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Política de gestión del agua de Chile y sus desafíos

Sobre el blog

Guillermo Donoso
Profesor Titular del Centro de Derecho y Gestión de Aguas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro del Comité Científico de la Semana Mundial del Agua en Stockholmo y del Directorio de la International Water Resources Association
  • Política gestión agua Chile y desafíos

Chile fue uno de los primeros países que aplicaron reformas estructurales económicas en América Latina, instituyendo una serie de políticas basadas en el mercado. Como resultado de estas reformas, desde el retorno de Chile a la democracia, el PIB per cápita real aumentó por encima del 100%. En respuesta a este crecimiento acelerado, crecieron los consumos de aguas superficiales y subterráneas sustentado por un aumento exponencial en los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) otorgados. Los mercados de derechos de agua en Chile también han permitido este crecimiento económico facilitando la reasignación del uso del agua desde usuarios de menor a mayor valor y brindando acceso a recursos hídricos a un costo menor que fuentes alternativas como la inversión en infraestructura de agua y desalinización. A su vez, el sector privado, como medida de la gestión de la demanda de agua, ha aumentado su eficiencia en el uso del agua. La eficiencia en el uso del agua en el sector agrícola y minero aumentaron en un 17% y un 63%, respectivamente. En la industria también hay evidencia de una mejora en la eficiencia del uso del agua.

Sin embargo, es importante señalar que, debido a este aumento en el consumo de agua, en la actualidad, varias cuencas en las macrorregiones norte y central de Chile están sobre otorgadas lo que ha llevado a un agotamiento del recurso. Con respecto al agua superficial, hasta 2015, la Dirección General de Aguas (DGA) había declarado 11 cuencas hidrográficas agotadas, lo que representa el 35% de las principales cuencas y el 11% del total de cuencas hidrográficas de Chile. El sobre otorgamiento de DAA de aguas subterráneas fue más seria; en las últimas dos décadas, el uso de pozos en la agricultura se ha multiplicado por seis y el uso de pozos para minería y agua potable se cuadruplicó y dobló, respectivamente. Producto de lo anterior, 153 sectores hidrogeológicos o acuíferos están declarados bajo restricción y 4 bajo prohibición, todos en el norte y centro de Chile. En ausencia del interés público, el estado no puede intervenir directamente para restablecer el equilibrio del agua subterránea. Los titulares de DAA pueden solicitar a su comunidad de aguas subterráneas o a la DGA que impongan una prorrata para reducir la extracción de aguas; sin embargo, esto no ha ocurrido. Por lo tanto, el balance hidrogeológico ha sido cada vez más negativo y la sostenibilidad de los acuíferos en las macrorregiones norte y central está comprometida.

El abastecimiento de agua potable y saneamiento urbano de Chile representa un caso exitoso al alcanzar niveles de cobertura virtualmente universales tanto en el suministro de agua potable como en la recolección y tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, este no ha sido el caso del agua potable rural. La capacidad del sistema de agua potable rural (APR) para responder a la escasez en tiempos de sequía ha sido, en general baja. Durante la sequía entre 2011 y 2016, el 6% de todas las APR tuvieron que ser suministradas con camiones aljibes. Se estimó que alrededor de 200,000 personas que vivían en áreas rurales recibían una cantidad variable e insuficiente de agua para satisfacer las necesidades humanas básicas. Por lo tanto, los sistemas APR son precarios y vulnerables, y no cumplen con el derecho humano al agua.

El sector del agua no ha ejercido la mayor influencia sobre los recursos hídricos y su gestión. En cambio, tuvieron un impacto más profundo sobre la gestión del recurso hídrico las políticas sociales y macroeconómicas y el crecimiento agrícola y de otros sectores económicos. Esto es particularmente cierto en el caso de las políticas relacionadas con la estrategia nacional de desarrollo del país, a pesar de que tales políticas a menudo parecían no estar relacionadas con el agua.

El aumento de la actividad económica ha aumentado la necesidad de una regulación efectiva de las aguas, las instituciones públicas deben llevar un registro actualizado y transparente de los DAA, información hidrológica de fuentes superficiales y especialmente subterráneas, proporcionar información de mercado que revele los precios de transacción a compradores y vendedores, y regular los intercambios de DAA que cambian el punto de captación del agua, entre otros. Se requiere, además, de una regulación de la calidad del agua más efectiva y una mayor protección de los ecosistemas acuáticos. Las políticas que regulan la calidad ambiental de las aguas en Chile han avanzado significativamente. Sin embargo, han tardado unos 22 años en implementarse y, por lo tanto, en la actualidad, existen importantes problemas y desafíos en la calidad del agua y deterioro de los ecosistemas acuáticos.

Los avances y reformas del marco institucional y legal de Chile para la gestión del agua no han sido suficientes para abordar los problemas y desafíos que Chile enfrenta en su fase actual de desarrollo. La división cada vez mayor entre la naturaleza de los problemas en una sociedad compleja con una fuerte presión sobre los recursos naturales y las respuestas que las estructuras de gestión tradicionales han sido capaces de ofrecer ha llevado a un aumento de conflictos, ineficiencias y oportunidades perdidas de progreso. Esto se debe a su incapacidad para abordar los problemas de gestión del agua que afectan a toda la cuenca hidrográfica e involucran a múltiples partes interesadas y sectores. En la actualidad, no hay instancias participativas que reúnan a la sociedad civil, privada y pública. Además, los usuarios del agua de diferentes sectores rara vez interactúan, a pesar de que forman parte de las asociaciones de usuarios del agua.

Esta situación desfavorable crea la necesidad de implementar mecanismos para promover la gestión integrada, que se ve exacerbada por el marco legal y económico actual del uso de los recursos hídricos. Por lo tanto, la adopción de la gestión integrada de los recursos hídricos es una prioridad para que Chile pueda enfrentar sus desafíos actuales y futuros de gestión del agua. Para esto, la gestión hídrica de Chile debe incorporar la planificación participativa y la toma de decisiones con una consulta pública completa y la participación de todos los usuarios del agua, así como de la sociedad civil.

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