Aqualia
Connecting Waterpeople

El reconocimiento del derecho al agua debe hacerse sin olvidar que el agua es un recurso económico, no sólo por el elevado coste de un servicio con las debidas garantías, sino por ser primera materia esencial de muchos servicios y procesos productivos que precisan de ella.

Como todo derecho, el derecho al agua debe ser regulado. Eso es incompatible con las situaciones de hecho en las que determinadas personas o colectivos interpretan que pueden ejercer ese derecho a su manera; por ejemplo, con conexiones unilaterales ejecutadas de cualquier modo. El reconocimiento del derecho debe acompañarse de los protocolos de información que permitan identificar los casos que lo precisen, los protocolos de seguridad en relación a las conexiones –seguridad para con sus beneficiarios y en relación a terceros-, y la medición del ejercicio de ese derecho. La limitación de los cortes por impago es un gran avance, pero también un riesgo que requiere mecanismos de información para evitar abusos.

Por otra parte, el derecho al agua se refiere a las personas. En ningún caso se refiere a actividades económicas, cuya viabilidad no debe supeditarse a bonificaciones en relación a ese insumo, pues su coste debe ser contemplado en el plan de empresa como el de un suministro más. En los tiempos del desarrollismo, fue práctica frecuente incentivar la implantación de empresas ofreciendo alicientes económicos como ese. Pero no es creíble que la viabilidad de un negocio dependa del recibo del agua.

El derecho al agua tampoco debe referirse a instituciones públicas o privadas, que de otra forma cargarían una transferencia de coste al resto de ciudadanos a modo de impuesto indirecto oculto como sobrecoste del servicio. La cuestión no es baladí, pues los consumos municipales oscilan, según los casos, entre el 5 y el 15% del consumo total. Son pocos los alcaldes que han acordado el pago de los consumos municipales. En este punto quiero rendir homenaje especial a un alcalde durante cuyo mandato, ya lejano, ordenó suprimir ese privilegio, pues "es bueno que el alcalde se enfade cuando ve la factura del agua". De eso hace años y nunca lo he olvidado. La señal económica nunca falla. Tampoco falla predicar con el ejemplo. ¿Con qué autoridad se puede pedir a los ciudadanos que ahorren agua cuando se ignoran y no se pagan los consumos propios? En el municipio presidido por ese alcalde, desde hace años se cumplen los mejores estándares de rendimiento hidráulico y consumo per cápita.

En otras épocas fue frecuente que, al llevar el agua a una población, la administración hidráulica impusiera la condición de que las instituciones del Estado representadas en el lugar –oficinas, casas cuartel, escuelas, etc.- tuvieran derecho a agua gratuita. Queda mucho de eso todavía. Por otra parte, a esa práctica se han añadido instituciones o asociaciones locales a las que se ha otorgado compartir el privilegio municipal de disponer de agua gratuita.

El derecho al agua se refiere a las personas, y en particular, a aquellas que por su situación económica requieren protección. Y no obstante subsisten derechos derivados de concepciones pasadas, como el derecho a agua gratuita reconocido en muchos convenios de empresa como salario en especie a los empleados del servicio de abastecimiento de agua.

Así pues, la contextualización del derecho al agua debe hacerse con la debida delimitación de los diferentes supuestos que pueden desvirtuarlo y hasta desacreditarlo, y la depuración de situaciones históricas fuera de contexto que no tienen que ver con ese derecho.

Existen diversos métodos para financiar el reconocimiento del derecho al agua, ya sean subvenciones públicas o subvenciones cruzadas entre abonados mediante tarifas compensatorias que penalizan los consumos elevados y ofrecen precios reducidos para el primer tramo. Lo que apenas se ha ensayado es la financiación de ese derecho con la supresión de los privilegios aludidos.

La regulación del derecho al agua no pone en riesgo el equilibrio económico del servicio, pues la mayoría de los ciudadanos podemos pagar algo por encima del coste para que otros paguen por debajo o incluso, en determinados casos, no paguen. Aunque no tengo duda de que, hoy por hoy, tienen más coste las adherencias y privilegios de la historia que el reconocimiento del derecho al agua a quien lo necesita. También tiene más coste la falta de control efectivo de muchas concesiones en las que se reconocen importes sin suficiente acreditación. Esos costes, soportados por la tarifa, constituyen en sí mismos un sobrecoste menos justificado que el del derecho al agua.

