Los servicios del agua son servicios esenciales que contribuyen a la consecución de los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como a la protección del medioambiente y, en particular, de los recursos hídricos. Un claro ejemplo de ello es cómo la aplicación de la Directiva de tratamiento de aguas residuales, aprobada en 1991, ha llevado a una importante reducción de la contaminación en las aguas europeas, tal como reconoce la Comisión Europea en la evaluación de dicha Directiva llevada a cabo en 2019.
Ese mismo año, la Comisión publicó «El Pacto Verde Europeo», una nueva estrategia que pretende transformar Europa para hacer frente a los retos relacionados con el clima y el medioambiente, y entre cuyos objetivos se encuentran la protección, el mantenimiento y la mejora del capital natural de la UE, así como la protección de la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. En este sentido, uno de los pilares del Pacto Verde es el Plan de Acción de la UE «Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo».
La protección de los recursos hídricos debe ser un elemento central de las políticas sectoriales que tengan un impacto sobre dichos recursos
Abordar la contaminación de los recursos hídricos en el contexto del Pacto Verde Europeo a través de su Plan de Acción de Contaminación Cero es fundamental para una provisión asequible, efectiva, eficiente y sostenible de los servicios del agua. Llevar a la práctica este ambicioso Plan de Acción requiere de políticas sectoriales coherentes que contemplen los siguientes aspectos estratégicos:
- Priorizar la aplicación efectiva del control en origen de la contaminación como elemento primordial, ya que hacer frente a la contaminación de los recursos hídricos no se conseguirá solo a través de soluciones basadas en tratamientos de las aguas, por muy exigentes que estos sean.
- La urgente necesidad de aplicar el principio de quien contamina paga en el sector del agua, tal como reconoce la Corte Europea de Auditores, a través de mecanismos como la responsabilidad ampliada del productor, y en cumplimiento de uno de los principios recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- La protección de los recursos hídricos debe ser un elemento central de las políticas sectoriales que tengan un impacto sobre dichos recursos.
De este modo, el marco legislativo de la UE, tanto en relación con nuevas normas como con la revisión de las ya existentes, debe ser coherente con la ambición europea hacia una contaminación cero, presentando objetivos realmente ambiciosos desde diferentes sectores.
Actualmente, se están revisando una serie de directivas y reglamentos que deberían sentar las bases de este cambio que permita aplicar el control en origen y el principio de «quien contamina paga»: la Directiva de emisiones industriales, el Reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios o la Directiva de aguas residuales, entre otros. Resulta preocupante, y decepcionante, ver cómo, a pesar de la ambición presente en las propuestas legislativas presentadas por la Comisión, dicha ambición se ve diluida durante el proceso de desarrollo legislativo por parte de los colegisladores europeos, mostrando la reticencia de determinados sectores a contribuir a una Europa libre de contaminación, dejando, una vez más, toda la responsabilidad en el tratamiento del agua.
La economía, la sociedad y el medioambiente no se podrán desarrollar de un modo sostenible si no tenemos recursos hídricos suficientes y libres de contaminación. Alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y disfrutar de una Europa sostenible no puede seguir basándose en los esfuerzos de los ciudadanos y del sector del agua en asumir los impactos derivados de las prácticas poco sostenibles de otros sectores. Requiere de voluntad, valentía y ambición política para garantizar la protección del medioambiente, y en concreto de los recursos hídricos, poniéndolos en el centro de las políticas europeas, priorizando el control en origen y aplicando el principio de quien contamina paga.