Derechos, seguridad y prosperidad, son las bases sobre las que han de asentarse los principios aplicados a la gestión del capital natural en el futuro inmediato, entendiendo por tal el que abarca las próximas décadas del siglo que transitamos. Se resquebraja la tendencia inercial de considerar que la gestión de los bienes naturales ha de tener como fin único la generación de riqueza material. Bien es cierto que no es ésta la teoría gubernamental en boga en tiempos de crisis, muy al contrario se postula la privatización de todo patrimonio público y la expropiación de derechos ciudadanos a mayor gloria de la macroeconomía, pero al tiempo se abre camino una suerte de empoderamiento social que nos permite atisbar un cambio muy profundo y de largo alcance en la, hasta ahora, entreverada relación del poder político con el poder económico.
Se resquebraja la tendencia inercial de considerar que la gestión de los bienes naturales ha de tener como fin la generación de riqueza material
Agua y energía son, sin lugar a dudas, elementos imprescindibles para sustentar el desarrollo de cualquier región, y lo serán aún más en los tiempos venideros. De su disponibilidad o de su carencia dependerá el ser o no ser de cualquier proyecto de avance social en no importa que rincón del Planeta. Con la Humanidad enfrentada al gran reto del Cambio Climático, las decisiones de todos los gobiernos no han de perder de vista los diagnósticos cada vez más incontestables de la comunidad científica. Hemos de cambiar radicalmente un patrón energético que representa un riesgo cierto para la sostenibilidad misma de los ciclos de vida en no pocos territorios, en los cuales el agua se nos presenta como factor determinante, y España es uno de esos puntos críticos.
Sabemos que enfrentarnos a una crisis energética o una crisis hídrica es hacerlo contra crisis sistémicas, y que cualquiera de ambas desencadena graves consecuencias económicas, pero no es menos cierto que las de carácter social y ambiental que llevan aparejadas son de mayor alcance aún que aquéllas. Hemos de concluir pues, que agua y energía han de ser áreas estratégicas en la gestión de un país, y que deben estar conectadas en aras de un mejor gobierno.
Enfrentarnos a una crisis energética o una crisis hídrica es hacerlo contra crisis sistémicas
Así pues, asistimos al nacimiento de unos nuevos principios de la gobernanza del agua y de la energía, enraizados en su consideración de derechos humanos (el agua ya ostenta dicha categoría desde 2010, y no me cabe duda de que la energía seguirá en breve el mismo camino). Además no será posible obviar por más tiempo la condicionante ambiental en la planificación y la gestión de ambos recursos; no hacerlo así sería tanto como rebajar a futuro los índices de calidad de vida merced a irresponsables decisiones de presente. Sólo garantizando la premisa ambiental y el aseguramiento del derecho ciudadano a ambos recursos, será posible desplegar las potencialidades de actividad económica al servicio de la generación de riqueza que los mismos atesoran. La alternativa no es otra que la escasez, el conflicto y la ruina.
¿Cómo anticipar esa política de la seguridad ambiental, de la consolidación del derecho de acceso al agua y a la energía, y de la prosperidad vinculada a la gestión del capital natural? Necesitamos Leyes del siglo XXI para las realidades sociales, tecnológicas y ambientales del nuevo milenio. Es preciso que la sociedad sea consciente del reto al que se enfrenta, porque habrán de convivir decisiones locales con consecuencias globales, en tanto que no existen instrumentos operativos de gobernanza global. Podríamos comenzar por alguna gran decisión de gobierno: se abriría un horizonte esperanzador con un Ministerio en el cual conviviesen agua y energía, encargado de velar por el adecuado ordenamiento de ambos recursos esenciales, la integridad del capital natural y una equilibrada gestión del patrimonio público (costas, ríos, montes, biodiversidad, aire…). Más que un Ministerio de Medio Ambiente, uno de Todo el Ambiente.
