En Chile, el Ministro de Obras Públicas (MOP) ha informado que se enviará al congreso el proyecto de ley que daría origen a la Subsecretaría del Agua bajo la dependencia del MOP a un Consejo de Ministros y otras unidades, pero sin mencionar o pronunciarse sobre el nivel regional y de cuencas, que es donde se inicia la gestión del agua. Esta propuesta institucional es uno de los productos que se propuso la Mesa Nacional del Agua en octubre del 2019.
Esta Mesa, que tiene rango presidencial, sin duda es un buen intento por concretar cambios en la gestión del agua, sobre todo por la urgencia que se requieren estas y otras reformas para abordar la actual crisis hídricas que estamos viviendo. Si bien es cierto, en la decisión de adaptar la institucionalidad a los nuevos escenarios hídricos existe un importante consenso nacional que es necesario abordar, también es cierto, que el consenso se termina cuando se proponen soluciones particulares, es allí donde aparecen nuevamente los disensos, que sin duda son legítimos, pero la complejidad del tema y la incapacidad o la falta de interés político en dialogar nos ha impedido avanzar y llegar a acuerdos con los sectores involucrados para buscar soluciones compartidas. No son suficiente los consensos si no se concretan en acuerdos concretos, en planes de trabajo, políticas públicas y construcción soluciones.
En la actualidad, el 76% de la superficie del país está afectado por sequía se inició el año 2010 y los ecosistemas acuáticos se están degradando por la falta de agua y de protección
Plantear una Subsecretaría del Agua, un Consejo de Ministros y otras unidades no es suficiente, la institucionalidad siempre ha sido un medio, un instrumento más para gestionar el cumplimiento de un objetivo estratégico pero nunca ha sido un fin. Lo importante es saber para qué queremos una Subsecretaría del Agua en el mismo Ministerio de Obras Públicas donde se encuentra hoy la DGA, ¿qué estamos cambiando? ¿qué queremos hacer o solucionar con esta subsecretaría que antes no se podía hacer? ¿qué es lo nuevo que queremos hacer? ¿qué queremos del agua en el futuro y como lo haremos? Estas y otras preguntas no se responden solo con una institucionalidad determinada y con un objetivo minimizado solo a lo técnico como es el clásico “lograr seguridad hídrica para todos los sectores”, que hace abstracción del entorno de los objetivos país, del mercado, de condiciones climáticas, ambientales, geográficas. etc,. La gestión del agua es y será cada día más compleja, no solo por su tendencia a la escasez y el aumento de la demanda, sino que por los efectos sociales, políticos, ambientales, económicos que tiene en el desarrollo integral del país. El objetivo de nuestros recursos hídricos es una decisión política como fue en el año 1981, cuando se creo el actual Código de Aguas que se adaptó al modelo económico que se estaba desarrollando y era un momento de abundancia de agua. El país ha cambiado, debemos nuevamente definir cual será el objetivo estratégico del agua para volver adaptarlo a las nuevas condiciones ambientales, sociales, tecnológicas y económica en un país que sus recursos hídricos son y serán cada día más escaso.
El avance de la desertificación la degradación de los suelos y el abastecimiento de las personas están constantemente amenazado o simplemente se han quedado sin acceso al agua potable como ha sucedido en los sectores rurales. Este escenario no ha podido ser resuelto por el actual institucionalidad pública y privada
Los objetivos que orientaron el trabajo de la Mesa Nacional del Agua de donde saldría este proyecto de ley, fueron:
a) Establecer los contenidos centrales de una política hídrica de largo plazo.
b) Proponer la infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en las cuencas en el mediano y largo plazo.
c) Definir los principios básicos del marco legal e institucional para sustentar la Política Hídrica de largo plazo.
Esta mesa del agua tuvo una amplia participación de instituciones públicas y privadas, academia, expertos, políticos y otros, esta participación fue complementada con encuestas y talleres regionales abiertos a la comunidad, pero no queda claro que tuviera en sus objetivos el analizar el modelo actual y sus resultados que permitan diagnosticar, más allá de lo técnico, las causas de los problemas existente y por qué esta institucionalidad no ha tenido la flexibilidad y la capacidad de adaptación para resolver el nuevo entorno con los efectos del cambio estructural del clima y del aumento de la demanda que nos tiene inmovilizados frente a estos desafíos.
Si analizamos los resultados de las encuesta y talleres aplicados en este proceso entre el año 2019 y el año 2020, podemos apreciar que existen consensos, los principales temas relevantes planteados por los participantes son:
a) El acceso prioritario al agua para satisfacer el consumo humano.
b) Proteger los ecosistemas hidrológicos y la biodiversidad de las cuencas a través de normativas más exigentes, además de más y mejor fiscalización.
c) Definir principios básicos que rijan la producción, extracción, conservación y uso de las aguas en el país.
d) La institucionalidad debe ser simplificada, a la vez que fortalecida, definiendo roles y desarrollando la participación de los ciudadanos y organizaciones civiles.
Estas conclusiones y otras deberían ser parte de la definición política sobre qué queremos hacer con los recursos hídricos y con aquellas nuevas fuentes como la desalación de agua de mar y aquellas que se deben reusar como las aguas servidas tratadas. La institucionalidad debe reflejar estos temas y tener la flexibilidad necesaria para adecuarse a los cambio y las incertidumbre que serán parte de la nueva normalidad.
Finalmente, el destino que este proyecto de ley tenga en el congreso puede ser irrelevante o incierto dependiendo cuando se presente. La formación del órgano constituyente de la nueva constitución (abril 2021), será una fuerte influencia en su discusión parlamentaría por el debate del agua en el proceso constitucional, tema que sin duda estará presente en el debate, pero en ese espació la valoración y visión del agua que tiene la comunidad es más política, produciendo un nivel importante de incertidumbre al destino de esta propuesta institucional. De no ser así, no se legitimará y hoy es una condición "sine qua non" para que pueda tener éxito.
