez porque aún tenemos agua en el hogar y asumimos, equivocadamente, que el consumo humano tiene preferencia o está asegurada o que el estado evitará el desastre. 

Finalmente los operadores de los servicios sanitarios serán los más perjudicados en caso de un blackout hídirico en sus territorios operacionales, aun cuando hayan realizado todos los esfuerzos por evitarlo. 

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