En los programas de gobierno no existe el conflicto del agua

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Sobre el blog

Gabriel Caldes
Gerente General (MBA) en empresas sanitarias, Dirigió creación de la empresa sanitaria ECONSSAChile, Participó por el Estado en el proceso de transformación en empresa de los servicios sanitario. Autor del libro La Industria Sanitaria en Chile.
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La problemática del agua, es un conflicto que afecta al desarrollo económico, social y medio ambiental del país, sin embargo, el agua no está en ninguno de los programas de los actuales candidatos presidenciales del país. En algunos casos solo aparecen slogan, títulos o promesas repetidas, con más aspectos de tips que de propuestas y en otros, simplemente no se menciona el tema hídrico. No basta decir que se debe “recuperar” el agua para el Estado o proponer “construir una carretera hídrica” o un “Ministerio del Agua” o que esta debe seguir en “manos privadas y regida por el mercado” o “fortalecer los sistemas de fiscalización y monitoreo de las cuencas". Es cierto que la solución no dependerá de un gobierno, partido político, sector o grupo económico, esto debe enfrentarse con la participación de los principales actores y la comunidad, mediante un gran acuerdo nacional del agua (GANA), donde se consideren los intereses de los distintos sectores de la sociedad. Lo que queda claro, es que el Estado no puede renunciar al liderazgo a obtener una solución concreta para trabajar en la nueva realidad hídrica que está viviendo y vivirá el país.

La solución no dependerá de ningún gobierno, partido político, sector o grupo económico, esto debe enfrentarse con la participación de los principales actores y la comunidad, mediante un gran acuerdo nacional del Agua (GANA), donde se consideren los intereses de los distintos sectores de la sociedad

Es necesario recordar que producto de la escasez hídrica de los últimos 10 años, ciudades como Copiapó, Tierra Amarilla, Ovalle, Combarbalá, Illapel y la parte norte del Gran Valparaíso, estuvieron a días del racionamiento de agua potable para la población (2015). Por su parte, las localidades rurales enfrentaron una situación aún más crítica, debido a que varias de ellas se quedaron sin agua potable para el consumo, debido a que los pozos de captación se secaron, debiendo ser abastecidas mediante camiones aljibes a un alto costo para el Estado ($92.000 millones).

La agricultura, que es el principal usuario y consumidor del agua en el país (consume el 82% del agua), fue uno de los sectores más golpeado económica y socialmente. Según un informe emitido por el Congreso Nacional, al año 2015, producto de la sequía existían 194 comunas en el país (un 54% del total nacional), con declaración de emergencia agrícola, entre las Región de Atacama y la Región de Los Ríos. Estas comunas representan el 74% del total de explotaciones agrícolas del país.

La sequía (2008 -2015. Desde la Región de Atacama hasta Región de Los Ríos), fue una de las primeras expresiones visibles del cambio climático que afectó a nuestro país y es reconocido por todos los sectores de academia, científicos, políticos, ONGs, agrupaciones sociales y empresariales. Las proyecciones climáticas para el siglo XXI, indican una importante degradación de las fuentes de agua de las zonas del norte chico, central y parte del sur del país.

Complementariamente, este fenómeno del cambio climático y la escasez hídrica se han estudiado y analizado durante años por universidades, organismo internacionales como el Banco Mundial, CEPAL, BID, CAF, ONU, también han participado ONGs, Gobiernos e Instituciones Públicas y Privadas. Por otra parte, se han ejecutado seminarios, conferencias, congresos, mesas del agua, comisiones, se han nombrado Delegados Presidenciales, etc. Todo lo anterior ha dado origen a una gran cantidad de información para conocer técnicamente el comportamiento del fenómeno y sus consecuencias. También ha permitido a los distintos sectores realizar diagnósticos, propuestas parciales y tomar posiciones para determinar una estrategia o políticas públicas que permitan mitigar sus efectos.

Hasta el momento, esta “burocracia intelectual y técnica” no ha tenido el resultado esperado como para lograr una visión compartida e integrada de largo plazo de los distintos sectores involucrados y de la sociedad. Por el contrario, aún estamos en una discusión entre el diagnóstico y propuestas parciales, donde cada sector defiende sus intereses públicos o privados, pero no hemos logrado avanzar en la forma que se requiere para enfrentar la nueva situación hídrica del país.

Una expresión de lo anterior es la tramitación en el Congreso de la reforma del Código de Aguas, que ha tenido un prolongado y dificultoso camino legislativo que aun no llega a su destino final, centrando el debate en la propiedad de los derechos de aprovechamientos de agua que determina el acceso al recurso hídrico. Lo anterior muestra lo lejos que estamos de construir los consensos políticos y técnicos necesarios para establecer una visión de un modelo hídrico integrado, compartido y sostenible con un marco jurídico que dé certidumbre en el largo plazo, para evitar que cada cuatro años se puedan realizar modificaciones al modelo.

El hecho que se apruebe en el congreso la modificación del Código de Aguas, de ninguna manera significa que se resuelva el conflicto hídrico o la escasez hídrica. Este hito, sin duda es un avance político jurídico importante. Esto nos permitirá tener un marco normativo para avanzar en la definición de políticas públicas y de soluciones concretas para implementar las medidas que nos permitan a adaptarnos a las nuevas condiciones hídricas.

En los programas o propuestas de programas no existen propuestas referidas a los recursos hídricos o de política pública que permita generar los consensos políticos, técnicos y económicos que se requieren. En lo político, existen dos grandes barreras estructurales que aumentan la dificultad para lograr resolver este conflicto:   

Existen dos grandes barreras estructurales que aumentan la dificultad para lograr resolver este conflicto: a) La falta de un fuerte liderazgo político-técnico y b) la dispersión institucional del agua

a) Falta de un liderazgo fuerte en lo político y en lo técnico, que sea reconocido por las partes involucradas y produzca las confianzas necesarias, incluida la ciudadanía para poder desarrollar e implementar soluciones concretas. Si buscáramos un método de trabajo similar, lo podríamos encontrar en la industria eléctrica, donde el liderazgo del Ministro de Energía Máximo Pacheco, permitió generar los acuerdos necesarios para hacer una profunda reforma estructural energética donde las partes quedaron conformes y los beneficios para el país ya se pueden apreciar por la ciudadanía.

b) Institucionalidad estatal del agua dispersa. El Agua es un recurso que no tiene un Ministerio (a diferencia de la Energía), por el contrario, la toma de decisiones está dispersa en el aparato del Estado en 42 Servicios Públicos, incluido 9 Ministerios (Obras Públicas, Agricultura, Energía, Medio Ambiente, Defensa, Salud, Vivienda y otros) que por el volumen de instituciones que participan, hace imposible una coordinación funcional eficiente, donde cada uno toma posiciones en base a sus intereses institucionales, algunas veces impidiendo un acuerdo.

Una posición similar se da en el sector privado, donde una diversidad de agrupaciones gremiales como SNA, SONAMI, Consejo Minero, SOFOFA, Agrupaciones de Regantes, ANDESS, etc. donde tampoco existe una coordinación muy efectiva entre ellos.

A pesar de la situación descrita, los Programas de Gobierno de los actuales candidatos presidenciales no se pronuncian respecto del agua, no muestran una convicción política de urgencia, como tampoco de la grave situación hídrica del país. Si es así, seguiremos esperando mientras la desertificación avanza, limitando el desarrollo económico y social del país.

(Este artículo fue escrito para la Revista Agua, en Octubre del 2017)

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