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¿Por qué el CO2 sí... y el agua no?

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Sobre el blog

Gabriel Caldes
Asesor (MBA) Gestión Hídrica, Gestión Estratégica. Dirigió creación de empresa sanitaria ECONSSAChile, Dirigió por el Estado varios procesos de cambios en la industria de concesiones sanitarias. Autor del libro La Industria Sanitaria en Chile.
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  • ¿ qué CO2 sí... y agua no?

El gobierno ha informado que convocará a un grupo de trabajo amplio, pluralista y diverso para enfrentar “los desafíos que significan el cambio climático, el calentamiento global y este fenómeno de escasez hídrica y de sequía”. Lo planteado será una buena noticia en la medida que tenga efectos concretos en la eficiencia hídrica, sino será una nueva forma de “comisiones temáticas” que responden a una reacción tardía frente a la grave crisis hídrica.

Los últimos cuatro gobiernos (16 años) no han puesto el tema hídrico en la agenda pública o en sus programas de gobierno como una prioridad para resolver la falta de agua estructural que hemos empezado a vivir y que nos obligará a mutar la forma de relacionarnos con este recurso natural y tampoco se han realizado inversiones, modificaciones legales o institucionales o diseñado políticas públicas significativas y sostenibles entre un gobierno y el otro. Intentos como el Delegado Presidencial para Recursos Hídricos o el Comité de Ministros del Agua han demostrado que una institucionalidad eventual, voluntaria y exclusivamente política no es suficiente ni sostenible para obtener un resultado efectivo. 

Los derechos de agua fueron asignados en propiedad por el estado a usuarios privados a petición propia, sin costo alguno y heredable. En consecuencia son ellos los responsables de la gestión y distribución de sus propias aguas a través de la Organizaciones de Usuarios de Aguas. (OCDE 2017)

A diferencia de la escasez hídrica, el compromiso internacional que ha tomado el país a partir del acuerdo de París de la COP 21 para disminuir el dióxido de carbono (CO2) que está provocando el cambio climático, es radicalmente distinto a como estamos enfrentando la falta de agua. En los últimos 10 años se han promulgado más de 15 leyes referidas al tema medio ambiental y cambio climático, su institucionalidad, políticas públicas, regulaciones e inversiones, además de otras tantas leyes que se encuentran en trámite en el parlamento. Lo anterior ha derivado en la creación de una sólida institucionalidad como ministerios, marco normativo moderno y políticas públicas de largo plazo, acompañado de inversiones significativas tanto públicas como privadas (matriz energética, electro movilidad, reciclaje, plásticos, etc). Esta decisión política de disminuir el CO2, como principal causante del cambio climático global, no debe y no puede impedir que el agua sea una prioridad de los gobiernos, sobre todo que tenemos una prolongada y reconocida mega-sequía de 10 años, que nos tiene en una difícil situación hídrica y en un futuro incierto. 

Chile aporta solo el 0,25% de las emisiones planetarias de CO2. Sin embargo, nuestra principal debilidad frente al cambio climático es y será la falta de agua.  Solo buscando consensos y acuerdos entre las partes involucradas y la comunidad podremos resolver el conflicto y obtener la seguridad hídrica deseable

El compromiso de disminuir la emisión del CO2 fue producto de un liderazgo del estado y la presión social y comercial que terminó en un consenso que no fue fácil de obtener, pero se logró solo cuando los sector productivos involucrados entendieron que si no cambiaban sus inversiones estaban amenazadas y que debían reconvertirse con otras formas de producción más limpias si querían seguir siendo competitivo. Con el Agua nada de esto ha sucedido, nos falta un liderazgo que permita juntar a las partes para buscar acuerdos. El problema del agua es mucho más complejo que las emisiones de CO2, y tiene un gran impacto social, ambiental y económico   

Que no avancemos en adaptarnos a las nuevas condiciones hídricas no depende de la modificación del Código de Aguas que lleva más de 8 años. No tendremos solución en la medida que no exista un consensos de como queremos relacionarnos con el agua. Por una parte, los sectores productivos que tienen un uso intensivo del agua, ven los cambios normativos como una amenaza a su estabilidad económica y sus inversiones. Por otra parte, existen sectores que la modificación normativa la ven como una oportunidad de terminar con la "privatización indirecta del agua" y de un modelo de mercado que no ha podido adaptarse y responder a los nuevos escenarios hídricos, para cambiarlo por una gestión más estatal. Ninguna de estas posiciones se impondrá sin causar un conflicto social y económico, solo un acuerdo puede dar salida al conflicto.  

