El Artículo 80 de La Constitución Política de Colombia de 1991, señala: “Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.
Sin embargo, esto no se cumple en su totalidad por los intereses que sobre los recursos naturales sean renovables o no, tienen tanto los inversores nacionales como extranjeros. La industria y el comercio necesitan de recursos para materias primas, lo que no es compatible muchas veces con las políticas y las propuestas de algunos de los sectores políticos y sociales de disminuir el consumo de materiales fósiles y generar bienes amigables con el ambiente, o la conversión a energías limpias.
Ahora que se empieza a discutir en Colombia un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en el que no se cuenta con la suficiente información en cuanto a la política de recursos naturales. Además el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ricardo Lozano, sale del Centro Nacional del Agua de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde ejerció como director. Y la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de Ecopetrol y participó en las Juntas Directivas de las empresas: Isagen, ISA, XM, FDN, Cenit y Ocensa; son puestos a los intereses de los sectores industriales y extractivos. Estamos pues ante una situación en la que se propone la minería y el ‘Fracking’ como una de las principales metas económicas aunque esto signifique dilapidar nuestros recursos naturales.
En Colombia se discute sobre el ‘Fracking’ como práctica en la industria nacional del sector de los hidrocarburos y la construcción de nuevas macrocentrales hidroeléctricas como desarrollo de los megaproyectos regionales, caso ‘Hidroituango’; ponen en el tablero los debates sobre el extractivismo y la conservación, y de estos dos lados quedan varias cosas pendientes:
- 1. Lo Político, son decisiones que se toman en el plano de lo público y con afectaciones a las comunidades.
- 2. Lo Económico, porque son inversiones que se tienen que hacer a varios años y que generan unos costes con cargo a los presupuestos de las entidades públicas, además; de las afectaciones a las economías locales que en su gran mayoría son economías de subsistencia, “porque se vive de lo que dá la tierra”.
- 3. Lo Social, las comunidades son una red que se teje alrededor de las montañas y los ríos y el desarrollo de los megaproyectos como en el caso reciente de Hidroituango fracciona esa red, la población no se define como de un municipio o de otro, ésta se define como parte de un territorio, en el que construyen una sociedad y comparte sus recursos, su cultura, entre otros.
- 4. Lo Cultural, porque como se plantea; es en la cultura y en sus expresiones donde el ser humano se hace más humano, al compartir con otros los ritmos musicales, la gastronomía, los lugares comunes y los diversos referentes geográficos, etc.
- Y 5. Lo Ambiental, es el medio el que provee todo lo que se requiere para la supervivencia no sólo humana sino de los seres vivos, y lo que la naturaleza provee además de los cambios que se le hacen para el bienestar de las especies.
Así que ante este panorama nos acercamos, bienvenida la discusión, y esperemos que sea abierto, sincero y ante todo donde prime lo ético.
Capacete: Celeste, 1. El Maestro Gustavo Álvarez Gardeazábal @eljodario, recomienda "hidroituango es un problema ético."
2. En la próxima entrega “Política de Ordenamiento del Recurso Hídrico”.
