Redacción iAgua
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La política de concesiones responde a un modelo administrativo del agua que, siendo patrimonio del Estado, pretende regular los derechos de uso para los distintos fines.

Por una parte, esa política pretende que todo uso del agua sea autorizado. Por otra, la administración hidráulica no se responsabiliza de la disponibilidad del recurso, ni en cantidad ni en calidad. Veamos con más detalle.

Hasta 1985 la política de concesiones se limitaba a las aguas superficiales, pues las subterráneas se consideraban propiedad del propietario del predio que las alumbraba. La Ley 29/1985 de aguas reconoció la unidad del ciclo del agua, y todas las aguas - superficiales y subterráneas- pasaron a ser públicas, salvo muy contadas excepciones. No obstante, 35 años más tarde, siguen existiendo innumerables pozos sin registrar ni estar sometidos a concesión administrativa. Los balances hídricos de las cuencas hidrográficas, y en especial las más estresadas por la forma en que son explotadas (o sobreexplotadas), adolecen de esa agua no contabilizada (que, por analogía, podríamos denominar agua B o en negro), pero cuya existencia aflora con cada desastre ambiental, como vemos con frecuencia en los medios de comunicación).

Pero, ¿qué significa disponer de una concesión? Significa tener permiso de la autoridad hidráulica para el uso de una cierta cantidad de agua, de un determinado origen, para un uso concreto, durante un período de tiempo. La Ley de aguas de 1985 estableció un máximo de 75 años. De ahí que haya tantas concesiones que van a acabar en 2060.

Según suelen rezar los documentos concesionales, el concesionario quedara obligado a la instalación, a su costa, de los dispositivos de control o moduladores de caudal de las características que se prescriban por la Administración. Se comprobará especialmente que los volúmenes utilizados por el concesionario no excedan en ningún caso de los que se autorizan.

Hasta 1985 la política de concesiones se limitaba a las aguas superficiales, pues las subterráneas se consideraban propiedad del propietario del predio que las alumbraba

La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante la construcción como en el periodo de explotación del aprovechamiento, quedaran a cargo de la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica, siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen.

No obstante, una concesión no significa tener garantía de disponibilidad del agua. Las cláusulas concesionales suelen especificar que la Administración no responde del caudal que se concede sea cual fuere la causa de su no existencia.

También se suele indicar que la concesión queda sujeta al pago del canon que en cualquier momento pueda establecerse, con motivo de las obras de regulación de la corriente del rio realizadas por el Estado. Ello responde al hecho cierto de que las obras de regulación mejoran la garantía de disponibilidad del recurso. Dado que la mayoría de las concesiones tienen un carácter económico, mejor garantía supone mayor rentabilidad de la disponibilidad de agua.

Esos conceptos tenían plena vigencia en el siglo XIX y principios del XX. No obstante, se han seguido utilizando a pesar del reconocimiento de usos no directamente (o no necesariamente) económicos, como el abastecimiento de poblaciones o, más adelante, la protección de las masas de agua y los ecosistemas vinculados al agua.

Esos usos, que además se consideran prioritarios y limitativos de la disponibilidad de agua en relación a los usos económicos clásicos, no se pueden administrar con las mismas reglas del juego que los demás. No es admisible que un abastecimiento de agua disponga de agua sólo si la hay. En realidad, tampoco lo es para una actividad económica. Las reglas del juego de una sociedad moderna exigen niveles de garantía más allá de los naturales. A eso responden las obras de regulación, la aparición de los nuevos recursos de agua, como la desalación o la regeneración, o el mismo concepto de abastecimiento en alta, que sustituye el viejo concepto de concesión por el más moderno de dotación, en el que la disponibilidad de agua no atiende al punto de captación sino al resultado de una gestión más compleja en la que se asegura una cierta disponibilidad de agua al usuario con independencia de cuál sea su origen.

Sabemos que el agua es escasa, y que lo va a ser más

Sabemos que el agua es escasa, y que lo va a ser más. Los tiempos de las procesiones y las rogativas pidiendo lluvia han pasado, y la administración hidráulica debe modificar los viejos criterios de administración del agua y responsabilizarse de su disponibilidad.

¿Cómo debería reformularse esa política? Algunos de los criterios a considerar son los siguientes:

  1. Los planes hidrológicos deben hacer evaluaciones realistas, actualizadas y proyectadas a futuro sobre el recurso disponible sea cual sea su origen: del ciclo natural del agua o de las nuevas posibilidades disponibles.
  2. La política de concesiones se deba ajustar a la disponibilidad real y razonable del recurso y a las prioridades de uso.
  3. Se debe aumentar la garantía de disponibilidad del recurso mediante las mejores técnicas disponibles. Ningún país serio se escuda en la sequía (la pertinaz sequía, ¿recuerdan los más viejos?) para explicar los fracasos de la política hidráulica).
  4. Deben combatirse los usos clandestinos, fuente de desequilibrio hídrico y de desastres ambientales.
  5. El mayor rigor en la garantía de la concesión deba acompañarse de señales económicas que permitan financiar las actuaciones de garantía y a la vez trasladen el concepto de que el recurso es escaso. Esas señales económicas deberían estar en proporción a la rentabilidad del sector al que se destina el agua. No tienen sentido predicar el ahorro de agua y, a su vez, ofrecerla por debajo del coste de garantía.
  6. A su vez, los puntos de vertido deberían ser objeto de un tratamiento que asegure la internalización de costes de recuperación de la calidad del agua y su disponibilidad para el ciclo general y eventualmente otros usos futuros.

La política de concesiones debe reconsiderar la gestión –autorización, coste y control- de las interfaces de captación y vertido. Buena parte de las disfunciones en la gestión del agua se pueden identificar en los criterios de gestión de esas interfaces: en qué condiciones y con qué garantía se dan las concesiones, con qué exigencia se trata la protección de las captaciones, los retornos al medio y, en definitiva, cuáles son las señales económicas que se transmiten entre el ciclo general y el particular que estimulen el uso eficiente del recurso, para cada ciclo específico de uso.

Si bien el agua urbana es la que está más sometida a esas normas, esas están lejos de su cumplimiento. Y en los demás usos –por cierto mayoritarios- las cosas están peor. En relación al ciclo del agua puede afirmarse que muchos de los déficits de gestión se observan en esas interfaces.

En consecuencia, la regulación del ciclo urbano del agua debe identificar cuáles son los problemas que deben situarse en ellas y cuales son aquellos que pueden resolverse en un marco regulatorio para el agua urbana.

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