Público o Privado, esa no es la cuestión

128
0

Sobre el blog

Gabriel Caldes
Gerente General (MBA) en empresas sanitarias, Dirigió creación de la empresa sanitaria ECONSSAChile, Participó por el Estado en el proceso de transformación en empresa de los servicios sanitario. Autor del libro La Industria Sanitaria en Chile.
128
  • Público o Privado, esa no es cuestión

Existen países que han explorado la incorporación de privados a la gestión del agua potable y alcantarillado, pero es su mayoría han vuelto a la gestión pública. Al parecer, solo dos países, Inglaterra y Chile, han realizado privatizaciones radicales de los servicios de agua potable y alcantarillado y siguen vigentes. Estos procesos fueron implementados a finales de los 80. En ambos casos, tuvieron una influencia de la Escuela de Economía de Chicago, liderada por el premio Nobel de Economía (1976) Milton Friedman, padre del actual neoliberalismo. Este “domicilio político y económico" del modelo provoca cierta crítica adicional y que es plenamente comprensible.

To be or not to be, esa no es la cuestión. Si son las mismas exigencias de resultado en un mismo marco jurídico y se cumple el objetivo pierde la relevancia si el operador es público o privado

En Chile, el marco normativo (Ley de tarifas, explotación de concesiones y otras, además de la creación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. SISS) fue promulgado entre el año 1989 y 1990. El inicio del proceso privatizador se realizó cerca de diez años después a partir de 1998. En estos 10 años, fueron las empresas sanitarias del Estado y el organismo fiscalizador la Superintendencia de Servicios Sanitarios los que se hicieron cargo de desplegar e implementar el nuevo modelo, incluido la aplicación de la tarifa de “costo real”, este fue uno de los factores que visibilizó el marco jurídico. El hecho que sea el Estado quien haya aplicado los incrementos tarifarios para eliminar el subsidio, disminuyó la desconfianza de la comunidad frente al proceso y facilitó de alguna manera su instalación, no sin que la comunidad dejara de manifestar su malestar por esa medida. El dejar a los privados que hicieran los ajustes tarifarios fue uno de los errores cometidos en estos proceso en América Latina.

En el caso Ingles, tanto la normativa y la privatización se realizaron entre 1986 y 1989, período en que se dictó la Ley del Agua, se creó la Autoridad de Regulación de los Servicios del Agua (Ofwat) y se implementaron las empresas regionales de servicios del agua.  

El modelo chileno, ya tiene 27 años de operación y más de 15 años con la incorporación de privados a la propiedad y la gestión de estos servicios, esto no significa que no hayan existido conflictos, deficiencias o criticas, pero lo importante es que se han podido resolver dentro del modelo. 

En Chile, el año 2014 se logró llegar al 100% de cobertura de los servicios sanitarios, incluida el tratamiento de la totalidad de las aguas servidas, dejando al país en una destacada posición mundial con inversiones privadas cercanas a los US$ 6.000 millones entre los años 2000 y 2015, sin que el Estado haya aportado recursos, salvo el subsidio estatal dirigido al pago de la cuenta de los clientes más vulnerables económicamente, con un costo fiscal aproximado de US$ 100 millones anuales. Este subsidio llega a unas 750.000 familias y significan un 6,4% del total de las ventas ($) anuales de la industria. Su financiamiento en parte, es con los impuestos a la renta que pagan las empresas privadas de agua potable y alcantarillado vía tributaria. Este logro del acceso universal urbano al agua potable y saneamiento y la sostenibilidad del modelo, es consecuencia de una alianza estratégica púbica-privada de largo plazo, donde cada uno cumple su rol, los privados operan e invierten y el Estado fiscaliza y regula.

Son conocidos los casos de gestiones operacionales fracasadas y exitosas tanto públicas como privadas. Decidir una u otra no asegura de ninguna manera una gestión eficiente, son otros los temas importante, por ejemplo: Tarifa, Inversiones, medición del consumo, que el operador rinda cuenta pública de su gestión, aspectos culturales locales, etc

El modelo chileno, no está diseñado exclusivamente para los operadores privados, por el contrario, al modelo le es indiferente la propiedad de los activos, incluso se puede renacionalizar el agua y el marco jurídico no debería modificarse. Las exigencias y las reglas del juego son iguales para todos los operadores de servicios de agua potable sean estos públicos o privados, de igual manera que las tarifas son iguales para todos los consumidores domésticos o industriales.

El control técnico y normativo está a cargo de un solo organismo del Estado (Superintendencia de Servicios Sanitarios) que tiene facultades fiscalizadoras y regulatoria, fundamentalmente en el cálculo de la tarifa cada 5 años, controlando permanentemente el cumplimiento de los planes de inversiones, la calidad y continuidad de los servicios sancionando al operador en caso de incumplimiento.

