Aqualia
Connecting Waterpeople

El caso "Luis Planas" y la gobernanza del agua

426
2
(2)
  • caso "Luis Planas" y gobernanza agua
    Centro de visitantes El Acebuche, laguna (Wikipedia/CC)

Sobre el blog

Guido Schmidt
Miembro del Consejo Asesor del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Doctor-Ingeniero de Planificación Ambiental (1994) y ejerce actualmente de Consultor en Fresh-Thoughts Consulting GmbH.
426

Con la petición de dimisión del nuevo Ministro de Agricultura, el robo del agua en Doñana ha vuelto a saltar los medios de comunicación nacionales, después del reportaje de Jordi Évole en 2017. Desde los años 90, en el entorno de Doñana se talan bosques, perforan pozos y plastifican los cultivos para cultivar fresón y arándanos, con buenas ganancias económicas. ¿cuál es entonces el problema? Según muchos estudios científicos, los ecosistemas de Doñana – el humedal más importante de Europa – se deterioran de forma importante, y perdemos su biodiversidad. Además, buena parte de la actividad agraria se hace al margen de la Ley, consentido por alcaldes, consejeros (como Luis Planas) y los responsables de la gestión del agua, sobre todo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Los responsables políticos deberían asumir su rol en impulsar políticas a largo plazo y sostenibles y asegurar la acción

Estos responsables políticos saben, como tarde desde Julio 2017 (según el acta de una reunión oficial), que hay al menos 146 hectáreas agrícolas, 206 pozos y 22 balsas del todo ilegales y bajo ningún concepto “legalizables” (aplicando la Ley de forma blanda), pero aun así siguen funcionando y consumiendo el agua que no tienen autorizado. Y según documenta WWF con imágenes satélite, cada año hay más hectáreas de cultivo, más pozos y más balsas en Doñana, en general sin sus autorizaciones. Y uno se pregunta ¿qué hacen las administraciones? Pues, en buena parte mirar para otro lado (como el actual Ministro), invertir en proyectos de eficiencia en el regadío que se sabe de antemano que no van a reducir el consumo de agua, aprobar el lunes pasado un nuevo y mayor trasvase de agua (viendo el deterioro del Mar Menor, causado en buena parte por el crecimiento agrícola en Murcia, esta solución no ayudará mucho para un futuro más sostenible en Doñana) y aprobar una instrucción interna (de fecha 30 de Mayo, firmado por la Directora General del Agua) prohibiendo a los agentes medioambientales el denunciar infracciones a la Fiscalía Ambiental. Y para concluir, la Comisión Europea lleva 10 años analizando las denuncias sobre este caso, con un resultado aún incierto sobre la decisión. ¿Es ésta una buena gestión del agua y del territorio? Como mucho, se intenta evitar que el “problema” llegue a los juzgados, posponer decisiones y así seguimos despreocupándonos, aunque a medio-largo plazo acabe con la agricultura de alto valor añadido en la zona, perjudicando también a los agricultores “legales” y aquellos que apuestan por la sostenibilidad.

¿Qué se debe hacer? Los responsables políticos deberían asumir su rol en impulsar políticas a largo plazo y sostenibles y asegurar la acción. En Doñana, el plan de la corona forestal debería estar ejecutado en 2020, pero curiosamente las acciones “incómodas” de cierre de fincas ilegales y de restauración dominio público no avanzan. Y Doñana sólo es la punta del iceberg; la situación es parecida en las Tablas de Daimiel, el Mar Menor y muchas otras zonas, pero simplemente no hay datos, ni ONGs para abordar estas cuestiones, y la inacción administrativa se nota menos. Según los últimos datos del Mapama (FEGA), el 8% de los regadíos controlados hacían un “uso no autorizado del agua”. Queda mucho por hacer, por lo visto también en el Ministerio de Agricultura, ¿no?

Comentarios