Algunos autores proponen una revisión al concepto de recurso hídrico y al concepto de gestión. La propuesta es integral, en el sentido de que aboga por una revisión de la misma noción de economía, de propiedad privada, de los recursos en general y del agua en particular desde la teoría económica. La noción de activo social no es nueva, sin embargo, la recrea en función de la gestión del agua. La noción de activo social exige superar la ficción de la existencia perfectamente delimitada de la propiedad privada, sobre la que se asienta la visión convención de la economía de sistema cerrado, para reconocer dos aspectos fundamentales:
a) El primero es que el hombre no se apropia de recursos aislados sino de ecosistemas y b) el segundo es que en un contexto de ecosistemas el ejercicio total de la propiedad privada es en la actualidad virtualmente imposible.
Por lo tanto, la idea de activo social nos acerca a la de propiedad comunal que, en ningún caso es sinónimo de libre acceso o de ausencia de propiedad. Esta propiedad comunal se puede entender en la actualidad de dos maneras: a) una como el resultado de un proceso de descentralización que incentive la creación de pequeñas comunidades que sean autosuficientes y b) otra a nivel global que podría ser vista como el resultado de un proceso gradual de limitaciones en los derechos privados o, si se prefiere, de reconocimiento de que el ejercicio sin trabas de la propiedad privada, está sujeto en un contexto de ecosistemas a tan graves e inevitables interdependencias, que hacen realmente inviable la propiedad privada.
Las implicancias que se derivan de la noción de activo social apuntan hacia una reconstrucción conceptual de la propia economía. Las preguntas relativas a la gestión, desde ese marco, pasarían por ¿quiénes son los dueños de los recursos?, ¿cómo se distribuyen los beneficios de ese activo social?, ¿cómo se garantiza su acceso?, ¿quiénes son los responsables de conservarlo?, ¿qué papel juega el estado? ¿Cómo se miden los costos sociales?; ¿cómo deben ser consideradas las generaciones futuras en las gestiones actuales? Las instituciones definen el conjunto de elecciones de las actividades económicas y, en el caso del agua, deberían indicar quién puede extraer y quién no, qué tipos de extracción se pueden hacer y cuáles no, cuánta agua se puede extraer sin poner en peligro el rendimiento de seguridad del acuífero, cómo usarla y en qué condiciones hay que devolver el agua usada para no contaminar el caudal no usado, etc. En suma las instituciones regulan la gestión del agua.
Así pues, para proporcionar criterios de gestión, hay que empezar por especificar con claridad los presupuestos anteriores, en suma, si se consideran o no al agua como un factor de producción o un activo social, con todas las implicaciones sociales, distributivas, ambientales, etc., es decir, con el estilo de desarrollo que conlleva una u otra consideración. Esta revisión de conceptos deja como saldo una estrategia de gestión de agua cuyos objetivos no sólo impactan en sí, sino que configuran el estilo de vida o de desarrollo de la sociedad. Los pasos que deberían darse de cara a una gestión del agua como activo social, comprenden en una primera etapa, las siguientes acciones:
a) estudiar su ciclo durante un período de tiempo que sea representativo, siempre que las condiciones climáticas no varíen durante ese período, esto permitirá después estimar en términos físicos el volumen disponible así como la calidad del mismo.
b) una vez obtenida esta información, sería necesario especificar los criterios o normas para su uso sostenible o renovable, tanto en términos de compatibilidad de las funciones ambientales, y en cuanto a términos de su apropiación y distribución
