La digitalización de los servicios asociados al agua se ha incardinado en el concepto “smart” mucho más amplio, que se ha aplicado como slogan a la introducción del conjunto de los servicios urbanos en la era digital. Así, las smart cities no se concebirían sin la digitalización del agua.
A ese concepto se ha llegado por una combinación de factores entre los cuales el perfeccionamiento de los sistemas de medición, la teletransmisión de datos, la capacidad de procesamiento y predicción de escenarios, y la progresiva automatización de la toma de decisiones.
Ese proceso viene madurando desde hace tiempo en lo que se refiere a la gestión interna de los servicios públicos. Un ejemplo visible y ya familiar es la predicción y anuncio de la hora de llegada de los transportes públicos.
Los contadores digitales abrieron la puerta a obtener datos detallados de los abonados a un servicio. Los servicios eléctricos fueron los primeros en estar listos para su implantación en el mercado interior de la electricidad. Por ese motivo, y para eliminar los obstáculos a la venta de electricidad en condiciones de igualdad, se publicó la Directiva 2009/72/UE referida a la implementación de sistemas inteligentes.
En su anexo I, se refiere a las medidas de protección del consumidor: los Estados miembros garantizarán la utilización de sistemas de contador inteligente que contribuirán a la participación activa de los consumidores en el mercado de suministro de electricidad. La aplicación de estos sistemas de medición podrá ser objeto de una evaluación económica de todos los costes y beneficios (CBA) a largo plazo para el mercado y el consumidor particular, o del método de medición inteligente que sea económicamente razonable y rentable y del plazo viable para su distribución. La evaluación se realizará antes del 3 de septiembre de 2012.
En España la evaluación no se realizó, e incluso el sector se adelantó 2 años a la Directiva y la implantación de esos contadores ya es un hecho.
En noviembre de 2016 la Agencia Catalana para la Competencia (ACCO) publicó el informe “La economía de los datos: retos para la competencia”. Entre sus conclusiones, los datos
- Tienen un valor económico creciente (asociado a su mayor capacidad de procesamiento y uso).
- Además de su utilidad para optimizar la gestión, pueden ser indispensables para ofrecer bienes y servicios.
- Se puede excluir a terceros del acceso (pues no son un bien público).
Ahora bien, en los servicios eléctricos las redes de distribución deben flexibilizarse y pasar a ser bidireccionales para poder gestionar la generación distribuida. Ello hacía necesario no sólo el análisis coste beneficio sino la regulación de las condiciones que hubieran hecho posible la participación activa de los consumidores en el mercado de suministro de electricidad.
En 2011 la Comisión Nacional de Energía efectuó el CBA relativo a los contadores digitales de gas. Entre sus funciones se mencionan:
- La lectura remota.
- La comunicación bidireccional.
- Los sistemas de tarificación avanzados.
- La desconexión o conexión remota del suministro.
- La comunicación con otros dispositivos.
- El envío de información de consumo y facturación en tiempo real a una red local.
Esas funciones son sin duda de gran utilidad y mejoran notablemente la eficiencia del servicio. Y a pesar de todo, los resultados de los escenarios contemplados en el informe arrojaban un coste superior al beneficio. Ello sin considerar cuestiones esenciales como la titularidad de los datos y las restricciones al uso de datos de los abonados al servicio.
En ese punto la distribución de agua se parece a la de gas. Se dan analogías, pues son servicios unidireccionales en red que requieren respuesta instantánea a las demandas, para lo cual se requiere el procesamiento de gran cantidad de información. Pero las diferencias son importantes:
- El agua, como el gas, no es bidireccional como la generación distribuida de electricidad.
- El agua es un servicio público y los datos pertenecen a su titular.
La captura de los datos no puede situar esa información en el ámbito de los negocios al margen del consentimiento privado ni del control público.
Las prisas que se dio el sector eléctrico obviaron esas cuestiones, impusieron la financiación del sistema a sus clientes –aunque fuera por vía de alquiler- y determinaron protocolos de transmisión de datos decididos de forma unilateral y que condicionan no sólo el acceso a estos datos sino la posibilidad de competencia real.
En el caso del agua se da la circunstancia de que en muchos servicios públicos gestionados por empresas privadas los contadores se han situado tradicionalmente fuera del perímetro del servicio, como un servicio privado complementario del servicio público. El rastro de esa situación se puede observar en una pequeña complicación del recibo del agua, pues ese servicio aparece gravado con el IVA del 21%, como cualquier servicio de mercado, mientras que el agua se grava con el IVA reducido del 10%.
La implantación de contadores digitales en los servicios urbanos de abastecimiento de agua es hoy, en general, limitada: se reduce a algunos grandes consumidores y algunas zonas urbanas en experimentación. Su extensión generalizada está a la vista y sobre ello habrá que debatir intensamente.
