En el norte del país siempre ha existo escasez hídrica no es novedad, por lo mismo, no sorprende que hace 23 años el Estado, a través de la empresa ESSAN S.A., (CORFO) construyera en Antofagasta la primera planta desaladora para consumo humano de Latinoamérica -800 l/s- Hoy, nuevamente una empresa estatal —ECONSSA Chile S.A.— da un paso relevante al iniciar la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas para el multi-reuso (agrícola, industrial o minero) de gran escala en la región.
El reúso de aguas servidas tratadas aparece en prácticamente todas las estrategias ministeriales vinculadas al agua y al medio ambiente. Sin embargo, aún no existe una política pública integral, como tampoco algunas definiciones del marco regulatorio que permita desarrollar estos proyectos con certeza jurídica. El potencial de re usar este recurso, es ampliamente reconocido por científicos, académicos, autoridades y sectores productivos, pero sigue ausente de la agenda política y de los programas presidenciales. Hay consenso técnico; lo que falta es liderazgo.
Por su parte, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha declarado el reúso como uno de sus ejes estratégicos. También son destacables los esfuerzos legislativos iniciados por la exsenadora Isabel Allende —y retomados hoy por el diputado Víctor Pino— para instalar el debate en el Congreso. Aun así, los avances son lentos y el futuro legislativo, incierto.
Pese a esta inercia, ECONSSA Chile S.A., empresa de CORFO y con el apoyo del Gobierno Regional decidió avanzar. Su proyecto en La Negra contempla una planta con capacidad de 11,7 millones de m³ anuales y una inversión de US$ 300 millones. El sistema captará las aguas servidas de Antofagasta antes de su descarga al mar, las tratará y las destinará al sector productivo, evitando su disposición al mar con tratamiento primario a través del emisario submarino.
La iniciativa —que entrará en operación en 2028— será financiada y operada por Sacyr bajo el modelo BOT (Build-Operate-Transfer) por 30 años. Lo notable es que el Estado no aporta recursos directos: ECONSSA diseñó un modelo de negocios competitivo, ambientalmente responsable, atractivo para la inversión privada y la comunidad de Antofagasta, transformando un pasivo ambiental en un activo productivo, todo dentro del marco actual de la Ley de Servicios Sanitarios.
Este caso demuestra que la legislación vigente entrega suficiente seguridad jurídica para impulsar proyectos de esta magnitud, como ya ocurrió en Tocopilla (Proyecto MAE) y en Calama (Capellán). No obstante, la ley actualmente en discusión aborda solo el 23% del total de las aguas tratadas —las que se descargan al mar— dejando fuera el 77% restante que se dispone en ríos y lagos, donde aún persiste un vacío normativo. La regulación ha sido fragmentada: primero aguas grises, ahora aguas servidas, pero solo para emisarios submarinos. Es indispensable avanzar hacia un marco integrado. No podemos esperar otra década para contar con una legislación que cubra apenas una parte del problema.
Uno de los temas aún pendiente es la definición sobre la propiedad de las aguas tratadas, este debate no es nuevo. En 2004, la Corte Suprema estableció que la SISS está facultada —por la Ley 18.902— para interpretar administrativamente la normativa y definir su aplicación. Sin embargo, han pasado más de 14 años sin una definición formal. Esta falta de claridad, sumada a la ausencia de liderazgo tanto del Estado como de las propias sanitarias, ha frenado inversiones relevantes y prolongado una incertidumbre que es más política que jurídica, en un momento en que el país exige eficiencia hídrica con urgencia.
Por eso, el liderazgo de ECONSSA Chile S.A. en el re uso, al igual que en desalación, representa más que un proyecto industrial: es una señal de confianza en la capacidad institucional del país para avanzar dentro del marco vigente. ECONSSA demuestra que sí es posible invertir y reutilizar aguas servidas tratadas con las reglas actuales, reconociendo, por cierto, que hay mejoras necesarias que realizar.
Chile necesita pasar del diagnóstico y discursos a la acción y convertir la economía circular del agua en una verdadera política de Estado. Para eso, se requiere liderazgo claro del sector público y también del mundo de las empresas sanitarias, donde hoy la ausencia es evidente. El futuro demanda flexibilidad y más decisiones oportunas, y proyectos como el de La Negra de Antofagasta muestran que si es posible avanzar incluso antes de que llegue la legislación.