En otro orden de cosas, el derecho al agua apenas tiene que ver con la fiscalidad redistributiva. Esa se mide en miles de millones de euros y se nutre de los grandes impuestos del Estado para asegurar los servicios públicos básicos como la educación, la sanidad, las pensiones, el seguro de desempleo o el ingreso mínimo vital. En todo caso, el derecho al agua debe considerarse un elemento singular del derecho a la vivienda.

Tampoco hay que complicar los cálculos ni los mecanismos administrativos hasta el punto de hacerlos injustificadamente costosos o incidir en detalles que los confunden con otros gastos socialmente comunes y aceptados para los ciudadanos vulnerables. En ocasiones, la actitud de algunos colectivos parece defender una especie de minifiscalidad compensadora de otras situaciones injustas. Creo que no es así. Cada problema tiene su ámbito y, sobre todo, su dimensión.

Como he indicado, el ejercicio del derecho al agua se relaciona -y también se complica- cuando se mezcla con el derecho a la vivienda. Se pudo observar con las situaciones de hecho que comportó la crisis de 2008 que comportó numerosos embargos de viviendas. Muchas de ellas están hoy en el limbo de muchos bancos o de la SAREB -en cuya web se informa de haber recibido 200.000 activos, mayoritariamente, viviendas, locales comerciales o solares. El desinterés de esos propietarios financieros tiene mucho que ver con situaciones difíciles de gestionar y que hoy los ayuntamientos afrontan como pueden en tanto que administraciones más cercanas y más sensibles a los problemas de convivencia ciudadana.

En definitiva, el reconocimiento e implantación del derecho al agua debe evitar algunos riesgos evidentes:

  1. La sobreactuación. Riesgo político evidente en esos tiempos en los que prima el sentimiento y la imagen sobre el planteamiento estratégico razonable a medio plazo. Se venden eslóganes efectistas que conviven con trastiendas confusas.
  2. La superposición de ese derecho a situaciones de privilegio histórico hoy injustificadas y/o a déficits de gestión, en general de coste superior al del derecho al agua.
  3. El riesgo de imagen empresarial, que con frecuencia vende lo inevitable como si fuera acción social de iniciativa propia, y lo financia con desgravaciones fiscales que nos afectan a todos. El derecho al agua lo establece el regulador, y no tiene que ver con el mecenazgo, ni con la beneficencia, ni con la ingeniería fiscal.
  4. El riesgo de abuso. El derecho al agua no se puede ejercer por la vía de los hechos como sucede con tantas conexiones clandestinas o con buena parte del incremento de la morosidad observada desde que se limitaron los cortes por impago.
  5. Riesgo conceptual. El derecho al agua es una simple garantía de acceso a ese bien básico que no substituye otros mecanismos de cobertura social más poderosos. Y, por otra parte, su regulación se complica cuando se considera en el contexto de otros derechos como el de disponer de una vivienda.

Por ese motivo aumenta el número de municipios que establecen procedimientos normativos que protegen exclusivamente a las personas y grupos sociales que lo precisen y, a la vez, evitan situaciones derivadas de interpretaciones unilaterales de ese derecho. Los procedimientos reglamentarios, los mecanismos presupuestarios y la coordinación entre los servicios sociales municipales y el servicio público de abastecimiento de agua son básicos.

Estoy convencido de que el conjunto de situaciones a revisar –privilegios públicos y privados, falta de control, morosidad, conexiones ilegales- suponen una carga económica superior al reconocimiento del derecho al agua para las personas que realmente lo necesitan. Esa carga económica, fruto de extralimitaciones, negligencias y “justicia-por-su-mano”, la pagamos todos. El objetivo a alcanzar es obvio: protección universal del derecho al agua, sí; abuso, ninguno.

Redacción iAgua

La redacción recomienda