Después de 8 años, los intentos de lograr acuerdos en el parlamento para modificar el Código de Aguas no han dado ningún resultado, esto es una muestra de la complejidad del conflicto que nos impide que podamos avanzar con la urgencia que requiere

El informe de Fundación Chile (Transición Hídrica) determinó que un 44% de las causas de los problemas de escasez hídirca tienen su origen en la gestión y gobernanza. Por otra parte, ya sabemos por los informes del Banco Mundial y OCDE, que existen 43 instituciones tomando decisiones relacionadas con el agua, que existen funciones duplicadas y otras que faltan, que estas instituciones  no conversan entre ellas y tampoco se coordinan. Además existe una Dirección General de Agua que no tiene facultades para intervenir o gestionar un mercado del agua imperfecto y tampoco cuenta con recursos para realizar una fiscalización y regulación de los usuarios y de los recursos hídricos. 

Con estas afirmaciones no se está negando el impacto del cambio climático en el agua, por el contrario, este ha llegado a adelantar y agravar la situación hídrica que ya teníamos. Lo relevante es que con o sin el fenómeno climático, tarde o temprano, igual tendríamos escasez de agua, no solo por el modo en que la estamos consumiendo y extrayendo, sino que por la inexistencia de una gobernanza y gestión hídrica que permita tomar decisiones técnicas en forma oportuna y poner las alerta temprana que eviten su escasez hídrica.

A diferencia del CO2, la falta de agua crea al corto plazo un efecto dominó en la economía, la sociedad y en el medio ambiente. En los últimos 30 años el incremento promedio del consumo de agua ha crecido con el mismo ritmo del PIB (3 a 3,5% anual), sin embargo la demanda de agua ha crecido más que la oferta, y en algunas cuencas esta no ha aumentado o simplemente ha disminuido. El aumento de la demanda como consecuencia del crecimiento económico, la falta de precipitaciones y nieve y el aumento de la temperatura han formado una "tormenta perfecta" que es difícil de sostener en el corto plazo. Si además contamos con una institucionalidad que carece de facultades eficaces y un modelo de gestión que solo se regula por la oferta/demanda de papeles como son los derechos de aguas y que ha demostrado no ser capaz de resolver la sobre explotación de los acuíferos, la falta de oferta producto de la sequía, el mal uso o derroche, la contaminación y la necesidad de priorizar el consumo, la situación se hace más compleja.

La falta de una política pública nacional de largo plazo, que entregue las señales necesarias para incentivar a los usuarios a realizar inversiones hídrica, como por ejemplo en infraestructura verde que son de bajo costo o tecnología digital que contribuyen a superar las brechas hídrica en las cuencas

Según el informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del año 2017, indica que el 73% de los propietarios tienen terrenos agrícolas inferiores a las 20 hectáreas (el 41% tiene menos de 5 hectáreas) y por otra parte, el 7,6% de los propietarios tiene terrenos agrícolas superiores a 100 hectáreas, donde el 1,1% tiene el 82% del terreno agrícola del país en unidades superiores a 1.000 hectáreas, siendo estos últimos los mayores demandantes de agua. Esta concentración de la propiedad los terrenos agrícola en explotación también permite la concentración del agua y de los derechos de agua.  

En este conflicto existen usuarios que tienen un rol más importante que otros y la agricultura tiene la mayor responsabilidad política, social y económica en la búsqueda de acuerdos para solucionar la inmovilidad en la que estamos, no solo por ser los mayores extractores y consumidores de agua con un 75% del consumo total, sino que además, es el sector productivo relacionado con el agua que tiene los mayores subsidios en su explotación.   

Entonces ¿por qué para bajar la emisión del CO2 hemos logrado ponernos de acuerdo, legislar, destinar recursos, diseñar planes y ponernos metas, incluso hemos logrado crear una sólida institucionalidad, sin embargo para los recursos hídricos no lo hemos logrado?   

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