Agua y política (y 2)

La crisis hídrica que vive Cataluña en los últimos años ha evidenciado la necesidad de un giro en las políticas relacionadas con el agua. En los círculos técnicos del Observatorio Intercolegial del Agua (OIA) lo hemos denominado Transición Hídrica.

Con ello se denota la necesidad, no sólo de aportar más agua al sistema, sino, sobre todo, de modificar la relación con ella. En efecto, con independencia de la pluviometría, está claro que el agua está mal repartida en relación con los usos que demanda la sociedad. Lo que ya era cierto en 1935, en tiempos de Muñoz Oms, lo es aún más ahora, pues la población ha crecido sensiblemente, la actividad económica también, y las exigencias ambientales son un nuevo aspecto a considerar.

Las dinámicas socioeconómicas son complejas y los factores que determinan su implantación responden a esa complejidad. Por eso hay agricultura, población residente y turismo donde hay agua y donde no la hay, y la obligación del gobierno es asegurar un equilibrio de disponibilidad a la realidad del país.

La convicción de base es que en Cataluña hay agua para todo y para todos. Y la experiencia nos dice, aquí y en todo el mundo, que las conexiones mejoran la garantía de disponibilidad para todos los usos, no sólo los urbanos, sino los agrarios y los ambientales. Hay ejemplos en positivo, como la alimentación del Baix Llobregat con caudales de agua regenerada, y en negativo, como la resistencia observada en el Ebro a suministrar unas gotas de agua al sediento Priorat.

De ahí la importancia de avanzar en la interconexión de cuencas para garantizar una mejor distribución del agua disponible, sea en la dirección que sea. Por ejemplo, en el Alt Empordà, otra de las comarcas irremediablemente secas hasta el momento, la deseada desaladora de l’Empordà, podría conectar su producción con los usuarios de las cuencas del Muga y del Baix Fluvià dando lugar al tramo norte del corredor catalán del agua propuesto por el OIA, que también se podría reforzar con la aportación de agua regenerada de las estaciones depuradoras de la zona.

Con este último ejemplo introduzco otro de los ítems del Observatorio, la aportación de nuevos recursos de agua, ya sea por regeneración, por desalación, o por recuperación de acuíferos hoy sobreexplotados o contaminados. La aportación de esos recursos no solo depende de la tecnología y la financiación sino, sobre todo, de la disponibilidad de energía asequible, pues esas operaciones requieren aportaciones energéticas significativas, y ese es otro de los retos que debe afrontar la Generalitat: que Cataluña disponga de energía abundante, limpia y barata, procedente del sol y el viento, otro de los capítulos en que vamos con retraso.

Pero en Cataluña, como en toda España, la mayor parte del agua se la lleva el campo. Y aquí coexisten riegos eficientes y ejemplares al lado de sistemas que derrochan el agua con base en una tecnología obsoleta, para la modificación de la cual no se han implantado suficientes estímulos. Sea para producir más, sea para otras transacciones, está fuera de lugar que en un país bien administrado se den situaciones próximas y tan extremas de sobreabundancia y carestía de agua. 

Las recientes noticias sobre la adjudicación de PERTE[2] a algunas de las comunidades de regantes más significativas es un paso adelante en la deseada modernización del sector agrario. No obstante, hay un largo camino a recorrer en la acción coordinada del gobierno entre las consellerías de política territorial -responsable de la política de agua- y la de agricultura para asegurar un uso eficiente del agua en el sector. Esa acción también deberá recuperar vías de diálogo con la Confederación Hidrográfica del Ebro y asegurar que, en ese ámbito, las acciones de las administraciones implicadas se coordinan para alcanzar mejores cotas de eficiencia en el uso agraria del agua. Hay mucho de lo que hablar sobre el triángulo conceptual agua-energía-producción agraria.

Una de las paradojas del mundo del agua es la relación entre el coste de disponibilidad de la misma y su asignación. Dicho de otra manera, cuál es el coste de disponer de agua en las cantidades, calidades y garantía requeridas, y qué parte de ese coste se transmite al usuario. La intensa inversión pública destinada al efecto ya informa, aunque sea de forma cualitativa, de que buena parte del coste no se transmite a los beneficiarios de la inversión. Se entiende con ello que más allá de los beneficiarios directos, se protege un bien superior, que es el interés público, ya sea medido en términos de salud pública, de suficiencia alimentaria o de protección ambiental.

No obstante, faltan datos para medir en esos términos los efectos de esas políticas. Tampoco se ha explorado la posibilidad de otras políticas que impulsen la eficiencia en el uso del agua, o si la asignación de recursos públicos al agua es la más oportuna de entre todas las necesidades de recursos públicos.

Actuamos, intuitivamente, sobre la base de la observación y la corrección de efectos cuando, como ha ocurrido con la sequía, estamos frente a la evidencia de errores o imprevisiones. Con ello significamos que la política de agua no es autónoma, sino que está relacionada con otras políticas: la política territorial, la agrícola, la ambiental y la urbanística. Y también la energética, pues a la ya vieja relación hidroeléctrica se sumó la refrigeración de las centrales térmicas y, recientemente, la expectativa del hidrógeno verde.

Habrá que tomar decisiones rápidas, acelerar algunas de las ya tomadas, pero también estudiar, consultar, negociar, acordar y, finalmente, decidir sobre cuestiones complejas. El govern de Cataluña tiene mucho trabajo por delante.