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El agua, moneda de cambio

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Emasesa
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En el escenario político de las últimas décadas hemos visto con qué frecuencia el agua ha sido moneda de cambio.

Lo ha sido para muchos ayuntamientos que han renunciado al gobierno del servicio público en beneficio de empresas que les aportaban recursos de inversión. Lo ha sido para comunidades autónomas como la catalana que renunciaron a una gestión eficiente, cargaron de deudas al principal operador en alta -la empresa pública ATLL- y la pusieron a los pies de los caballos, lista para su privatización. Y lo está siendo en el momento en que se recupera la gestión pública de ATLL, pues es el precio que paga el gobierno de la Generalitat para mantener su mayoría parlamentaria. Y con ello, el dinero público que acabaremos pagando los catalanes.

En pocos casos se hizo una reflexión conceptual de carácter estratégico relacionada con el agua y los servicios asociados. En pocos casos se pensó si la empresa privada sería más eficiente o aportaría un mejor conocimiento. Más bien, en muchos municipios, se siguió en la tradición decimonónica previa al estatuto municipal que promulgó Calvo Sotelo en 1924.

En diversas ocasiones he insistido en que el problema no es, o al menos no debería ser, la gestión pública o privada. El problema es el gobierno del agua en tanto que servicio público. Y sí, es cierto que en muchos casos ese gobierno ha estado ausente o confiado a los consejos, recomendaciones, derechos o exigencias del propio gestor. También es cierto que aquellos municipios que se han propuesto gobernar el servicio han encontrado dificultades para obtener la información –técnica, económica administrativa- que les permitiera conocer y analizar las distintas alternativas y proyectarlas a futuro de forma independiente. La información es poder y en muchos casos se ha utilizado como una forma de cautividad que ha dificultado la iniciativa municipal hasta convertirla en poco menos que una heroicidad. Las acciones en los despachos en ocasiones han venido acompañadas de intentos de desprestigio de dirigentes municipales, o de costosos pleitos que la mayoría de ayuntamientos no están en condiciones materiales de afrontar.

El sector privado está vendiendo –y defendiendo con abundancia de recursos- conceptos caducos como si fueran el no va más de la modernidad: Laissez faire, laissez passer, ahora con el añadido estético de una regulación aprobada por una administración poco exigente con los detalles y suficientemente distante del ciudadano.

Desde el mismo sector, se apostillan las corrientes que promueven la recuperación del gobierno y la gestión pública del abastecimiento de agua como un caso de “leninismo argentino” promovido por los “podemitas”. ¿Será por eso que la Comunidad de Madrid ha adoptado acuerdos para blindar la gestión púbica del Canal? Por lo visto Pablo Iglesias y su gente tienen más ascendiente sobre el PP y Ciudadanos que el mismísimo Sr. Aznar…

En cada momento histórico la sociedad expresa unas prioridades. En una democracia se expresan, por fortuna, mediante la palabra y el voto. Recuerdo perfectamente en qué condiciones llegaron nuestros pueblos y ciudades a las primeras elecciones democráticas en la primavera de 1979. Poco asfalto, mucho barro, servicio públicos precarios en calles mal iluminadas, barraquismo para los inmigrantes (entonces, españoles que iban del campo a la ciudad en busca de un futuro mejor). No en vano el franquismo impuso silencio mientras florecía la especulación. Los nuevos alcaldes democráticos encontraron muchos más problemas que recursos para resolverlos, y atendieron como pudieron las demandas sociales más perentorias. En palabras de un prestigioso alcalde de aquella hornada, “nuestra principal obligación es que la gente vaya de casa al trabajo y regrese por calles asfaltadas e iluminadas”.

Poca gente discute que eso se logró. Poca gente discute que ese logro estuvo por encima de posiciones ideológicas. Nuestros municipios se equiparon y por eso creo que son, todavía hoy, el principal activo de nuestra democracia.

Pues bien, la crisis de 2008 trajo otras prioridades y desveló, como toda crisis, hasta qué punto se había apoltronado lo que en su día fue un modelo de éxito. Y en nuestro caso se revelaron las lagunas de desgobierno en los servicios de agua y cómo el sector privado las había aprovechado. Y cómo se resiste a situarse en su condición de servidor de un servicio público.

No hay parangón con otros servicios: cuando se acaba una concesión de explotación de semáforos, de jardinería o de cualquier otro servicio público, el contratista entrega la información y las llaves del servicio y, si es el caso, se somete con normalidad a la nueva licitación.

Si hay que acondicionar una calle, se redacta el proyecto, se valora, se somete a información pública y, una vez aprobado, se licita. La adjudicación al mejor postor va acompañada del nombramiento de un director técnico al que el contratista debe rendir cuentas transparentes y que certifica que lo hecho se ajusta a lo proyectado.

Nada de eso sucede en el mundo del abastecimiento: las adjudicaciones se han solido hacer con carácter previo a la definición del modelo de servicio, su reglamento y las necesidades de inversión. Y aquellos municipios que han deseado enmendar esas prácticas solo han encontrado dificultades y resistencias. Entonces vienen las solicitudes de entrevista -más políticas que técnicas pues el político no tiene por qué saber de agua y es más sensible a otros argumentos-, la judicialización de las decisiones, y otros conflictos de los que no merece la pena entrar en detalle.

Parece que el debate es sobre know how y eficiencia, pero la realidad lo desmiente: los ordenadores son un fruto maduro del know how y hasta el momento han estado a nuestro servicio. Pero si sentimos que nos empiezan a dar órdenes es muy probable que los apaguemos [1]. Al fin y al cabo, y aunque la transición es dolorosa, en el agua, como en otros ámbitos, el conocimiento se puede obtener sin perder la capacidad de gobierno.

¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? El juego de los eufemismos es muy general y contamina los debates públicos. He insistido muchas veces en la necesidad de un nuevo marco de relaciones entre el sector y la administración local. Sigo a la espera de una propuesta que puede ser modelo de futuro. De momento, solo silencio, y algún indicio de reorientaciones estratégicas hacia otros países con más expectativas de negocio. La vida sigue.

[1] De la viñeta de El Roto. El País, 11 de enero de 2019.

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