Venezuela es un país rico en recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Posee numerosos ríos, lagos, lagunas, esteros, morichales, sabanas inundadas, los cuales dirigen sus aguas hacia grandes cuencas hidrográficas. De allí que Venezuela pueda ser catalogada como un país productor de agua. Cuenta con alrededor de 90 cuencas hidrográficas que, a partir del año 2007, con la entrada en vigencia de la Ley de Aguas, fueron clasificadas y catalogadas en 16 regiones hidrográficas. Este fue el primer acercamiento a la modernización del ordenamiento de las cuencas, de acuerdo con los modelos de gestión que se vienen aplicando en la mayoría de países del mundo.
Sin embargo, actualmente, la estructura institucional y física de los sectores agua y saneamiento se encuentra desmantelado. Esta grave situación compromete la calidad de las fuentes de abastecimiento, las condiciones físicas y operativas de la infraestructura y los procesos de tratamiento, potabilización y distribución, colocando a Venezuela en una crisis de servicios de gran escala, que forma parte de una Emergen Humanitaria Compleja en agua y saneamiento desde el año 2016. Durante los últimos siete años, el Estado venezolano ha dejado de cumplir sus obligaciones de garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento, y lograr las metas del ODS N° 6 que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, ignorando u omitiendo la necesidad de políticas y medidas para rehabilitar los sistemas y servicios requeridos para asegurar el acceso de la población a estos derechos. En la pandemia por Covid-19, la falta de estos servicios ha sido un factor determinante en la propagación del virus.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI)1 de Venezuela reveló que, para los años 2019 y 2020, 75% de la población no recibía agua todos los días. Esta misma encuesta muestra que, en muchas zonas, la frecuencia de suministro es menos de dos días a la semana, lo que obliga a la gente a recurrir a fuentes de agua insegura. Durante los últimos cinco años, en las circunstancias de la Emergencia Humanitaria Compleja, y hasta marzo 2020, 18 millones de personas, que representa 63% de la población que habita en viviendas conectadas al sistema de acueductos, sufrieron interrupciones constantes del suministro de agua. En tales interrupciones, 2,5 millones de personas (9,7%) recibió agua solo una vez a la semana, 3,6 millones (14,3%) cada dos semanas o una vez al mes, y 3,4 millones (13,3) no la recibió nunca.
Al momento de surgir el riesgo por el Covid-19, en muchas partes del país había interrupciones de los servicios básicos, electricidad y agua, impidiendo el normal desenvolvimiento de la vida de las familias y de las actividades escolares, lo que comprometía y afectaba, la calidad, completitud y continuidad de la educación básica; así como la asistencia de los estudiantes que, en algunos casos faltaban a clases por no contar con agua en sus casas para lavar sus uniformes o para bañarse. Solo 17,8% de las instituciones educativas de Venezuela cuenta con un servicio continuo de agua, saneamiento.
En ese sentido, la relación del agua con la salud humana y con estándares básicos de bienestar y dignidad la convierte en un elemento indispensable para la vida. El derecho al agua es un factor de equilibrio social, y la voluntad política de asegurarlo se expresa en los códigos de derechos humanos y en otras leyes. Por lo tanto en la actualidad la situación del acceso al agua potable en Venezuela obedece a una escasez socialmente construida, toda vez que los componentes para una “Gestión Hídrica” están presentes pero de manera desarticulada, el agua como patrimonio eco social existe en abundante cantidad, sin embargo los ciudadanos no pueden tener acceso a la misma debido a la pésima Gestión de este recurso por parte de las empresas operadoras que distribuyen de manera desigual dentro de cada territorio e inequitativamente el vital líquido y en la mayoría de los casos “Agua de Mala Calidad”, comprometiendo la salud y bienestar, fundamentalmente en los estratos más pobres de la población donde estos en la mayoría de los casos destinan gran parte de sus ingresos a compra de agua.
Por otra parte, la falta de tratamiento y disposición de los efluentes es tal vez uno de los más agudos problemas ambientales del país por su incidencia sobre la degradación de la calidad de los cuerpos de agua dulce más importantes y su impacto sobre las playas y paisajes turísticos.
Bajo este marco de referencia, la falta a el acceso de agua potable y la ausencia de saneamiento tiene como consecuencias en diversos problemas difíciles cuantificar tales como la dignidad y la comodidad de las personas, su aceptación social, la seguridad de las mujeres, la asistencia escolar especialmente de las niñas, la productividad en la escuela y en el trabajo por lo que es considerado como una Violación del Derecho Humano al Agua.
1.-Encuesta de Condiciones de Vida del año 2019 (ENCOVI 2019).
