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Derecho y política para el Mar Menor

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Sobre el blog

Isabel Caro-Patón
Doctora en Derecho y Profesora Titular de Derecho administrativo. Consultora de MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS.
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En las últimas semanas hemos leído en esta web que existe consenso científico acerca de los males que aquejan al Mar Menor. Sin embargo, como todos sabemos, el consenso científico no es más que un punto de partida que por sí mismo no basta para que se ponga en marcha la maquinaria administrativa imprescindible para resolver el problema.

La maquinaria administrativa, y esto es una segunda obviedad, se mueve si hay impulso político suficiente de los órganos de dirección de las distintas Administraciones públicas. En estos temas ambientales en los que laten fuertes implicaciones sociales y económicas, lo que motiva a un político son dos cosas: las elecciones y las multas europeas (o amenazas de multas) por incumplimiento de la normativa ambiental. Acabo de entrar en la web de la Comisión Europea donde se publican los incumplimientos ambientales que están siendo investigados y no encuentro ningún procedimiento de infracción relativo al Mar Menor[1]. Por otra parte, la normativa ambiental es tremendamente compleja y en España existe un régimen de distribución competencial endiablado y parece como si no existieran instrumentos que faciliten la coordinación o la cooperación entre el Estado, la Comunidad autónoma y las  organizaciones de base privada.

Para el Mar Menor, un lugar adecuado para aunar voluntades es la planificación hidrológica

A estas alturas de mi carrera profesional estoy segura de que el derecho no es ninguna panacea pero que tiene la grandísima utilidad de marcar los caminos o procedimientos que han de recorrer los políticos para tratar de responder ante situaciones críticas. Para el Mar Menor, o en general para la protección de espacios naturales afectados por lo que son presiones a las masas de agua cubiertas bajo el marco de la Directiva 2000/60 de aguas, un lugar adecuado para aunar voluntades es la planificación hidrológica. Con esto no quiero decir que el problema sea ante todo una responsabilidad la Confederación hidrográfica del Segura (porque no lo es) sino más sencillamente que el proceso de elaboración del plan hidrológico es un marco idóneo para: (i) considerar con rigor las implicaciones económicas y sociales de forma global; y (ii) recoger las tareas que competen a cada organismo público y a los agentes sociales[2]. Actualmente se está tramitando la tercera revisión del Plan de la demarcación del Segura y ha de salir a Información pública el esquema provisional de temas importantes, aunque antes ha de cerrarse la fase previa de la planificación que es la de los documentos iniciales (BOE de 19 de octubre de 2018) que, en el Segura, está pendiente de valoración de las aportaciones presentadas[3]. A lo largo de 2020  comprobaremos si se ha aprovechado la oportunidad de valorar problemas y soluciones que ofrece el largo proceso de planificación.

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