La Seguridad Hídrica es un concepto paradigmático que ha tomado fuerza desde el II Foro Mundial de la Haya del año 2000, producto del incremento de la escasez hídrica que invade una parte del planeta, como consecuencia de la deficiente gestión hídrica pública-privada y de la falta de precipitación por el cambio climático. Por lo anterior, se dice que es un “concepto en evolución”, situación que se comprueba si uno analiza los contenidos más relevantes de los conceptos creados en las últimas dos décadas por académicos y organismos bilaterales, entre otros.
El Foro Mundial la define como asegurar el agua dulce a un costo asequible. Una década después ya no se habla de asegurar, la ONU-Agua (2013), la define como la capacidad de una población (sociedad) para resguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, la OCDE (2013) la concibe como mantener en niveles aceptables cuatro riesgos asociados al agua: el riesgo de escasez, el riesgo de inadecuada calidad, el riesgo de los excesos (incluidas las crecidas) y el riesgo de deteriorar la resiliencia de los sistemas de agua dulce. Finalmente la ley marco de CC (2022), la entiende como la posibilidad de acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas.
La seguridad hídrica como concepto no se debe entender como el tener acceso al agua a todo evento y para todos los usuarios, por el contrario, en las definiciones más recientes, se está reconociendo la inviabilidad de gestionar y contar con infraestructura para dar 100% de certeza a la demanda. La “evolución conceptual”, es más restrictiva, focalizada y sostenible, priorizando los usos básicos, como son el consumo humano, conservación y manutención de ecosistemas, producción de alimentos, otros procesos productivos o recreativos, etc. La tendencia será transitar de un concepto técnico ambiental, a uno donde se incorpore lo político y económico, incluso lo geopolítico tendrá mayor influencia. El agua, en algunos países (Israel) es y será una cuestión de seguridad nacional.
En los últimos años se han dictado leyes y normas, como también varias instituciones públicas y privadas a nivel local y global están incorporando en su objetivo el “lograr la seguridad hídrica”, pero sin definir un contexto, financiamiento, condiciones o restricciones, como si este concepto fuera suficiente declararlo para resolver la crisis hídrica en cualquier parte. Esta mirada teórica y simplista, no se hace cargo de la forma de implementarla que es un problema fundamentalmente político, porque es necesario llegar a acuerdos con los distintos sectores dando prioridades a unos sobre otros, materia que podría ser fuente de graves conflictos sociales para aquellos que se sientan desfavorecidos. La seguridad hídrica no es posible aplicar si no existen claras definiciones sobre qué entenderemos por aquella, como se financiará y a quienes estamos dispuesto a dar una mayor certeza, si no es así, podemos caer en la demagogia o simplismo político.
Si la sociedad y la autoridad opta por la seguridad hídrica, debemos estar dispuestos a realizar los cambios legales e institucionales que entreguen los instrumentos necesarios para tal efecto, como por ejemplo, cobrar el consumo del agua productiva, como lo hace hoy el consumo humano que lleva décadas pagando una tarifa para financiar obras, operación administración para tener seguridad y calidad de servicio, ¿Por qué no lo podría hacer el sector productivo mediano y grande?
Este concepto de seguridad hídrica aún está a nivel académico y de organismo internacionales, pero sin duda le “falta calle”. No sé si es aplicable hoy ambiental, política y económicamente en forma sostenible, en un país o regiones que ya están en una profunda escasez estructural de agua que no puede dar seguridad hídrica a nadie, como es el caso nuestro, incluso podría ser demasiado tarde y debemos pasar primero por el concepto de adaptación eficaz.
