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Portada iAgua Magazine

La crisis económica ha comportado una fractura social y muchas disfunciones. En el mundo del agua hay evidencia de cosas mal hechas, no hechas o mal planificadas. Los planes de cuenca se resienten de la ausencia de conciencia de que las directivas comunitarias deben ser la base para mejorar la gobernabilidad del agua.

Las perspectivas climáticas arrecian la tensión por los usos del agua, ya sean agrícolas, energéticos o urbanos, ya sea el respeto a los caudales ecológicos de los sistemas hídricos. El carácter público del agua y la presión sobre los usos exigen un replanteamiento de la política hidráulica en pro de la eficiencia de los usos mayoritarios y el control de los vertidos. Los usos agrícolas y los energéticos pasan de puntillas por esos problemas.

En ese marco hay que encajar la política a promover para los usos urbanos. No son los determinantes en cantidad ni son, en las zonas más densas, los que más afectan al estado de las masas de agua. Los requerimientos de las políticas urbanas se mueven por otros parámetros, históricamente vinculados a la salud pública y a los estándares urbanos de calidad y disponibilidad de recurso. Ello ha comportado una tecnificación de los sistemas de distribución, control, medición y asignación de costes de los que se pueden beneficiar otros sectores de usuarios.

Las perspectivas climáticas arrecian la tensión por los usos del agua, ya sean agrícolas, energéticos o urbanos, ya sea el respeto a los caudales ecológicos de los sistemas hídricos

En el ámbito urbano se han dado circunstancias específicas entre las que deben señalarse, en primer lugar, la vinculación del servicio con la estructura de la ciudad, su crecimiento y la financiación de ese crecimiento con  cargo a las plusvalías que conlleva el proceso urbanístico.

También ha sido en las ciudades en las que se han implantado tarifas de uso que han considerado los costes del servicio. A nadie le gusta pagar, pero cuando se compara el hábito y la disponibilidad a soportar costes entre los distintos usos del agua, apreciamos diferencias considerables.

La organización práctica del servicio recae sobre los municipios desde hace casi 100 años en reconocimiento a ese principio de proximidad, a la necesidad de organización del espacio urbano, tan denso y complejo en usos que deben compatibilizarse, asegurarse y financiarse, y el más próximo a las necesidades y requerimientos de los ciudadanos.

Más recientemente, la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de garantizar el derecho universal de acceso al agua y la transparencia en la gestión.

De ahí su consideración de servicio público de prestación y recepción obligatoria y de que el pago por los usuarios del coste del servicio sea una prestación pública patrimonial.

En esas condiciones, la verdadera naturaleza del servicio resulta ajena al concepto de mercado. Y no obstante, algunos sectores ignoran esa realidad y defienden la conversión del servicio público en un mercado.

La explicación quizá esté en la juventud de nuestra democracia y en la precariedad de las finanzas municipales. En efecto, en los inicios de la democracia municipal -que las jóvenes generaciones denominan primera transición- el esfuerzo municipal se volcó, con notable éxito, en la dignificación de las ciudades. Muchos municipios delegaron la prestación de servicios esenciales en gestores privados, y algunos de ellos han confundido esa delegación con un mercado real, estable, rentable y sin riesgo. Y el Estado no invierte, lo cual frustra algunas expectativas.

Por otra parte, la realidad de los sectores regulados ha deslumbrado a algunos de los actores del sector, que piensan que si unos sí, quizá otros también.

La crisis obliga a todos y el agua necesita un replanteo desde sus propios ámbitos de responsabilidad o de interés. Es urgente que, al menos en el ámbito urbano, se dejen de lado los tópicos al uso sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos modos de gestión. Las hay, pero creo que hoy lo esencial es asegurar el gobierno del servicio por parte de sus titulares, asegurar la transparencia en su gestión, buscar las fórmulas para mejorar la contratación pública de los auxilios que en cada caso sean necesarios y establecer los mecanismos indicadores y de control público pertinentes.

Es difícil que los nuevos impedimentos legales en marcha para limitar  la soberanía municipal satisfagan la aspiración ciudadana reiteradamente expresada. El país ha sufrido mucho, ha observado mucha desvergüenza y alguna impunidad. El agua será piedra de toque de la credibilidad de otras reformas. Ya hemos visto los frutos de la opacidad. El sector tienen mucho que aportar, pero ya no desde la comodidad del pasado. Lo que se espera de él son colaboraciones en pro del interés público, no la adecuación de un servicio público a las aspiraciones privadas.

Habría  mucho de qué hablar, si hubiera voluntad.

Redacción iAgua

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