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¿Qué hacer para acabar con el uso ilegal del agua en España?

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  • ¿Qué hacer acabar uso ilegal agua España?
    Perforadora en los pinares de Doñana. (CC/Felipe Fuentelsaz)
  • Artículo cooescrito con Lucia De Stefano.

Sobre el blog

Guido Schmidt
Miembro del Consejo Asesor del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Doctor-Ingeniero de Planificación Ambiental (1994) y ejerce actualmente de Consultor en Fresh-Thoughts Consulting GmbH.
Minsait
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El pasado día 6 amanecimos con la noticia de “El robo del agua empuja al Gobierno a declarar sobreexplotado el acuífero de Doñana”. Una noticia que sugiere un cambio muy necesario, tras ver durante años cómo se minimizaban los problemas de la sobreexplotación y de los pozos ilegales en la zona. Incluso, tal y como relata “El Gobierno autoriza el agua en la finca de Doñana por la que estuvo imputado Planas”, hace tan solo dos meses, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aún tramitaba la autorización de más extracciones en estas zonas sobreexplotadas.

A este cambio sin duda ha contribuido que “La Comisión lleva a España ante el Tribunal por la desprotección del humedal de Doñana”, ya que “las medidas implantadas para garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y la conservación de los hábitats de Doñana son insuficientes, y su ejecución defectuosa”. Declarar la sobreexplotación del acuífero es una medida muy importante, pero no la única. Por ejemplo, hemos visto hace unos días las muy acertadas propuestas del Colegio de Geólogos, reclamando una regulación para la realización de sondeos de aguas subterráneas.

La tarea de atajar el uso ilegal no es fácil, pero existen muchas herramientas y medidas para actuar. Desde enero de 2018, un grupo de expertos y gestores de varios países estamos analizando qué estrategias se pueden poner en marcha. Hemos visto que el uso ilegal del agua (sobre todo en la agricultura, pero también en las ciudades y la industria) es extendido por medio mundo, y los países más avanzados en combatirlo son posiblemente Australia, Sudáfrica y algunos países de Europa, como Malta e Inglaterra. En cualquier caso, las acciones tienen un impacto limitado, porque suele haber poco interés y esfuerzo por parte de los Gobiernos para acabar con el uso ilegal.

 


Mapa que ilustra los países que tienen constancia del uso ilegal del agua.

En cuanto a las diferentes estrategias, hay posibilidades y ejemplos para emprender acciones a través de al menos 11 líneas diferentes:

  1. Mejora de controles in situ, por parte de la guardería fluvial, incluyendo la obligación de instalar medidores de extracción de agua y su control. La Ley de Aguas recoge este aspecto, pero no hay datos públicos sobre su grado de implementación.
  2. El uso de la detección remota para el control del uso del agua, tal y como WWF España ya ha aplicado previamente en Doñana, y la Confederación Hidrográfica en el Alto Guadiana.
  3. Gestión integrada de datos, contrastando permisos (p.ej. con las autorizaciones de perforación de pozos por parte de las administraciones de Minas, y vinculando pozos con el bombeo y el consumo de energía, o con datos de Hacienda – acuérdese de los funcionarios de la CH Guadalquivir detenidos a raíz de la amnistía fiscal.
  4. Establecimiento o mejora del sistema de derechos de agua, adaptando las concesiones a la disponibilidad real de agua (así se gestiona en Australia e Inglaterra), y realizando por parte de las Comunidades Autónomas los estudios para conocer cuánta agua debe reservarse para el mantenimiento de los espacios naturales protegidos.
  5. Aplicación más estricta de la condicionalidad para retirar subvenciones agrarias a aquellas explotaciones que usen el agua de forma ilegal. El último informe del FEGA aclara que el “uso no autorizado del agua” afecta casi al 10% de los regadíos controlados, concentrado en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Valencia, y que la única penalización consiste en retirar entre un 1-5% de las subvenciones otorgadas.
  6. Mayor implicación de usuarios y de otras personas interesadas en el control del uso de agua, por ejemplo, a través de un mayor acceso público al Registro de Agua, cumpliendo con la privacidad establecida por el GDPR.
  7. Un mayor esfuerzo por parte de la Fiscalía en el impulso y tramitación de acciones jurídicas administrativas y penales contra infractores; incluyendo también la formación para los jueces sobre la relación entre el agua y el medio ambiente. La Fiscalía de Huelva ya es activa en este tema (“Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel por presunta extracción ilegal del acuífero 27 de Doñana”, pero seguramente sus recursos sean escasos, y otras Fiscalías podrían tomar mayor iniciativa.
  8. Formación para los agricultores para cumplir con las restricciones de agua por escasez o sequía, como se ha promovido por ejemplo a través del proyecto ‘Misión Posible’ de Coca-Cola con WWF España.
  9. Mejora de la certificación de productos agrícolas, a través de sellos como el GLOBAL G.A.P., las Denominaciones de Origen o la Agricultura Ecológica, incorporándose aspectos sobre el uso legal y sostenible del agua, que actualmente padecen. Estos sellos pueden servir para que cadenas de supermercados concienciadas (como por ejemplo EDEKA en Alemania) dejen de vender productos producidos a costa del deterioro ambiental y de la infracción de leyes.
  10. Campañas de concienciación sobre el uso ilegal y la sobreexplotación de los acuíferos.
  11. Revisión al alza de las tarifas de extracción de agua, sobre todo en acuíferos sobreexplotados, donde el agua es un bien escaso.

Esperemos que las autoridades competentes – en materia de agua, agricultura, minería y ordenación del territorio - impulsen al menos algunas de estas acciones, tanto para proteger Doñana y nuestros entornos de vida, como para cumplir con las obligaciones frente a la Unión Europea.

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