Venezuela es considerado uno de los países con mayor riqueza hídrica de región Latinoamericana.
Según la FAO (2010) se encuentra dentro de los diez primeros con agua disponible, dada la gran afluencia de cuerpos de agua dentro de inmensas cuencas hidrográficas, como por ejemplo el Orinoco y el Amazonas, por citar algunos. Estos son complementados por más de noventa embalses con diversos usos, a saber: riego, control de inundaciones, abastecimiento, recreativo, uso ecológico y una extensa malla de pozos profundos distribuidos a lo largo y ancho del territorio venezolano, en definitiva, es agua abundante.
Sin embargo, en los últimos años se han presentado severos conflictos de orden social por escasez de agua, hoy día la gran mayoría de los habitantes de los sectores urbanos y rurales carecen del vital líquido, ello obedece la pésima "Gestión" de las empresas operadoradoras dedicadas a dar servicio, teniendo que recurrir a la compra del agua embotellada, disponiendo cerca del 40% de sus ingresos mensuales para adquirir el vital líquido.
En otro contexto, cerca de cuatro millones de habitantes en el sector rural no tienen acceso al agua potable puesto a que el ente responsable de prestar el servicio fue eliminado para dar paso a una nueva figura donde los Alcaldes deberían asumir la competencia, desde el año 2001, y aún no se ha concretado el traspaso de acueductos a los gobiernos locales con predios agrícolas.
Así mismo, la Ley de Prestación de Servicio de Agua Potable, promulgada en el año 2001, aún no tiene reglamento, lo cual implica que dicha ya ley ya es obsoleta. En otro orden de ideas, las inversiones en el sector agua son ínfimas en comparación con las establecidas para el equipamiento militar.
A esta inmensa tragedia se le suma la falta de definición en políticas públicas y la alta rotación del ministros en el área. La rectoría que tenía el Ministerio del Ambiente, y cambió al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, recientemente fue separado en un Ministerio de Asuntos de Agua. Estas terribles improvisaciones afectan a más de las tres cuartas partes de la población venezolana, donde el estado suscribió en el año 2010 la resolución de las Naciones Unidas por el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, que luego lo refrendó el Parlamento Latinoamericano en el año 2013, conocido como el acuerdo de San José de Costa Rica.
Bajo este marco de rerferencia pareciera que para quienes dirigen esta área tan sensible no tienen claro el significado del derecho humano al agua en un país con mucha riqueza hídrica pero sus habitantes padecen de sed.