En la actualidad, en Chile existen 4 tipos de operadores de servicios sanitarios, ellos son:

a) Empresas sanitarias de propiedad de privados (4 Empresas) que compraron las acciones de las Empresas del Estado y son dueñas indefinidamente de los activos y la concesión. Actualmente, estas controlan el 68% del mercado que equivales a uno 3,4 millones de clientes y unos 10,8 millones de personas.

b) Empresas sanitarias privadas concesionadas (8 Empresas) que adquirieron mediante un contrato a las Empresas del Estado la transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias por 30 años de operación. En este caso, los inversionistas no son propietarios de los activos, estos siguen siendo de propiedad de las Empresas del Estado. Al final del período, se devuelve las concesiones a la Empresa del Estado con toda la infraestructuras, incluso con aquellas que construyo el privado en el período del contrato. Actualmente estas empresas operan un 25% del mercado que equivale a 1,5 millones de clientes y unos 4,8 millones de personas.

c) Empresa sanitaria municipal (1 Empresa) De propiedad del Municipio de Maipú que es la segunda comuna con mayor población del país (600.000 personas) y representa el 5% del mercado que equivale a 200 mil clientes.

d) Empresas sanitarias privadas pequeñas (47 Empresas) que son dueñas de los activos y representan un 2% del mercado, abastecen a unos 30 mil clientes y unas 96 mil personas.

Aun cuando internacionalmente, existe un largo tiempo transcurrido en la operación de estos servicios tanto públicos como privado, continuamos en este debate como si solo esto determinara una buena gestión para lograr el objetivo de dar acceso universal a estos servicios. Actualmente existen planteamientos de sectores de la sociedad que demandan “renacionalizar” o “remunicipalizar” el agua como se está exigiendo en España y en otras partes del mundo. Estas expresiones son la expresión del malestar y desconfianza de algunos sectores de la comunidad, que no le es aceptable que las empresas privadas se beneficien o lucren con el recurso agua y menos con un servicio tan vital como este. Por otro lado, también existen sectores que no aceptan que sea el Estado el que gestione estos servicios debido a su falta de gestión adecuada, falta de recursos económicos para realizar las inversiones y una politización de ellos.  Estos planteamientos son legítimamente válidos de ser exigidos, analizados y debatidos públicamente pero con una mirada más amplia entendiendo que el objetivo final es ampliar y permitir el acceso de toda la población a un servicio de agua potable y saneamiento, a un precio o tarifa justa, que permita la sostenibilidad económica en el tiempo y un servicio continuo de calidad, sin que sea un impedimento quien lo opere.

En América Latina llevamos años sin lograr las coberturas eficientes de agua potable y más grave aun es la situación del saneamiento, donde existen señales que no se cumplirá la meta ODS de las NU de dar cobertura a la comunidad de esto servicios. Cada año que los Estados se retrasan en la obtención de la meta, estamos colaborando eficientemente a aumentar, a lo menos, las desigualdades sociales y las enfermedades entéricas en nuestra población. Centrarse en una discusión bipolar si debe ser público o privado, no tiene mucho sentido. Se debe evitar al operador ineficiente y corrupto, que no entregue un servicio adecuado a un precio justo y de acceso universal, sea quien sea el operador.

Convertir los servicios de agua y saneamiento en un instrumento político, es tan grave como asumir que estos servicios son un bien de consumo que responden a las reglas de la oferta y demanda

El Estado no pueden renunciar a su obligación de fiscalizar y asegurar a la comunidad el derecho humano de tener acceso universal al agua potable y saneamiento, prescindiendo de quién realiza la gestión. Para cumplir este objetivo, se debe buscar el mejor mecanismo o modelo, lo importante es que se cumpla el objetivo.

El debate no se puede restringir o limitar si la gestión del agua potable y el saneamiento deben ser pública o privada, también deben incluirse temas como se obtienen los recursos económicos, como el Estado o privados financiarán la operación e inversiones, como deben ser los mecanismos de regulación y fiscalización. Esta institución fiscalizadora debe estar en manos del Estado (no del gobierno) con una gobernanza corporativa robusta, autónoma técnicamente con personal calificado, contar con recursos adecuados y que se rinda cuenta pública anual de su gestión y del uso de los recursos.

To be or not to be, esa no es la cuestión, no es solo si el servicio de agua potable y saneamiento es público o privado, en ambos casos se conocen de operaciones o gestiones fracasadas, con negativas consecuencia. Lo importante es lograr que la comunidad mejore su calidad de vida y su salud, teniendo acceso seguro al agua potable y saneamiento de calidad, en forma permanente, sostenible en el tiempo y a precios "justos" y la cuestión no es quien opere los activos.

Comentarios