El agua, como servicio urbano, fue objeto de prioridad de la incipiente administración autonómica, que a través de los planes de obras y servicios priorizó las inversiones en abastecimiento y la mancomunación de esfuerzos. La administración sanitaria introdujo el factor de calidad y garantía del agua como exigencia añadida a ese esfuerzo. Sobre la paulatina recuperación de los déficits históricos, el crecimiento urbanístico aportó el resto, lo cual permitió mantener las tarifas en un limbo protector y en todo caso, vincularlas al IPC, que en realidad era ajeno a la propia dinámica de cualificación del servicio. La extensión y modernización de los servicios se financió por otros cauces.
La administración hidráulica catalana introdujo el factor ambiental y su financiación mediante mecanismos específicos. La ley de saneamiento de 1981, la aprobación de cánones para financiarlo, y la consideración de la garantía como factor inmaterial que, sin aportar necesariamente más recurso, permite mejorar la disponibilidad del agua existente. Ahí tuvo un papel de singular importancia la creación de Aigües Ter Llobregat, el gran operador público de la Generalitat.
Hoy las aguas de abastecimiento público están movidas. Hasta pocos años atrás, en el mundo local catalán, apenas había un operador privado y diversos operadores públicos locales. La crisis postolímpica indujo la entrada de nuevos operadores vinculados a las grandes constructoras que reinvirtieron sus excedentes en una actividad anticíclica, rentable y segura como era el abastecimiento municipal. En ese mundo apenas había competencia: se funcionaba por concesiones, cuyo origen era con frecuencia incierto, a veces basado en situaciones heredadas de la dictadura o en situaciones de hecho anteriores, a veces basado en las apremiantes necesidades financieras de unos municipios cuya urgencia máxima era la restauración urbanística de nuestros pueblos y ciudades.
El agua, como servicio urbano, fue objeto de prioridad de la incipiente administración autonómica, que a través de los planes de obras y servicios priorizó las inversiones en abastecimiento y la mancomunación de esfuerzos
El llamado oasis catalán funcionó mientras parecía que los recursos eran suficientes y las necesidades básicas no se discutían. Eso acabó con la crisis que pilló a la Generalitat –como a otras CCAA, como a muchos bancos y cajas- con una hoja de parra por delante y otra por detrás. No voy a tratar sobre las causas, pero sí de las consecuencias que tuvo en el mundo del agua: la venta de ATLL, la creación de la empresa mixta Aigües de Barcelona, la feroz competencia e incluso la agresividad de grandes operadores entre sí y en relación a la administración, hasta desfigurar la propia noción de servicio público que ha dado razón de ser a esos operadores privados.
Pero la crisis también mostró la necesidad de garantizar el derecho de acceso al agua, cuestión que hasta entonces parecía ajena a nuestra realidad social y propia del tercer mundo. De repente, el agua, algo tan obvio que se daba por descontado, algo aparentemente tan barato que había sido usado como moneda de cambio financiero para otras cuestiones, entró en la agenda política. Hoy se debate sobre el derecho de acceso al agua, sus aspectos económicos, su gobierno. Y se revisa la vertiente ambiental en el marco de la llamada economía circular.
El movimiento remunicipalizador pretende precisamente la recuperación de la capacidad real de gobernar el servicio y dar un impulso a la gestión pública allí donde sea necesario y posible.
Alguna prensa y el sector privado proponen que el debate es, en el fondo, sobre gestión pública o gestión privada. No es así. En el pasado, en especial a nivel local y salvo excepciones, el discurso dominante ha sido el de la gestión privada. Ha sido así quizá por ignorancia o desinterés de las Confederaciones Hidrográficas, muy centradas en la agricultura y la producción hidroeléctrica -su razón de ser histórica-, o quizá por las dinámicas municipales antes comentadas. En Catalunya, incluso las acciones de la administración hidráulica en los grandes abastecimientos o las intervenciones municipales fueron, en general, de carácter reactivo en respuesta a iniciativas del operador privado. Salvo la creación de ATLL, cuya gestación fue más compleja.
La relativa pasividad pública en relación a la gestión del agua ha sido aceptada con naturalidad. Basta con repasar la hemeroteca a lo largo del siglo XX. El precio de esa dinámica ha sido la dificultad de control sobre un servicio que es nominalmente público. Ese es el mapa con el que empezó la crisis. Los informes que advertían de los riesgos de la privatización fueron ignorados y olvidados cuando no combatidos. Algunos, salen a la luz años después. Hay mucho que aclarar sobre la cuestión.
La novedad es, pues, la creciente iniciativa pública, que interpreta la nueva sensibilidad social y su expresión en los ámbitos de decisión política. Esa iniciativa ha sido acogida con recelo cuando no con hostilidad. Además de las batallas judiciales con poca o ninguna base, se financian campañas de imagen con fondos cuyo origen no se explica. Los destinatarios somos los mismos ciudadanos que pagamos la tarifa.
El sector privado siembra el terreno de señuelos conceptuales que desvían el debate de fondo. El debate gestión pública o gestión privada, el uso de los datos, la participación pública, las tarifas sociales, son ámbitos en los que el desparpajo expresivo del sector sale de su condición de mero gestor. Recientemente ha surgido la hipótesis no desmentida de otras actuaciones poco defendibles.
Leo artículos de prensa en los que el comentarista expresa preocupación por el futuro del agua más que por comprender a dónde nos condujo nuestra historia. [1] Ciertamente, la opinión es libre, pero las lagunas informativas son clamorosas.
Leo sobre la capacidad de manipulación que se mueve en los entornos del poder [2] y me sorprende identificar actitudes, que algunos alcaldes han padecido, ya observadas en el mundo del agua. Las iniciativas más o menos explícitas de los actores demuestra el olvido de la noción de servicio público y su orientación desconsiderada al mero negocio.
En paralelo, y a la manera del Sr. Aznar, que evitando su responsabilidad en la creación de un problema se presenta como la gran solución, en el mundo del agua también hay quien representa este papel.
No puedo evitar referirme a algo ya dicho: lo que importa es intentar revertir la situación y plantear la cuestión en positivo: ¿es posible una gestión colaborativa entre el sector privado y el sector público? Mi respuesta es que es deseable sobre la base de una actitud distinta que reconozca y respete la primacía de lo público. Hay que admitir que el pasado ya no va a regresar. Estamos en un país democrático en el que lo que se acuerda en los despachos debe ser ajustado y transparente y en el que el interés público debe prevalecer sobre el privado. Ese es un terreno ignoto que quizá algún día el sector se atreverá a explorar. [3]
